El acto criminal perpetrado esta semana en la Ciudad de México, la ejecución de los asesores cercanos a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, no es solo un hecho aislado de violencia, sino un golpe directo al corazón de la gobernabilidad del país. Este suceso, tan inaceptable como cobarde, ha destapado una realidad que, aunque conocida, ha sido negada durante décadas por las instituciones: el crimen organizado no solo está presente en la capital, sino que exhibe un poderío que desafía abiertamente al Estado mexicano. Lo que ocurrió no es un simple delito; es un misil que amenaza con desestabilizar el sistema de flotación de la gobernabilidad, no solo en la CDMX, sino en todo México.
Este ataque, por su brutalidad y descaro, pone en jaque a las instituciones de seguridad y justicia. La sociedad espera, con justa razón, una respuesta inmediata e implacable. No basta con discursos o promesas; se necesitan acciones contundentes que demuestren que el Estado no está de rodillas ante los criminales. La ausencia de una reacción efectiva no solo debilitaría aún más la confianza en las autoridades, sino que podría sentar un precedente peligroso: el nacimiento de una nueva moda criminal. El impacto mediático de este acto es innegable, y si no se actúa con firmeza, otros grupos delictivos podrían sentirse envalentonados para replicar esta violencia en otras regiones del país, extendiendo el caos y el miedo.
El timing de este ataque no parece casual. Llega en un momento en que las acciones institucionales contra el crimen organizado han intensificado su presión. Esto sugiere que el acto podría interpretarse como una venganza, una respuesta directa a los esfuerzos del gobierno por desmantelar estas redes. Sin embargo, lejos de intimidar, este desafío debería ser el catalizador para redoblar los esfuerzos en la lucha contra el crimen. México no puede permitirse retroceder.
El eco de este suceso resuena más allá de los ámbitos de seguridad y justicia. En áreas del gobierno no relacionadas directamente con estos temas, se ha desatado una psicosis que amenaza con paralizar la toma de decisiones. El miedo se infiltra en la burocracia, en los ciudadanos y en las instituciones, debilitando la cohesión social que tanto necesitamos para enfrentar esta crisis. Nadie, absolutamente nadie, está exento de esta realidad de violencia que, lamentablemente, no hemos logrado comprender ni mucho menos frenar.
La situación evoca recuerdos inquietantes de la Colombia de los años 80 y 90, cuando el narcotráfico desafió al Estado con una violencia descarnada que parecía imparable. México no es Colombia, pero las similitudes son alarmantes: un crimen organizado que actúa con impunidad, una sociedad atemorizada y unas instituciones que luchan por mantenerse a flote. Este paralelismo no debe ser ignorado; es una advertencia de lo que podría venir si no se actúa con decisión.
El camino hacia adelante exige una respuesta integral. No solo se trata de capturar a los responsables inmediatos, sino de desmantelar las estructuras que permiten que estos grupos operen con tal descaro. La sociedad, por su parte, debe exigir rendición de cuentas y respaldar las acciones institucionales, pero también reflexionar sobre su rol en la construcción de un país donde la violencia no sea la norma. Este acto criminal es un recordatorio brutal de que la lucha contra el crimen organizado no es solo tarea del gobierno, sino un desafío colectivo que nos define como nación.
En este momento crítico, México, su gobierno federal y estatal, debe decidir si se doblega ante el miedo o se levanta con determinación. La historia nos observa, y el futuro depende de nuestra capacidad para responder con valentía y unidad. No hay espacio para la indiferencia; el tiempo de actuar es ahora.