La semana pasada venció el plazo que el presidente de Estados Unidos se había impuesto para lograr acuerdos comerciales con toda economía con la que tuviera un déficit comercial. Poco se logró en términos de acuerdos, pero las amenazas subieron de tono.
Si algo define a la economía estadounidense es el tamaño de su consumo que rebasa sin comparaciones a sus más cercanos competidores. Para satisfacer la enorme demanda de bienes y servicios, Estados Unidos tiene que recurrir a la producción de otros países, ya sea por bienes que ese país no produzca o simplemente para aprovechar ventajas de otras economías pudiendo enfocar su fuerza productiva en otras actividades. Es normal, o por lo menos esperable, que una economía así tenga un déficit comercial.
Si bien hay muchos factores que definen el comercio entre países, el nivel de ingreso y el tipo de cambio real son quizás los principales. En la medida en la que un país tiene un ingreso mayor, consumirá más, incluyendo bienes importados, como sucede con Estados Unidos.
Sin embargo, el presidente de Estados Unidos —desde su primer mandato— entiende el déficit comercial como algo intrínsicamente malo y el superávit como una meta a alcanzar. Independiente de lo acertado del punto de vista del presidente sobre la balanza comercial, es un error pensar que a través de los aranceles se resolverán problemas estructurales o de política internacional.
Las cartas enviadas a diferentes países revelan lo poco que logró negociar en los 90 días transcurridos a partir del 2 de abril y muestran también el uso diverso que se pretende hacer del impuesto. A Brasil le impone un arancel de 50% por el trato que se le ha dado al expresidente Bolsonaro. A Rusia la amenaza con un gravamen de 100% si no termina el conflicto con Ucrania en un plazo de 50 días.
A México, el mayor socio comercial de Estados Unidos, lo amenaza con un arancel de 30% general —adicional a los aranceles sectoriales— porque considera que no se ha hecho lo suficiente para impedir el tráfico de fentanilo. Aunque sigue siendo una amenaza, no hay claridad si el arancel aplicaría para toda importación proveniente de México o únicamente para aquellas que no se amparen a lo establecido en el TMEC. De ser este el caso, vale la pena recordar que el arancel aplicable hoy es 25%. El arancel promedio que se paga por bienes producido en México aumentaría, de cerca de 12% a alrededor de 13.5%.
Las disrupciones no son menores. Los anuncios, aunque por ahora solo sean amenazas, generan incertidumbre en las cadenas de valor. Empresas que operan en múltiples países ya enfrentan costos más altos, planeaciones inciertas y posibles desvíos de inversión. Se ha minado la confianza en la estabilidad de la relación comercial más relevante para ambos países.
El uso del comercio como instrumento de presión política erosiona los mecanismos multilaterales que tanto costó construir. Las amenazas, además, son poco efectivas cuando son constantes y cambiantes. La sobredosis de advertencias, sin resultados concretos ni direcciones claras, termina por restarles fuerza. En el mejor de los casos, confunden. En el peor, dañan.
Los acuerdos comerciales toman tiempo, requieren visión de largo plazo, y deben estar sustentados en una lógica económica, no en impulsos unilaterales. Por ahora, lo que hay no son acuerdos, sino amenazas. En esa incertidumbre, todos pierden.
@ValeriaMoy
