Recuerdo haber leído, hace ya muchos años, un artículo que planteaba que la corrupción —sobre todo la que se originaba a partir de los trámites burocráticos— corregía fallas de mercado que la propia burocracia introducía. Las prácticas ilegales funcionan como un aceite en la maquinaria de la tramitología. Los resultados, sin embargo, no son los deseables en una sociedad porque la asignación de recursos será ineficiente y el resultado siempre será subóptimo. Pensar en las distorsiones que pueden ocasionar los trámites o cualquier política pública mal diseñada permitiría calibrar de mejor manera las decisiones en el manejo de lo público.
Las elecciones del pasado domingo me recordaron aquel artículo no por las distorsiones que generará el nuevo sistema, sino por los mercados alternativos que surgirán. Cada juicio tiene un valor. No me refiero a la cifra monetaria de las disputas. No será solo el pago adeudado a una de las partes o el monto que el Estado decida que se le debe. El valor de las disputas incluirá el acceso a los juzgadores, las relaciones, los acuerdos debajo del agua, los juegos políticos y variables que aún no alcanzamos a dimensionar. Los mercados estarán listos para capturar cada oportunidad de monetizar ese valor.
Si las instituciones no son capaces de responder con eficacia, eficiencia y legalidad, los mecanismos alternativos aparecen pronto. No somos ajenos a ellos. Cuando el espacio —una calle, una banqueta, un parque— no se respeta en su carácter público aparecen agentes deseosos de capturar sus beneficios. Basta darse una vuelta por Paseo de la Reforma, la Alameda o el Centro Histórico para atestiguarlo. De manera simultánea, aparece siempre otro agente que monetizará el beneficio.
Ante la ausencia del Estado, surgen mecanismos alternativos. Esos mecanismos funcionan como un mercado en su definición más elemental. En ellos la regla no es la legalidad, sino la sobrevivencia. Son mercados donde las señales de precios, incentivos y riesgos están completamente distorsionadas.
México es, desde la aprobación misma de la reforma judicial, un país más riesgoso. Para que una empresa —pequeña o grande, nacional o extranjera— decida empezar o ampliar operaciones aquí deberá considerar estos nuevos mercados. ¿Qué tendrá que hacer esa empresa si no se respetan los contratos? ¿Se podrá entablar alguna disputa frente a la autoridad con probabilidad de que ésta sea evaluada por sus méritos y con apego a derecho? Las áreas de “relaciones con gobierno” de las empresas acaban de volverse más importantes que nunca. Ahora todo tendrá que cabildearse y negociarse con los impartidores de justicia. Los nuevos mercados están gestándose en este momento.
Los mercados alternativos eventualmente se consolidan. Se convierten en opciones viables, en respuestas “prácticas” que las personas utilizan porque no tienen otra opción. Lo que debería ser la excepción se vuelve la norma. Y una vez que eso ocurre, revertir el daño es mucho más difícil. Se necesita capacidad estatal y sobre todo un rediseño institucional.
Para algunas empresas México continuará siendo altamente rentable, ese paraíso de oportunidades, pero otras simplemente tendrán que salir porque su retorno no será suficiente para cubrir los costos. El paso se dio en septiembre de 2024. La estocada llegó el domingo. Sin embargo, la gradualidad de sus efectos nos ha impedido dimensionar correctamente el costo. El tiempo se encargará de recordárnoslo.
Valeria Moy
@ValeriaMoy
