Hoy está de moda hablar del litigio estratégico, pero este se puede convertir en un nudo de hilos que lejos de ser una contienda, se convierte en una red de complicidades.
No es nuevo que Google ha utilizado diversos vehículos como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), para buscar resoluciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre leyes o reglamentos, que de alguna manera minimizan el poderío del gigante tecnológico.
En efecto, la intervención de las ONG: Artículo 19, Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital (AMCID), Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Asociación Latinoaméricana de Internet e Internet Society, terminó manchada por las aportaciones económicas de Google, disfrazadas como donativos. Ejemplos de esta intervención la podemos citar en el amparo de Google número 8/2023, y el de la ONG, Artículo 19 expediente 556/2022.
Es muy importante que la opinión pública conozca el entretejido que hay en el emblemático motor de búsqueda, y más en el contexto de una reforma al Poder Judicial de la Federación que aún genera comentarios.
Se ha dado a conocer un dato sumamente interesante. Me refiero a la confesión de la abogada Luisa Conesa Labastida que hace unos días divulgó en un comunicado: "Nos honra formar parte del equipo legal que asesora a Google en un litigio de alto impacto para la libertad de expresión en México y América Latina" (caso Richter vs Google). La primera observación que debe hacerse es que dicha jurista no está autorizada expresamente en las actuaciones del expediente; dato curioso, ¿por qué no aparece?, ¿para mover los hilos fuera de los ojos de las partes?
Si googleamos a la mencionada abogada, se muestra con un sólido historial, pues desde el propio buscador de su cliente Google, se aprecia: "cuenta con más de 15 años de experiencia en el litigio constitucional y administrativo. En el ámbito judicial laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, participó en la Comisión Investigadora de Violaciones a Derechos Humanos en el caso de la Guardería ABC, Sonora, México, así mismo trabajó en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación..."
"Se ha destacado por patrocinar algunos de los asuntos más relevantes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como son: la acción de inconstitucionalidad de la ley de remuneraciones, los litigios de interconexión, la "Tarifa 0", la declaratoria de inconstitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las regulaciones que restringen el uso de plataformas tecnológicas en servicio de transporte", por nombrar algunos.
Ahora bien, en la entrevista que concedió a la revista Abogacía de octubre de 2022, Luisa Conesa Labastida expone que trabajó en la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz y, no sólo eso, sino que cuando el exministro era Jefe del Departamento de la Carrera de Licenciatura en Derecho del ITAM, era su asistente.
Empezó a trabajar como oficial en la Corte en el 2004. Además, su director de tesis fue el citado José Ramón Cossío Díaz, con el título "Acerca de la Motivación Legislativa”, cuyo examen fue el 8 de marzo del 2007.
También el buscador “Google” nos arroja que Cossío Díaz fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2003 a noviembre del 2018.
En ese lapso, el caso Richter vs Google no fue desconocido para el hoy Ministro en retiro, ya que, en sesión del 19 de abril del 2017, en la que se resolvió la facultad de atracción número 663/2016 del amparo en revisión 311/2016, votó a favor de la atracción de dicho asunto, que versaba sobre si los tribunales mexicanos podían conocer de una demanda en contra de una empresa extranjera.
Se pone interesante su trayectoria, ya que en el caso de la Guardería ABC (2009), donde murieron 49 niños y 106 resultaron heridos, votó en contra de declarar como responsables de violación a los derechos humanos, al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Resalta que Luisa Conesa y José Ramón Cossío estuvieron vinculados en este penoso caso, participando directamente, según información disponible en web de su propio cliente: “Google”.
Sobre este controvertido caso en Hermosillo, Sonora, la abogada fue incorporada como Técnico Investigador Especial en apoyo a la Comisión Investigadora, y se le cubrió un sueldo mensual bruto de $118,626.57 pesos, según el acuerdo del 8 de octubre del 2009 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del vínculo entre ambos destacan varios datos, uno de ellos que tanto Cossío como Conesa elaboraron el estudio preliminar del libro “El aborto: Guerra de absolutos”, de Laurence H. Tribe, del Fondo de Cultura Económica en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en el 2013.
Podríamos seguir escribiendo varias columnas, pero además hay que recapitular que Google al ser una emisora de la Bolsa de Valores de Nueva York tiene ciertos ordenamientos que vigilan su actuar en el extranjero, como sería nuestro país. Por ello, los hilos del gigante tecnológico cada vez se hacen más endebles a punto de romperse, por tanta conspiración.
Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro “Libertad de expresión Demanda Algoritmo Justicia Dignidad Humana. Para el caso RICHTER GOOGLE”