Analizar lo que ocurre en Venezuela exige algo más que indignación automática: requiere memoria histórica. No para defender lo indefendible, sino para entender que, cuando el imperialismo entra en escena, la justicia social rara vez es el objetivo.
Cuando se acepta que una nación puede ser invadida bajo el argumento de castigar a un régimen, el principio de soberanía de un país se viola y se fractura. Lo acontecido en Venezuela revive una secuencia conocida en Latinoamérica: crisis interna, condena moral internacional y la irrupción de una potencia que se presenta como árbitro del destino ajeno.
Resulta comprensible que una parte importante del pueblo venezolano exprese alivio y esperanza ante la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro llegase a su fin. Nadie puede negar la naturaleza autoritaria del gobierno, la represión sistemática, la persecución política, la miseria social y los crímenes cometidos desde el poder. La exigencia de justicia frente a años de abusos no solo es legítima, sino profundamente humana; sin embargo, la historia obliga a mirar más allá de la emoción inmediata.
Estados Unidos jamás ha actuado en América Latina movido por la justicia social ni por la defensa sincera de los derechos humanos. Lo ocurrido en Guatemala en 1954, en Chile en 1973, en Panamá en 1989, en Afganistán 2001 y Afganistán 2003, fuera del continente, demuestra que las intervenciones se han sostenido sobre intereses económicos y estratégicos, no sobre principios éticos. Venezuela, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo y con recursos estratégicos como el litio, representa un botín demasiado atractivo para ignorarlo.
A través del discurso del narcoterrorismo, se simplifica una realidad compleja y se presenta la invasión como una acción necesaria, casi humanitaria. En realidad, ese lenguaje encubre una lógica de dominación que busca imponer gobiernos funcionales a intereses externos, controlar mercados y asegurar recursos naturales.
La caída de un régimen autoritario no puede celebrarse cuando el método elegido implica la violación de la soberanía de un país. El precedente resulta alarmante para el derecho internacional. Si una potencia mundial externa, decide quién gobierna, bajo qué argumento y mediante qué fuerza, entonces ningún país de Latinoamérica se encuentra a salvo. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier otro país que estorbe a la agenda geopolítica de Washington.
La desestabilización de América Latina ha sido una constante cuando el imperialismo interviene; pensar que esta vez el resultado será distinto equivale a ignorar décadas de evidencia histórica.
Reconocer los crímenes de Maduro no implica conceder legitimidad a una invasión extranjera. La verdadera justicia para Venezuela solo puede surgir desde su propio pueblo, con acompañamiento internacional respetuoso y sin imposiciones armadas. Lo contrario no es liberación: es colonialismo renovado. Y sus consecuencias, como tantas veces antes, las pagará toda América Latina.
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