Cada vez que México organiza o recibe un gran acontecimiento deportivo surge la misma discusión: ¿es momento para protestar o para celebrar? Desde hace más de un siglo, las grandes fiestas nacionales han convivido con demandas sociales, conflictos políticos y reclamos de justicia. Sin embargo, no se trata de fenómenos opuestos, forman parte de una misma realidad.
El Mundial de Futbol de 2026 ha colocado nuevamente a México bajo la mirada internacional. Estadios llenos, ceremonias, turismo, inversión y una narrativa que busca mostrar al país como un espacio moderno y capaz de organizar eventos de escala global. Sin embargo, mientras las cámaras enfocan la cancha, otros sectores aprovechan esa misma visibilidad para recordar problemas que permanecen sin solución: maestros que exigen mejores condiciones laborales y pensiones dignas, trabajadores de la salud que denuncian carencias estructurales, campesinos que reclaman apoyos para el campo, estudiantes que demandan mejoras, madres buscadoras que recorren el país en busca de sus seres queridos y comunidades que denuncian atención a necesidades históricas.
Para algunos, estas manifestaciones representan una amenaza para la imagen del país, sin embargo, las protestas sociales no nacen para dañar la reputación de una nación, tampoco surgen por casualidad. Generalmente aparecen cuando amplios sectores de la población perciben indiferencia institucional, incumplimiento de compromisos, falta de respuesta a demandas legítimas o condiciones de desigualdad que permanecen sin solución. En este sentido, la protesta constituye una forma de participación ciudadana que busca exigir justicia y llamar la atención sobre problemáticas que no han recibido la atención necesaria por parte de las autoridades. La visibilidad internacional simplemente amplifica una voz que ya existía, pero no ha sido escuchada.
Durante el siglo XX en México, las celebraciones patrióticas, los proyectos de modernización y los grandes eventos públicos coexistieron con profundas tensiones sociales. Quizá el caso más conocido sea 1968. Mientras el gobierno preparaba los Juegos Olímpicos con el objetivo de presentar una imagen de estabilidad y progreso, un amplio movimiento estudiantil cuestionaba la falta de libertades democráticas. La tragedia de Tlatelolco mostró que el deseo de proyectar prestigio internacional no elimina los conflictos internos ni las demandas de la sociedad. Tres años después, en 1971, otra movilización estudiantil terminó con una violenta represión durante la marcha del Corpus Christi. Aquellos acontecimientos forman parte de la memoria colectiva porque evidencian una realidad fundamental: el desarrollo de un país no puede medirse únicamente por la magnitud de sus eventos internacionales, sino también por su capacidad para escuchar y atender a sus ciudadanos.
El problema nunca ha sido el deporte, la dificultad aparece cuando se plantea una falsa disyuntiva: apoyar al futbol o respaldar las demandas sociales. Ambas realidades pueden coexistir. Un aficionado puede celebrar una victoria de la selección de su preferencia y, al mismo tiempo, comprender las preocupaciones de quien se manifiesta. La empatía no exige elegir un solo bando.
“El desarrollo de un país no puede medirse únicamente por la magnitud de sus eventos internacionales, sino también por su capacidad para escuchar y atender a sus ciudadanos”.
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