La salida de Israel Vallarta, después de 20 años en prisión, debió ser un punto de inflexión para el país. Pero no lo fue. El actual fiscal Alejandro Gertz Manero declaró: “El hecho de que Vallarta haya salido libre no significa que no haya víctimas”, una frase que sembró dudas sobre su inocencia y desvió la atención de lo verdaderamente importante: la inocencia en prisión como una deuda pendiente del Estado mexicano. Porque lo urgente no es discutir si Vallarta regresa o no a la cárcel, sino preguntarnos cuántas personas inocentes siguen tras las rejas, invisibles, víctimas de un sistema que fabrica culpables.
El caso de Dulce Belem Sánchez Castañeda es uno de los ejemplos más brutales. Expolicía federal, fue detenida embarazada de gemelas. La forma en la que fue arrestada exhibe la crueldad de un Estado que se ensaña: la sometieron con golpes, insultos, violencia sexual y tortura psicológica. Durante horas, su cuerpo fue convertido en campo de tormento: la golpearon hasta dejarla sangrando, la asfixiaron, la amenazaron con matarla y con desaparecer a su familia. No solo la querían doblegar, la querían destruir. Y lo lograron: cuando salió de ese infierno, ya no llevaba a sus hijas en el vientre. Perdió a las gemelas a causa de las torturas. Sus cuerpos nunca aparecieron.
Esa violencia no fue un exceso aislado. Fue un método. Está documentada en el Protocolo de Estambul, avalando que Dulce fue víctima de tortura física y psicológica. No buscaban verdad ni justicia: buscaban fabricar una culpable. La arrancaron de su maternidad y de su dignidad como mujer, para después usar esa “confesión” obtenida bajo tormento como prueba de cargo en su contra.
Y, aun así, la semana pasada, la Sexta Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México ratificó su condena de 69 años y 4 meses. Los magistrados Marta Patricia Tarinda Azuara, Flor de María Paz Muñozcano y R. Alejandro Sentíes Carriles ignoraron el protocolo, ignoraron las pruebas de inocencia y prefirieron sostener la mentira.
El cuestionamiento es inevitable: ¿cómo podemos hablar de justicia en un país donde la tortura se valida como herramienta legítima y donde inocentes son condenados mientras los verdaderos responsables permanecen libres? La violación al debido proceso no es un tecnicismo; es un crimen contra la justicia misma.
Preservar la cadena de custodia y respetar los procesos legales es la única forma de garantizar que quien esté tras las rejas sea realmente culpable. De lo contrario, cada inocente encarcelado es prueba viva de la podredumbre del sistema.
Desde Penitencia, lo repetimos: Dulce es inocente y debe ser liberada ya. Su caso no es excepción, es la regla de un sistema que fabrica culpables. Mientras esto siga ocurriendo, la justicia en México seguirá siendo una herida abierta.
Presidente de Reinserta. @saskianino
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