Esta semana, en el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, necesitamos hablar con claridad sobre lo que realmente significa la criminalización del aborto en México: mujeres en la cárcel, niñas obligadas a parir, vidas destruidas por una maternidad impuesta.
Daniela, Fernanda, Juana, Mariana. No son nombres inventados: son mujeres reales que están o han estado en prisión, acusadas de homicidio cuando en realidad sufrieron abortos espontáneos. Esta es la brutalidad del sistema: convierte una emergencia obstétrica en un delito, transforma a una mujer que necesita atención médica en una criminal. El machismo estructural encuentra aquí su expresión más violenta: criminalizar el cuerpo de las mujeres, incluso cuando el aborto es involuntario.
Y la persecución no distingue: tanto los abortos espontáneos como los voluntarios se criminalizan en este país. Fiscales y jueces modifican el delito, lo convierten en homicidio calificado, y con eso vuelven prácticamente indefendibles a estas mujeres en el proceso jurídico. La cárcel se convierte en el castigo por ejercer autonomía sobre el propio cuerpo, o simplemente por la mala suerte biológica de perder un embarazo.
Ahora hablemos de la hipocresía más atroz: vivimos en un país donde datos de Women Deliver y otras organizaciones revelan que niñas de 9, 10, 12 años están pariendo bebés de hombres de 40, 60, 90 años. Niñas que son madres porque fueron violadas, porque la violencia sexual es endémica y normalizada. Según cifras oficiales, en México se estima que ocurren 33 abortos inducidos por cada 1,000 mujeres de 15 a 44 años, y el 54% de los embarazos no planeados termina en aborto inducido, muchas veces en condiciones de riesgo extremo.
Entonces la pregunta es simple y devastadora: ¿dónde está toda esa energía "provida" cuando hablamos de estas niñas? ¿Dónde están quienes defienden los "embriones no deseados" cuando se trata de proteger a las infancias que ya están aquí, vivas, siendo violadas y forzadas a maternar? La maternidad debe ser deseada o no debe ser. No es un eslogan: es una verdad fundamental de salud pública y derechos humanos. Obligar a una mujer o niña a gestar y parir contra su voluntad no solo viola su dignidad, tiene consecuencias sociales devastadoras que este país se niega a mirar de frente.
¿Dónde están hoy todos esos niños que nacieron producto de violaciones? ¿Quién se está haciendo cargo de las vidas que nacen de mujeres que no pudieron, no quisieron, no debieron ser madres? ¿Dónde está el Estado que las obligó a parir pero las abandonó después? Las mismas personas que fuerzan maternidades son las que desaparecen cuando esas infancias necesitan educación, salud, protección, futuro.
Esto no es un debate "provida versus proelección". Es un debate sobre quién tiene poder sobre el cuerpo de las mujeres, y sobre la hipocresía de un sistema que criminaliza la interrupción de embriones pero normaliza la violación de niñas. El panorama legal sigue siendo brutal: aunque 24 estados han despenalizado el aborto o permiten la interrupción legal en plazos definidos, 8 estados mantienen el aborto como delito bajo prácticamente todas las circunstancias: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. Aguascalientes lo despenalizó con restricciones tan severas que es prácticamente inaccesible.
Esto significa que tu derecho a decidir depende del lugar donde naciste. Significa que mujeres con recursos viajan y abortan con seguridad, mientras las más pobres, las más jóvenes, las indígenas, las que viven en zonas marginadas, arriesgan la vida o terminan en la cárcel.
Alma, sobreviviente de violencia sexual, lo dice con claridad: "Tenía 19 años cuando me enteré de que estaba embarazada tras ser abusada. Vivía donde el aborto es delito. No podía pagar un viaje ni un servicio privado. Terminé en un lugar clandestino, con miedo de morir y más miedo aún de ir a la cárcel. No fue una decisión fácil, pero era mía. Y aun así, me sentí tratada como criminal. Nunca debió ser así”. La criminalización no impide los abortos: solo los empuja a la clandestinidad, a prácticas inseguras, a la muerte. Y además castiga, encarcela, estigmatiza.
La despenalización no es una concesión: es justicia, es salud, es vida. Es garantizar que ninguna mujer sea encarcelada por decidir sobre su cuerpo. Es asegurar que quienes aborten lo hagan con seguridad, acompañamiento médico, dignidad. Es reconocer que el derecho al aborto es un derecho humano fundamental.
Este día no es simbólico: es un grito de urgencia. Urge que todos los estados eliminen la criminalización de sus códigos penales. Urge que haya servicios médicos accesibles, personal capacitado, protocolos claros. Urge que termine la objeción de conciencia abusiva que deja a las mujeres sin atención. Urge que ninguna mujer vuelva a ser perseguida, juzgada, encarcelada por abortar.
Y urge que dejemos de llamar "protección de la vida" a lo que en realidad es violencia: obligar a niñas y mujeres a parir contra su voluntad, destruir sus proyectos de vida, condenarlas a la pobreza, al abandono, al trauma.
No hay nada más doloroso que ver a niñas obligadas a maternar, y después criminalizadas si intentan decidir. Mientras haya una sola mujer con miedo de ser encarcelada por abortar, mientras haya una sola niña forzada a parir, la justicia no existe en este país.
La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito no puede dar pasos atrás. No lo permitiremos.
Presidenta de Reinserta. @saskianino
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