En lo que ha sido una historia de pactos, rompimientos y de votos legislativos a cambio de desistimientos y cierres de expedientes judiciales, parece que la 4T ha decidido reactivar la cacería política y judicial en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, actual senador de la República y dirigente nacional del PRI.

Con la presentación de una nueva solicitud de “desafuero” para el legislador priista por parte de la Fiscalía de Campeche, en la que le pide a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados iniciarle un juicio de procedencia para que pueda ser procesado penalmente por delitos de corrupción presuntamente cometidos cuando fue gobernador de Campeche, queda claro que los acuerdos y entendimientos que alguna vez tuvo Alito Moreno con el gobierno de López Obrador, hoy no serán continuados en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum.

Ayer mismo, con una velocidad inusual para este tipo de casos, el diputado Hugo Erick Flores, presidente de la Sección Instructora, citó a los integrantes de esa comisión legislativa para que este viernes al mediodía comiencen el análisis de la solicitud de desafuero e inicien la deliberación para determinar si hay o no materia para iniciarle un juicio de procedencia al senador priista, con base en las acusaciones y el expediente judicial que presenta la Fiscalía campechana, que le imputa a Moreno Cárdenas delitos por un presunto desvío de 83 millones de pesos de recursos públicos cuando gobernó ese estado, entre 2015 y 2019.

Es decir que parece haber “línea” para que se procese rápidamente el posible desafuero de Alito, lo que significa que a la gobernadora Layda Sansores, que ha sido desde hace varios años la promotora de las investigaciones contra el dirigente priista, estaría recibiendo nuevamente el apoyo de las cúpulas de la 4T para proceder contra su antecesor, al que viene acusando desde hace varios años pero cuyas denuncias y expedientes han sido frenados en otras ocasiones, coincidiendo en muchos casos con votos de las bancadas priistas a favor de iniciativas o reformas del expresidente López Obrador.

Porque esa ha sido la historia de la relación entre Alito Moreno y la 4T. En 2019, apenas unos meses después de creada, la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, encabezada por la fiscal Luz María Mijangos, investigó el patrimonio de Moreno Cárdenas, ante las acusaciones que ya le formulaba la Fiscalía de Campeche, y concluyó el “no ejercicio de la acción penal” porque después de cotejar sus declaraciones patrimoniales y sus ingresos en el periodo en que fue gobernador, con información del SAT y de la UIF, la fiscal Mijangos estableció que “no había disparidad” entre sus ingresos y sus adquisiciones. “El imputado ha justificado el incremento de su patrimonio acorde a las percepciones legales que ha declarado en sus declaraciones patrimoniales y fiscales”, concluyó la investigación de la Fiscalía Anticorrupción federal.

Pero sin importar el fallo federal, en Campeche, Layda y su fiscal Renato Sales no cejaron en sus investigaciones y denuncias en contra del dirigente nacional del PRI. Para julio de 2022 la gobernadora campechana hizo públicos varios audios telefónicos con conversaciones de Moreno que lo dejaban muy mal parado por su lenguaje y su forma de operar en temas como los medios de comunicación y en su operación política. Encolerizado, el líder priista respondió a los audios con una amenaza de bloquear las reformas electorales propuestas por el entonces presidente López Obrador y votar en contra de la militarización total de la Guardia Nacional.

Unos meses después, mientras se discutía en el Congreso la reforma eléctrica de López Obrador, Alejandro Moreno anunció que el PRI “revisaría la propuesta del presidente”, con lo que se encendieron los focos rojos en el bloque opositor legislativo y se empezó a hablar de un pacto entre el líder priista y el gobierno de Morena. Luego estalló otro escándalo de audios, en donde Alito acusó a Adán Augusto López, ya secretario de Gobernación, de haberlo mandado a amenazar a través de su compadre el senador del PVEM, Manuel Velasco, al que exhibió en una conversación privada. Mientras tanto Layda soltaba más audios del dirigente tricolor y AMLO negaba persecución política contra el presidente priista.

Pero unos meses más tarde, en septiembre de 2022, justo durante el cuarto informe de Gobierno de López Obrador, un abrazo entre Alejandro Moreno y Adán Augusto López, en el que se dijeron algo en secreto, desató las especulaciones sobre un nuevo pacto entre Morena y el PRI. Y unos días después, ese pacto se confirmó: la diputada priista, Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa para que la Guardia Nacional saliera de la esfera civil y quedara ya asignada de plano a la Secretaría de la Defensa, algo que el gobierno no había podido lograr hasta entonces. Meses después, en una visita al Senado, el propio Adán Augusto confirmó que sí hubo pacto y que Alito le ofreció en aquel diálogo al oído que ellos presentarían la iniciativa porque querían un nuevo “diálogo” y acercamiento con el gobierno.

A partir de ahí comenzó una historia en la que el PRI votaba a veces a favor de las reformas de la 4T y a veces en contra; Alito coqueteaba con reformas de AMLO y luego negociaba sus asuntos legales, pero sí no le cumplían luego votaba en contra y cuando sí le cerraban expedientes o le paraban las investigaciones y filtraciones de Layda Sansores, entonces sí votaba a favor de las reformas obradoristas.

Así se mantuvo seis años la relación de pactos y rompimientos entre Alito Moreno y la 4T. Pero a juzgar por la nueva solicitud de desafuero y la rapidez con la que la están procesando, eso cambió con la presidenta Sheinbaum. Ayer el propio dirigente del PRI acusó recibo del reinicio de las hostilidades judiciales en su contra, al anunciar en conferencia de prensa que presentó denuncias penales contra Andy López Beltrán, contra Adán Augusto López, Layda Sansores, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Rubén Rocha y varios más gobernadores y dirigentes de Morena a los que acusa de vínculos con el narcotráfico, además de que, como senador también firmó con su bancada una petición expresa de renuncia de Adán Augusto por su relación con el líder de la Barredora en Tabasco.

Veremos cómo acaba este nuevo escarceo entre Moreno Cárdenas y la 4T y si esta vez vuelve a haber pactos o acuerdos en secreto o si, definitivamente, las cosas cambiaron para el dirigente nacional del PRI y esta vez sí procederán en su contra. Por lo pronto, en Palacio Nacional comentan que Alito Moreno se convirtió en uno de los políticos que le está dando información y está colaborando con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a quien ha visitado en Washington. ¿Será ese el motivo por el que se reactivó la cacería en su contra?

NOTAS INDISCRETAS…

Hoy es el día clave para saber si México logrará una reducción de los aranceles del 30% que propuso el presidente Donald Trump para entrar en vigor el 1 de agosto. Hasta ahora los mensajes, tanto de la presidenta Sheinbaum como del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es que no hay que alarmarse, que se está dialogando y que esperan alcanzar acuerdos con el gabinete de Trump para disminuir el monto de los aranceles que se le impondrán a México. “Don't panic”, dijo ayer Ebrard, que lleva ya casi dos semanas apostado en Washington tratando de convencer a los funcionarios estadounidenses de que México no merece un trato tan duro por ser “el principal socio importador a los Estados Unidos”. La mayoría de los analistas pronostican que México logrará un arancel de entre 10 y 15%, similar al que se le otorgó a la Unión Europea y a Japón, a partir del hecho de que imponerle más de esa cifra arancelaria, sería prácticamente dinamitar el TMEC aún antes de que los tres países socios se sienten a negociarlo a finales de este año. Veremos pues qué tanto funciona la estrategia de “cabeza fría” de la Presidenta y de “sangre fría” de Ebrard y si al final, como el gran emperador en que hoy se ha convertido para todo el mundo, el señor Trump se apiada de México y le reconoce, aunque sea un poco, los esfuerzos que se han hecho para sellarle la frontera común, donde los cruces migratorios han llegado a sus niveles más bajos en los últimos 60 años y los decomisos de fentanilo que, de asegurar que esa droga no existía en México el sexenio pasado, ahora sí se han incrementado…Se baten los dados. Capicúa de jueves. Se repite el tiro.

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