La declaración que emitió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que declara al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, como el “líder del Cártel de los Soles” e incrementa la recompensa que ofrecen, ahora por 50 millones de dólares, para quien colabore o dé informes que lleven a la captura del actual gobernante venezolano, es el aviso de lo que podría venir para otros presidentes o expresidentes de países latinoamericanos.

Porque al ponerle precio a la cabeza de Maduro, por el que ahora ofrecen una recompensa incluso mayor que en la que su momento prometía Estados Unidos por el terrorista y líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, se está abriendo el camino para que, en cualquier momento, alguna de las agencias estadunidenses o el mismo Ejército coordine un operativo en el que podrían buscar detener al presidente venezolano, ahora señalado por cargos de narcotráfico y terrorismo, algo que habilitaría al gobierno de Trump para buscar detenerlo y llevarlo ante la justicia estadunidense, tal y como hicieron en 1989 con el presidente de Panamá, Manuel Noriega, con la llamada “Operación Nifty Package”, en la que los grupos Delta del Ejército estadunidense ingresaron a Panamá y se llevaron a Noriega para enjuiciarlo en su país.

Maduro sería, según los planes de Washington, la “punta de lanza” para acusar a otros gobernantes latinoamericanos de apoyar a cárteles del narcotráfico. Y uno de los nombres que suenan en esa lista es el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a cuya familia y excolaboradores cercanos, el Departamento de Estado les realiza un seguimiento especial por sus vínculos con el exmandatario mexicano.

Una versión que circula en el Departamento de Estado sobre el expresidente de México, es que podría ser acusado de “colaboración con los Cárteles de la Droga mexicanos” y, curiosamente, esos señalamientos no se referirían solo a lo sucedido en su sexenio con su política de seguridad de tolerancia y protección a los narcos, sino que las acusaciones podrían llegarle a López Obrador desde Ecuador, justo el país con el que se peleó y rompió relaciones, luego de la invasión de la Policía Nacional ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito, ocurrida el 5 de abril de 2024 y que tuvo como objeto detener al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien estaba siendo protegido como asilado político por el gobierno mexicano.

Pues resulta que tras la segunda reelección de Daniel Noboa y como resultado de sus criticadas leyes de inteligencia ocurrió el pasado mes de junio la detención de al criminal más buscado del Ecuador, “alias Fito”, quien es considerado hombre del Cártel de Sinaloa en el país ecuatoriano y estaría detrás del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, según las investigaciones y las denuncias de amenazas de muerte que había hecho el propio aspirante asesinado.

Pues como resultado de declaraciones de “Fito” y la información que ha recabado la Fiscalía de Ecuador, el asesinato de Villavicencio, que en su momento sacudió a la política ecuatoriana y exhibió la fuerza que las pandillas y grupos de narcotraficantes habían alcanzado en ese país, tendría también autores intelectuales vinculados al partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. El propio candidato asesinado, cuando reveló las amenazas de muerte en su contra, mencionó que no sólo provenían del líder delincuencial que lo había amenazado, sino también de “mafias políticas” entre las que mencionó a Revolución Ciudadana:

“Los narcotraficantes y las mafias quieren tomarse el poder político del Estado. Y, sin duda, no es Fito el que está atrás de esta amenaza, son las mafias políticas que están atrás de Fito las que están atrás de esta amenaza de mi candidatura. Por eso he pedido que se investiguen los vínculos de las mafias narcodelictivas con la Revolución Ciudadana”, dijo Fernando Villavicencio en un mitin de campaña apenas unas semanas antes de su brutal ejecución, después de la cual, por cierto, siete de los sicarios colombianos que participaron en su asesinato, fueron también asesinados en las dos cárceles de Ecuador en donde estaban presos.

Y ahí es donde el tema de ese asesinato podría llegar hasta México y conectar con el expresidente. Porque las investigaciones de la Fiscalía apuntan al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, quien hoy está preso en aquel país, acusado de delitos de corrupción. Según fuentes ecuatorianas, Glass sería acusado por la Fiscalía, a partir de nuevos testimonios y declaraciones, de haber sido quien planeó el asesinato de Villavicencio y le ordenó ejecutarlo a Fito, el brazo armado del Cártel de Sinaloa en Ecuador.

Si esa información se confirma y sale a la luz en el país sudamericano, automáticamente daría pie para que quienes protegieron a Jorge Glass, con el asilo político que en su momento le otorgó el gobierno de México por una presunta “persecución política”, pudieran ser señalados o involucrados en el asesinato y de colaboración con los narcotraficantes del Ecuador y del Cártel de Sinaloa, que ejecutaron al candidato Villavicencio por órdenes del dirigente de Revolución Ciudadana.

Y como el propio López Obrador defendió a capa y espada a Jorge Glass y le concedió el asilo político, desatando un conflicto diplomático con el gobierno de Daniel Noboa que aún hoy mantiene rotas las relaciones entre México y Ecuador, pues al expresidente podrían alcanzarlo las acusaciones que llegarían desde Quito.

Así que una vez que ha quedado claro que Trump va a proceder contra los cárteles mexicanos y latinoamericanos y contra uno de sus líderes, como ubican al dictador Maduro, la pregunta es si después vendrán por aquel que predicaba y pregonaba por la defensa de los narcos “como seres humanos” y protegía sus derechos dándoles siempre “Abrazos, no balazos”.

Notas indiscretas...

Y hablando de mensajes ya no tan cifrados y más bien del todo claros que siguen llegando desde Estados Unidos, la sanción que ayer anunció el Departamento de Justicia en contra de dos empresarios que pagaron sobornos a Pemex a cambio de obtener contratos, representa todo un aviso de lo que podría seguir si desde Washington le siguen jalando a la hebra de la corrupción en la petrolera mexicana. Las acusaciones contra Alejandro Rovirosa, de la empresa Roma Energy, y contra Mario Alberto Ávila, excandidato del PAN al gobierno de Campeche, ambos ciudadanos mexicanos con residencia en Texas, tienen que ver con que habrían usado artículo y marcas de lujo como Louis Vuitton o Hublot, para darle regalos a los funcionarios de Pemex a cambio de obtener contratos ventajosos para sus empresas. "Los acusados -ciudadanos extranjeros residentes en EU- presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas", dijo Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de EU. Los dos mexicanos habrían obtenido contratos por 2.5 millones de dólares y son acusados de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EU; incluso en el caso de Alejandro Rovirosa, el Departamento de Justicia, sostiene que también tiene vínculos con el crimen organizado. "Esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la División Criminal (del Departamento de Justicia de EU) no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo", dijo Galeotti ayer al dar a conocer las acusaciones. ¿O sea que también irán contra los funcionarios corruptos que se enriquecen con sobornos y dinero de empresarios vinculados al crimen organizado? ¿Cuántos de esos habrá hoy en México?... Se detienen los dados. Segunda Serpiente de la semana.

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