Es cierto, y cada vez hay más pruebas irrefutables, que la autonombrada “Cuarta Transformación” buscó crear, como todo movimiento político que alcanza el poder, a sus nuevos ricos. Empresarios y políticos, o políticos que se volvieron empresarios utilizando a sus amigos y compadres como prestanombres para traficar influencias y obtener contratos millonarios del gobierno, hoy gozan de fortunas tan abultadas como inocultables, construidas en apenas un sexenio y que son motivo de escándalo por la corrupción con la que fueron acumuladas.
Pero si en algo fue también inteligente la 4T, es en que no se metió con los hombres más ricos de México. Los empresarios potentados a los que su fundador, Andrés Manuel López Obrador, siempre se refirió como los integrantes de “la oligarquía” de los gobiernos del PRI y del PAN, terminaron siendo respetados y hasta beneficiados por el expresidente que a lo más que llegó fue a cobrarles más impuestos y eliminar los mecanismos de condonación y consolidación de los que se beneficiaban sus grandes empresas, pero lejos de enfrentarse a ellos como lo hizo durante años en su discurso, una vez en la Presidencia, el tabasqueño los volvió sus aliados y les siguió dando negocios y contratos multimillonarios.
Pero de todos los “oligarcas” que vomitaba como opositor el expresidente, con el que siempre se entendió mejor -no sólo desde Palacio Nacional sino desde que lo apoyó y financió en sus campañas de 2006 y 2012- fue con el ingeniero Carlos Slim. La relación entre ellos, que tuvo sus altibajos con episodios como la toma del Paseo de la Reforma, en su primer derrota presidencial, volvió a florecer con beneficios mutuos cuando Andrés Manuel finalmente llegó al poder en el 2018. Slim se convirtió en un aliado incondicional y promotor del nuevo gobierno morenista y López Obrador le pagó con creces respetándole sus negocios privados y ratificándole sus contratos y negocios con el gobierno en campos como la minería, la construcción y, principalmente, indemnizándolo con pagos millonarios por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco.
Fue tal el trato y los beneficios que obtuvo el ingeniero de su amistad y aval con el expresidente, que en los seis años del gobierno lopezobradorista, el hombre más rico de México y de Latinoamérica y uno de los 10 más ricos del mundo, duplicó, literalmente, el monto de su fortuna. En marzo de 2018, antes de que ganara las elecciones de aquel año el tabasqueño, Slim venía dando tropiezos y registraba pérdidas por 646 millones de dólares, lo que lo había hecho caer en el ranking de los empresarios más ricos del mundo, con una fortuna estimada por Bloomberg en 65.1 mil millones de dólares, que incluso para noviembre de ese mismo año había caído hasta 50 mil millones de dólares.
Pero apenas su suerte cambió y para diciembre de 2023, en el penúltimo año del gobierno de López Obrador, la fortuna del dueño de grupo Carso había subido a 101.5 mil millones de dólares, es decir el doble de como arrancó en ese sexenio, con ganancias millonarias mayormente de su empresa América Movil, pero también con los contratos y concesiones que obtuvo en los años del lopezobradorismo.
Y como el ingeniero nunca se equivoca en sus apuestas, hoy en el gobierno de la presidenta Sheinbaum su condición de “oligarca consentido” del régimen no sólo se mantiene sino que incluso mejora. A pesar de que Slim no siempre tuvo buena relación con la doctora y más bien chocó con ella cuando la entonces Jefa del Gobierno capitalino culpó a su empresa Carso Infraestructura de las famosas “fallas de origen” por el derrumbe de la Línea 12 del Metro de la CDMX, con lo que ella quería ocultar las deficiencias de mantenimiento que también causaron esa tragedia, ese episodio tenso, en el que incluso tuvo que mediar en su momento Andrés Manuel, parece haber quedado en el pasado.
Porque la semana pasada se anunció que Petróleos Mexicanos le había otorgado al área energética de Carso un contrato por casi 2 mil millones de dólares, para que explote y extraiga crudo del campo de Ixachi, localizado en Tierra Blanca, Veracruz, y considerado hoy como el mayor campo energético de México. A través de ese contrato, con el que Slim aumenta su participación y se vuelve líder en la industria energética privada, se podrán perforar y explotar hasta 32 campos de petróleo y gas, los cuales le entregarán su producción a la petrolera estatal, que pagará, a partir de 2027, a las empresas de Slim en cómodos pagos mensuales por las labores de perforación y extracción.
Paradójicamente, el negocio millonario que le está poniendo en bandeja de plata la presidenta Sheinbaum a Slim fue uno de los tres grandes campos petroleros que se descubrieron gracias a la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la misma de la que renegó y hasta derogó la 4T, y de la que hoy se beneficiará no sólo Pemex y el gobierno de la doctora, sino también el “oligarca consentido” del régimen, que lo mismo iba a ganar con la reforma peñista, que con la hipocresía nacionalista del actual gobierno morenista.
Y para colmo otra paradoja: cuando empezó el actual régimen de Morena, en 2018, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego estaban al mismo nivel de cercanía, confianza y apoyos financieros para López Obrador; pero para cuando terminó el pasado sexenio e incluso más en ahora en la administración de Sheinbaum, Slim sigue siendo el millonario consentido, mientras a Salinas Pliego lo acosan y persiguen con el SAT y sus cobros multimillonarios. ¿Cuál fue la diferencia por la que uno sigue siendo venerado y beneficiado del “paraíso del bienestar”, mientras al otro lo quieren quemar en el infierno guinda? La respuesta salta a la vista de los amables lectores.
Ayer la presidenta Sheinbaum afirmó, categórica, que la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, no había dado a los medios la cifra de 600 mil millones de pesos como el monto que se ha defraudado al erario federal por el llamado huachicol fiscal, que es la importación ilegal de combustibles desde los Estados Unidos, que entran a México por corrupción de las aduanas terrestres y marítimas y se venden en el mercado negro de la gasolina y el diesel. “Ella no lo declaró, fue un diputado quien hizo esta pregunta. En una comparecencia de ella, pero ella no lo declara”, le respondió ayer en su conferencia matutina la mandataria a una reportera. Pero oh, sorpresa, resulta que la Presidenta estaba equivocada o desinformada con sus “otros datos”, porque la procuradora fiscal sí declaró, el viernes pasado, al salir de su comparecencia ante comisiones en la Cámara de Diputados, que las estimaciones que tiene el gobierno federal sobre cuánto les ha costado a los mexicanos la defraudación y evasión por el llamado “huachicol fiscal” sí ascienden a los 600 mmdp. “¿Estimado de cuánto afecta? No, pues tenemos cifras, son 600 mil millones de pesos reportados, llevamos 16 mil millones querellados, tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas, para saber exactamente, caso por caso, cuánto nos puede reportar de recuperación o posible recuperación después de lo denunciado ante la FGR”. Todavía una reportera le insistió que precisara las cifras y la procuradora Grisel repitió: “Lo reportado son 600 mil mdp, vamos en 16 mil querellados”. ¿Y entonces, de donde sacó la Presidenta que su procuradora fiscal no hizo esa declaración? ¿Acaso está desinformada por sus flamantes voceros o de plano a la doctora ya se le pegó la maña de los “otros datos”?...El hackeo que sufrió la página de internet del C5 de la CDMX, el pasado domingo, evidencia la fragilidad que algunos gobiernos tienen en sus sistemas informáticos. El asunto cobra especial relevancia porque los Centros de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) manejan información delicada en materia de seguridad, un tema que es prioritario en las mesas de evaluación del T-MEC y en la que el gobierno de los Estados Unidos tiene especial interés. De paso, el que hayan hackeado a uno de los C5 más robustos del país, confirma porque en el tema de la seguridad los gobiernos no pueden confiar en empresas emergentes o improvisadas, que se venden como “especializadas en seguridad”, porque lo que se requiere es adoptar tecnología que permita a las autoridades de los tres niveles contar con herramientas para poder combatir a las organizaciones criminales que cuentan cada vez con mayores elementos para delinquir. En esa discusión, de poco valdría la pena que se revisen los contratos que se otorgan en materia de seguridad o que el propio gobierno cuente con padrones de las empresas verdaderamente especializadas y con desarrollo tecnológico propio, con experiencia y que cuenten con certificaciones internacionales y en específico de los Estados Unidos. En México son pocas las empresas que venden tecnología para la seguridad y que tienen certificación estadounidense, y una de ellas es la empresa mexicana Seguritech, que a pesar de recientes escándalos y campañas negativas que le han dirigido sus competidores, ha logrado trascender las fronteras con proyectos vigentes en los Estados Unidos y varios países de América Latina, en donde ofrece servicios de operación con C5, sistemas de videovigilancia, puntos de monitoreo inteligente, sistema de video analíticos, botones de pánico, sistema de drones para patrullaje y otros servicios. Valdría la pena que en temas tan delicados los gobiernos no permitan que los contratos de seguridad, especialmente en área de tecnología, se les entreguen a empresa de sus cuates o improvisadas…Ahora que empiezan a surgir rumores de si el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, cuyos sobrinos encabezaban la red de corrupción que operaba el huachicol fiscal y contrabando de sustancias y hasta de armas en los puertos mexicanos, se ha ido del país, nos acordamos de una anécdota que cuentan altos mandos navales sobre el extitular de la Semar. En una ocasión, en el sexenio de Peña Nieto, cuando Ojeda estaba asignado como mando naval del Puerto de Acapulco, hasta las instalaciones navales llegaron el presidente Peña acompañado del entonces secretario de Marina, Almirante Vidal Soberón. Cuando Ojeda se presentó ante ambos llevaba una barba de varios días, algo que de inmediato llamó la atención del secretario porque los oficiales de la Marina mexicana tiene prohibido usar barba y patillas y deben estar bien afeitados porque el vello facial no es permitido como parte de los requisitos de uniformidad y de la disciplina militar. “¿Y esa barba?”, le preguntó molesto el almirante secretario al comandante naval Rafael Ojeda, quien trastabilló y se sonrío explicando que no había tenido tiempo para rasurarse. “Pues vaya y se rasura y después se presenta”, le ordenó el secretario. Ese hecho marcó después la mala relación que tuvo Ojeda con su antecesor y viene a cuento porque, ahora que está en el ojo del huracán por haber permitido y tolerado la corrupción dentro de la Marina, en una de esas, que hoy parece muy remoto por la protección que le dan desde Palenque, al almirante exsecretario se le da aquello de la barba en ese lugar donde todos los inquilinos tienen que poner sus barbas a remojar…Los dados mandaron la primera Serpiente doble de la semana. Descenso obligado.
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