Desde Nueva York y Culiacán llegan noticias: por una parte, el fundador del Cártel del Pacífico, Ismael Zambada García, alega demencia para ser excarcelado de un centro de detención de Brooklyn y repatriado a México, mientras que, por otra, recrudecen la inseguridad y la violencia en Sinaloa como expresión inequívoca -según las autoridades federales- de que se cierra el cerco para la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, actual cabeza de “Los Chapitos”, una de las dos facciones en guerra por el control del cártel desde la condena en Estados Unidos a su padre y cofundador de la organización criminal, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en febrero de 2019, y en abierta e imparable escalada tras la traición y entrega de “El Mayo” a la justicia estadounidense en julio de 2024.
Frank Pérez, abogado de Zambada García quien se ha declarado culpable de los delitos que se le imputan y está en espera actualmente de que las autoridades estadounidenses decidan dónde cumplirá su sentencia por narcotráfico, asegura que el centro de detención de Nueva York donde actualmente está recluido su defendido detectó que presenta “demencia en etapa temprana”, un deterioro progresivo que afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la capacidad de realizar actividades cotidianas, además de diabetes, dificultades en las rodillas y un deterioro general de salud.
Tal condición invalida o por lo menos pone en duda las declaraciones sobre los delitos que le imputan o la información que, como parte de un acuerdo con los fiscales de la corte de Nueva York, pudiera aportar.
Pérez explica que, de hecho, esa es la argumentación que desde febrero pasado interpusieron -y respecto a la cual aun no hay respuesta- para solicitar la repatriación de “El Mayo” Zambada para que cumpla su sentencia en una cárcel mexicana.
El defensor del capo argumenta que el estado actual de “El Mayo” no le permitiría resistir condiciones de aislamiento extremo como las que enfrenta su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en el ADX Florence en Colorado.
“El Mayo” Zambada, como se recordará, se declaró culpable ante la justicia estadounidense y evito así ir a juicio. Reconoció haber dirigido el Cártel de Sinaloa o del Pacífico por más de cinco décadas, sobornado a autoridades y participado en actividades criminales entre 1989 y 2024. Aceptó, además, el pago de una multa de 15 mil millones de dólares y pidió perdón a las víctimas de los actos del cártel.
El abogado Frank Ruiz explica que Zambada se declaró culpable porque reconoció que efectivamente cometió los delitos imputados y desea asumir la responsabilidad y precisa que el capo no busca obtener reducciones de pena ni ventajas. “No está cooperando con ningún gobierno, ni americano ni mexicano, y no lo hace porque no le conviene, ya tiene 75 años y pasará lo que le resta de vida en la cárcel”, agrega.
Pero funcionarios estadounidenses no dan su brazo a torcer: “Morirá en una cárcel federal, donde está su lugar” dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, mientras que Terrance Cole, administrador de la DEA, indicó que este caso demuestra que los líderes de cárteles mexicanos no son intocables ante la justicia.
Mientras tanto en Culiacán ocurrió el martes pasado un hecho más de la violencia cotidiana que se vive en la capital de Sinaloa, pero éste con lo que no pocos ven alarmados como una dramática advertencia de “Los Chapitos” de lo que podría ocurrir si, como perciben, se cierra más el cerco contra su líder Iván Archivaldo Guzmán Salazar:
La camioneta oficial asignada a Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF de Sinaloa e hija del gobernador Rubén Rocha Moya, fue atacada a tiros en un hecho que se investiga como intento de robo, pero que no descarta la hipótesis de tentativa de secuestro de la nieta del mandatario que viajaba en el vehículo y que resultó ilesa.
Poco antes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch había encabezado ahí en Culiacán, al igual que cada quince días, la reunión del gabinete de seguridad, en la que -según fuentes de la propia dependencia- se hizo una evaluación muy detallada de lo que se considera la inminente captura de Iván Archivaldo.
Solo con un golpe de ese tamaño podría compensarse el daño causado a la credibilidad de las fuerzas armadas, sobre todo a la Marina, con el escándalo de la red de huachicol fiscal.
Instantáneas:
1. NEPOTISMO Y ELECCIONES. Se vislumbra muy angosto y arriesgado el camino que ha comenzado a recorrer Morena rumbo a las elecciones de 2027 en algunos estados del país. La tensión entre la que se avanza plantea la disyuntiva de disciplinarse con una directriz marcada por la presidenta Sheinbaum o acatar el respaldo popular y una victoria prácticamente asegurada de militantes que ahora se ven impedidos por el acatamiento de esa directriz y que, inevitablemente, daría lugar a airados señalamiento de autoritarismo. Un caso emblemático es el de Guerrero con el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado. Líder histórico del movimiento encabezado por AMLO, su desempeño ha sido siempre polémico. ¿Se acuerda cuando en el Palacio Legislativo de San Lázaro era diputado federal en 1988 y al denunciar el fraude electoral Cuauhtémoc Cárdenas mostró dos costales de boletas electorales quemadas que encontró en un basurero? Esa personalidad polémica lo ha colocado a la cabeza de las preferencias de los morenistas guerrerenses para ser candidato a gobernador. La presidenta Sheinbaum planteó una iniciativa de ley para que familiares directos de personas en cargos de elección popular no puedan aspirar a sucederlos en el período inmediato a partir de 2027. La ley se aprobó, pero su entrada en vigor se postergó hasta 2030. La dirigencia nacional de Morena, sin embargo, dispuso que su militancia la aplique desde 2027. De ahí que, como en el caso de Guerrero, se planteé la pregunta: ¿serán autoritarios al imponer esa norma a liderazgos históricos o reafirmarán su máxima partidista de hacer lo que diga el pueblo sabio?
2. “EL POLLO” EN SLP. Un caso similar se presenta en San Luis Potosí. Ahí la que pretende suceder en la gubernatura a Ricardo Gallardo Cardona, mejor conocido como “el Pollo”, es su esposa la senadora Ruth González Silva. Ella, como militante del Partido Verde libra el acuerdo morenista y del impedimento legal de suceder a una familiar directo en el período inmediato que entrará en vigor hasta 2030. Sin embargo, genera más tensiones con su aliado guinda. Pero la senadora González Silva, quien ya aparece en campañas de posicionamiento de imagen en la capital potosina, no quita el dedo del renglón: “… respeto la opinión de la presidenta Sheinbaum, pero es la gente la que va a decidir”.
3. MALA RACHA. No es la mejor racha la que parece estar pasando en los pasillos de San Lázaro el diputado Ricardo Monreal. Primero le apostó a que el contralor interno del INE, Víctor Hugo Carvente Conteras, podría intimidar a consejerías (específicamente las de Dania Ravel y Claudia Zavala) con un expediente de hace cuatro años por respaldar la decisión de suspender la revocación de mandato por falta de presupuesto, pero la jugada resultó un bumerán que exhibió una intención de manipular al árbitro electoral. Después, en un intento por corregir, recurrió a Sergio Gutiérrez Luna para que enviara un oficio pidiendo desistirse de un caso obsoleto y muerto. Pero resulta que Gutiérrez Luna ya es vicepresidente de la mesa directiva y la única vía para un desistimiento de esa naturaleza es la presidenta de esa mesa directiva, hoy a cargo de la panista Kenia López Rabadán, quien no está dispuesta a entrar en esas maniobras. La bancada legislativa morenista revisa con lupa este tipo de errores de su coordinador, al igual que la senatorial lo hace con su líder Adán Augusto López. De esto también están muy atentos en Palacio Nacional.
4. OTRA DEL SECTOR SALUD. Más allá del ya de por sí complicado abasto de medicamentos, hay una controversia legal en la proveeduría del IMSS-Bienestar: se trata de los servicios de limpieza de instalaciones. A pesar de que existe una inconformidad en marcha, bajo el expediente No. INC/001/2025, las autoridades ceden a las presiones de las empresas Jared, Lamap y Armot, de Juan José Reyes, en defensa de su contrato por más de tres mil millones de pesos. De poco ha servido seguir cauces legales cuando la dependencia da entrada a escritos sin sustento jurídico o justificación procesal alguna con el fin de evitar la reposición del procedimiento y del fallo. Ganar tiempo pues, porque no se puede interrumpir un servicio vital para la infraestructura médica: el mantenimiento de la limpieza.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
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