La UNAM atraviesa por una de sus más graves crisis de seguridad que deja ver en el fondo diversas expresiones de violencia de su propia comunidad y/o de grupos externos que la vuelven más vulnerable al embate de los intereses políticos y hasta criminales, que permanentemente amagan con desestabilizar su gobernabilidad y, consecuentemente, la del país, como no pocas veces ha ocurrido.
Ciudad Universitaria es estos días un hervidero. En el campus se siente miedo, desconfianza, agitación. La crisis se deja sentir también en la torre de la Rectoría. Las infecciones oportunistas de siempre hacen de las suyas más eficientemente.
La actual escalada empezó el pasado 22 de septiembre con el asesinato con una guadaña, dentro del CCH Sur, del estudiante de 16 años Jesús Israel Hernández Chávez a manos de su condiscípulo Lex Ashton Cañedo López, de 19, quien en su huida cayó de un tercer piso y se fracturó las dos piernas.
El crimen, por supuesto, no es atribule directamente a la UNAM, pero sí a su responsabilidad sustantiva de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria dentro de sus instalaciones. De ahí que la indignación y exigencia de garantías de la población estudiantil se expresara en paros o clases en línea los días finales de septiembre que alcanzaron un pico de 30 de los 50 planteles que tiene la UNAM, entre prepas, colegios de ciencias y humanidades y facultades.
En medio de los intentos de salir de los paros y reanudar actividades, hubo al menos 18 amenazas falsas de bomba o de ataques terroristas que dieron lugar a evacuaciones de escuelas y facultades.
A ese ambiente de miedo y desasosiego se sumó la violenta protesta del llamado bloque negro durante la manifestación con que se recordó la masacre de estudiantes a manos del Ejército en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Fueron vandalizadas las instalaciones del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco con un saldo de 29 civiles y 94 policías heridos.
Atizado el miedo en una comunidad radicalmente antimilitarista tras la invasión de las fuerzas armadas en CU el 18 de septiembre de 1968 y la matanza de Tlatelolco catorce días después, la aparición el pasado martes 7 de octubre en el campus de un camión del Ejército y otro de la Guardia Nacional, encendió los ánimos. La Sedena explicó que fue un error de ruta y la Guardia Nacional informó que su presencia fue requerida por la autoridad universitaria para atender lo que finalmente fueron falsas amenazas de bomba.
Todavía ayer jueves 9 de octubre, la Prepa 3 “Justo Sierra” fue desalojada por el hallazgo de un objeto sospechoso que resultó ser un inofensivo termo, en tanto 39 de los 50 planteles universitarios habían reanudado labores presenciales.
Violencia soterrada
Del crimen en el CCH Sur se supo que el homicida Lex Ashton Cañedo López pertenece a grupos en línea radicales de temática “incel”, acrónimo de “involuntariamente célibes”, una tendencia norteamericana que ahora se replica en varias partes del mundo con mensajes feminicidas como respuesta a la frustración que les genera ser rechazados por mujeres.
Cañedo López publicó sus intenciones de cometer asesinato en chats grupales que empiezan a proliferar en comunidades estudiantiles y que se intercalan con mensajes trans excluyentes o transfóbicos y carteles pegados en los baños de escuelas y facultades con consignas como “viva el fascismo”, “viva el racismo”, “las mujeres a la cocina, no a Economía”, “mátate en tu casa”, “haz Patria y mata a una mujer”, según documenta el periodista de investigación Ricardo Balderas, cuyo trabajo -iniciado desde hace dos años- ha documentado la violencia dirigida tras los hallazgos en facultades como la de Economía, de documentos, pancartas y carteles con mensajes transodiantes y de célibes involuntarios.
Consignas todas estas que, además, despiden un tufo de fanatismo de ultraderecha.
La casi nula transparencia con la que las autoridades universitarias se han ocupado de estos temas lleva a que se infiera que no se está atendiendo esa violencia soterrada dentro de la comunidad universitaria como una causa de fondo de la crisis de inseguridad que se atraviesa.
¿Es negocio la seguridad en la UNAM?
La administración del rector Leonardo Lomelí Vanegas ha centrado sus esfuerzos en aumentar el esquema de la seguridad universitaria, con reformas estatutarias, aumento de recursos presupuestales, compra de más recursos tecnológicos (cámaras) y contratación de más personal.
Todo ello para reforzar una tarea que compete directamente al rector Lomelí (por su calidad de institución autónoma desde 1929), quien la delega en la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU), que dirige Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, nombrado en octubre de 2024; y la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), que encabeza desde 2022 el maestro Gerardo Moisés Loyo Martínez.
De acuerdo con el Comité Estudiantil de Lucha de la Facultad de la Economía, la disposición de mas cámaras de seguridad no ha disminuido el problema. Esto lo infiere al señalar que con ellas ya se habría podido erradicar de la Ciudad Universitaria la venta de estupefacientes y opiáceos sintéticos y otros delitos como el secuestro y la violación, según las propuestas contenidas en ocho documentos que han entregado a las autoridades para enfrentar la inseguridad.
Ya en el desasosiego, esto los lleva a pensar que hechos de amago y de violencia como los relatados, forman parte de una estrategia para justificar la solicitud de más y más recursos presupuestales que no acaban de resolver la crisis de seguridad universitaria. ¿Será el negocio?
Los vándalos del bloque negro
Se atribuyen los destrozos a instalaciones universitarias y las lesiones a civiles y policías en la manifestación del pasado 2 de octubre a un llamado “bloque negro”. Cabe precisar que no se trata de un grupo en su mismo, sino que se refiere más bien a una táctica de protesta utilizada principalmente por grupos anarquistas, anticapitalistas o de izquierda radical durante las protestas callejeras.
No dudo que haya quienes actúan así convencidos de su fanatismo radical, pero hay otros que más bien lo hacen como grupos de choque o como provocadores.
Los servicios de inteligencia de los gobiernos federal y capitalino tienen identificados a ocho grupos: Biblioteca Social Reconstruir, Colectivo Anarquistas ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), Centro Cultural Okupado “El Engrane”, Okupa Che, Cooperativa Café Victoria, Comparsa “Chanti Ollin”, Colectivo REDTA y Coordinador Estudiantil Anarquista (CEA).
Entre sus filas hay agitadores profesionales, pero muchos de sus integrantes son estudiantes de escuelas de nivel medio superior tanto de la UNAM como del Politécnico Nacional. Los más violentos son de los Colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Sur, y de las Preparatorias 5 y 8.
Los informes de inteligencia consultados por esta columna señalan que los referidos grupos se asumen como “células clandestinas insurreccionales y eco-extremistas (¿?) proclives a manifestarse con acciones disruptivas de alto impacto mediático y que repudian las políticas del gobierno sin importarles su filiación política e ideológica”.
Sus vínculos con el histórico “porrismo” estudiantil sugieren a posibles titiriteros de este tinglado, por lo menos desde la perspectiva de su control. Una pista apunta inevitablemente a la UNAM y no sólo hacia quienes desde hace 25 años mantienen tomado el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, asociados ahora a quienes desde ahí controlan las narco-tiendas instaladas en el campus.
Instantáneas:
1. ¿GIRA DE AMLO? Desde los corrillos de Morena se filtró la información -no confirmada oficialmente- de que AMLO realizará una gira nacional a partir de diciembre próximo para promover su nuevo libro sobre la riqueza cultural del país, que se ha dedicado a escribir en Palenque desde que dejó la presidencia en octubre del año pasado. La versión, de ser cierta, obliga a varias preguntas. ¿Pidió permiso a Palacio Nacional para hacerlo o simplemente se lo notificó a su inquilina? ¿Volverá a llenar foros y plazas de cara a las elecciones intermedias de 2027? ¿Habrá sido -como aseguran algunos- una maniobra promovida por Adán Augusto López para reapuntalar el “obradorismo” tras el desaire que sufrió él en el informe de la presidenta Sheinbaum al ser confinado en el Zócalo capitalino al corral de la ignominia?
2. QUEJAS DESDE EL SAT. Llegan a este espacio quejas de trabajadores de limpieza que laboran en diversas oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependencia que tiene contratada para tal fin a la empresa Tasefi, SA de CV, propiedad de Ernesto Amador Moraro Ganem. Resulta que varios de estos empleados recibieron de pronto la notificación de que habían sido dados de baja como derechohabientes del IMSS, que es una condición obligatoria para este tipo de empresas que tercian servicios. Sabemos, por otro lado, que la responsable de ellos en el SAT es la potosina Paola Rachel Aguilar Correa, funcionaria que previamente fue una de las "gacelas" a cargo de la seguridad de Andrés Manuel López Obrador.
3. PREVENCIÓN. El Consejo Estatal de Protección Civil de Guerrero se declaró en sesión permanente tras conocerse del sistema de baja presión localizado frente a las costas del estado y los pronósticos de lluvias torrenciales durante las próximas horas. Se han reforzado las acciones preventivas para salvaguardar la integridad y el bienestar de la población. Junto con la secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina y la Guardia Nacional se llevan a cabo desde noche recorridos preventivos, perifoneo y alertamientos en los municipios costeros, y se difunde información oportuna sobre las condiciones climatológicas, con el objetivo de evitar la propagación de noticias falsas.
