Hasta el momento de escribir esta columna, la presidenta Claudia Sheinbaum había reclamado dos veces en esta semana al exgobernador del PAN en Guanajuato, Diego Sinuhé Rodríguez, una aclaración sobre la hoy llamada “casa azul”, la lujosa residencia de 20 millones de pesos que habita en una de las zonas más exclusivas de Houston, Texas, y cuya propiedad corresponde a una empresa ligada a Seguritech, compañía a la que favoreció con millonarios contratos pese a sus malos resultados.
De la mansión de Woodland Houston -como se ha informado- aparece como propietario Daniel Esquenazi, publirrelacionista de la referida empresa de seguridad que dirige Ariel Picker Schatz y que fue contratada para atender un problema que, lejos de resolverse, se agravó durante la gestión de Diego Sinuhé.
En ella, por citar un solo ejemplo, creció y se consolidó el cártel de Santa Rosa de Lima, una de las organizaciones criminales que controla en la región el robo de combustible (huachicol) de los ductos de Pemex.
Mientras crece el escándalo, Seguritech y Picker solo han respondido con banales evasivas publicadas en “X” y con “apoyos” a medios digitales e “influencers” para limpiar su imagen en el universo digital y mediático a fin de no perder.
En su calidad de persona políticamente expuesta, la gestión del exgobernador de Guanajuato sigue sujeta a revisiones del régimen aplicable a exservidores públicos y al escrutinio financiero y patrimonial tanto en México como en Estados Unidos.
De lo dicho estos días por Sheinbaum se infiere que ya no está a discusión si Seguritech y sus operadores son investigados o no. Son investigados bajo los posibles delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, ocultamiento de conflicto de interés, desvío de recursos y contrataciones ilegales o simuladas.
La pregunta es ¿cuándo y cómo actuarán las instancias de procuración y administración de justicia?
¿Qué ha dicho Seguritech?
La empresa defiende una explicación que se antoja pueril: que Esquenazi no está registrado ante el IMSS como empleado suyo. Sin embargo, las autoridades han documentado ampliamente el vínculo. Existen numerosos registros públicos que evidencian su convivencia y complicidad.
Su apuesta es que todo pase al olvido, que se deje atrás el caso en una semana y que ellos y sus gestores —plenamente identificados por la autoridad— conserven su halo de impunidad. ¿La pregunta es si este caso es uno más de corrupción o si ya deja ver algo más de fondo?
Con la “casa azul” (bautizada así por el mismo modus operandi de la “casa blanca” de Peña Nieto o la “casa gris” del hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, donde contratistas del gobierno “facilitan” o ¿dan como comisión? lujosas residencias en “agradecimiento” ¿o pago? por haber sido favorecidos con contratos), el involucramiento de Seguritech y las respuestas dadas hasta ahora por la autoridad, forman parte -según se considera desde Palacio Nacional- de una nueva estrategia de seguridad.
Al interior del gobierno ya se refieren a ella como “el segundo piso” de la estrategia nacional de seguridad pública. Su primer piso, siempre en curso, es la de las detenciones de capos y la incautación de los flujos financieros de dinero sucio que generan. El segundo piso será la recuperación de la tecnología para enfrentar, con total coordinación de instancias, para enfrentar los delitos del día a día.
En este tema habría que reconocer -guste o no el actual gobierno- que hay un giro que empieza a distinguir al gobierno de Sheinbaum con el de sus antecesores, un enfoque orientado al combate de los delitos cotidianos, aquellos que realmente afectan la percepción de inseguridad e impunidad.
En foros de análisis de alto nivel, Seguritech ha sido considerada desde hace tiempo parte del grave problema de la seguridad. La empresa surgió durante el sexenio de Felipe Calderón, se fortaleció con Peña Nieto en el Estado de México y fue impuesta a nivel nacional cuando este último llegó a la presidencia.
La idea era colocar a una empresa de alarmas domiciliarias al frente de la tecnología para el combate al crimen común, liderada por directivos sin capacidad técnica y presuntamente asociados con un exjefe policiaco que, según el New York Times, estaría vinculado al cártel de los Beltrán Leyva.
Algunos casos y unas preguntas
En 2017 se conoció un caso ocurrido en Naucalpan. Un papá viajaba en bicicleta con su hija cuando comenzó a llover. Para protegerla, la subió a una combi del transporte público y le pidió al chofer que la dejara unas paradas más adelante, donde pudiera guarecerse, pero la unidad nunca se detuvo, la niña fue robada y finalmente encontrada muerta.
De nada sirvió todo el dinero invertido en cámaras en ese y otros municipios mexiquenses por Seguritech durante las gestiones de Peña Nieto, Eruviel Ávila y Del Mazo. ¿De qué sirve, por otra parte, detener a grandes capos si, cuando ocurre un delito a plena luz del día en la Calzada de Tlalpan, las cámaras no funcionan? ¿De qué sirve enviar a Estados Unidos a 29 grandes capos si el FBI alerta que las cámaras colocadas durante la gestión de Miguel Ángel Mancera fueron hackeadas por el Cártel de Sinaloa?
Por lo visto de nada. Y un ejemplo es Guanajuato. En el gobierno de Diego Sinuhé Rodríguez los homicidios dolosos aumentaron 256% en esa entidad.
Funcionarios de todos los partidos se han quejado del sobreprecio y del pésimo servicio de Seguritech, del fraude de alarmas vecinales en la CDMX, del fracaso de la Torre Centinela en Chihuahua y de la compra de Cybertrucks para usarlas como patrullas.
Mucha parafernalia para tan pocos resultados. Pero eso sí, la empresa tiene uno de sus centros de operaciones en Vail, Colorado. “DAI LLC”, la empresa que proporcionó vivienda al exgobernador guanajuatense, tiene su sede en un departamento de cuatro millones de dólares que es parte del condominio ubicado en The Lion en Vail, 701 W. Lionshead Circle Unit E306, a unos pasos de la montaña para esquiar, según registros públicos estadounidenses.
El inicio de las investigaciones correspondientes y la exclusión de Seguritech en varias de las contrataciones públicas, como ya sucedió en las aduanas, marcan un nuevo enfoque en seguridad, dejan atrás la guerra al narco, los abrazos y no balazos y las tecnologías fallidas, para construir una seguridad pública basada en eficiencia, corresponsabilidad y justicia cotidiana.
Instantáneas:
1. NO MÁS TRATOS: PAN. Tras el escándalo de la "casa azul" del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinuhé Rodríguez, la dirigencia nacional del PAN decidió boletinar a Seguritech, pues esa empresa de seguridad privada tiene contratos con varios gobiernos panistas. La cúpula del blanquiazul le está pidiendo a sus gobiernos estatales y municipales no tener más tratos con esa compañía. No quiere que el caso crezca más, tal y como le sucedió en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX con el asunto de “cártel inmobiliario". ¿Será que estamos viendo la punta del iceberg de un nuevo escándalo del panismo?
2. CON EL RELOJ EN CONTRA. Pues resulta que no son 898 millones de pesos los que no ha comprobado la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, sino que se han acumulado hasta ahora dos mil 176 millones de pesos por comprobar según requieren diversas auditorías en curso. De acuerdo con el diputado local Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero, son más de 10 procedimientos los que están activos y que suman los dos mil 176 millones de pesos correspondientes a los periodos 2021, 2022 y 2023. De ese total, mil 163 millones de pesos fueron detectados por la Auditoría Superior del Estado y 115 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación. A esas cantidades deben sumarse los 898 millones de pesos entregados para obra pública del FAISMUN. Habrá que ver qué tanto le sigue funcionando a Abelina López decir que no entregará la información, porque es claro que esa negativa la usa para victimizarse políticamente y no rendir cuentas, pero el reloj va en su contra.
3. TEMEN SABADAZO. Hasta ayer jueves seguía clausurado por la Secretaría de Gobernación el casino Jubileé de Naucalpan. Sin embargo, los vecinos no se confían y comentan que seguirán vigilando para que nos les vayan a dar "sabadazo" reinaugurándolo este fin de semana. Por lo pronto, los sellos de suspensión que colocó el gobierno del Estado de México de Delfina Gómez siguen cubiertos con plásticos ¿No es eso ilegal?
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
