El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en el sexenio de Enrique Peña Nieto para coordinar de manera independiente las acciones y políticas de combate a la corrupción, se mantiene con vida en los gobiernos de Morena, aunque con muchos señalamientos e indicios de irregularidades en el manejo de su presupuesto y sus principales funcionarios.
Hace unos meses, la renuncia del secretario ejecutivo del SNA, Roberto Moreno Herrera, fue un escándalo que pasó desapercibido. El funcionario fue acusado de asignaciones discrecionales de plazas y de pagar viajes personales con recursos públicos. Ahora diversas organizaciones de la sociedad civil señalan conflictos de interés en el proceso de selección de su sustituto, otra vez con el objetivo de hacer mal uso de montos millonarios.
Desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido desdeñado, por ser, según el expresidente, una simulación y un gasto innecesario. Pese a ello, se le han asignado religiosamente alrededor de 120 millones de pesos cada año, los cuales están bajo el control del Secretario Ejecutivo para generar ningún resultado visible.
El castigo de la 4T para el SNA ha sido más bien mantenerlo en el olvido, así como omitir los procedimientos para completar sus órganos de gobierno. Por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana, su máximo ente de control, se mantiene con tres integrantes cuando deberían ser cinco. Se trata de Vania Pérez Morales, Blanca Patricia Talavera Torres y Rafael Martínez Puón.
Estos tres personajes son los encargados de elegir al sustituto de Moreno Herrera en el SNA, por lo que desde finales del mes pasado corre un proceso de entrevistas a los interesados y recomendados, mismo que deberá llegar a su fin entre esta y la próxima semana. El problema es que en la terna final para elegir al futuro secretario sólo se incluyeron perfiles que tienen vínculos directos con los evaluadores.
Rafael Martínez Puón, actual director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública, colocó en esa terna de candidatos para administrar el SNA a catedráticos de su propia institución, quienes guardan una relación directa de subordinación con el personaje, de acuerdo con los contratos a los que tuvo acceso esta columna.
Los tres finalistas para asumir la Secretaría Ejecutiva del SNA son José Alberto Reyes Fernández, Martha Patricia Aguilar Espinosa y Jaime Adrián Cerdio Moisés; los dos primeros son profesores en funciones del INAP y el tercero también es un recomendado de Martínez Puón. En la currícula de alguno de ellos se omitió especificar la relación profesional que guarda con la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental.
Para los integrantes de la sociedad civil, el evaluador directivo del INAP debió haberse excusado de participar en el proceso de selección de sus compañeros de trabajo, o mejor dicho de sus subordinados; sin embargo, los calificó y con el más alto puntaje, por lo que uno de estos se perfila para tomar en estos días el control del SNA, de sus plazas y del manejo de sus más de 100 millones de pesos.
Una vez más con este tema, el Sistema Nacional Anticorrupción se juega la vida, aunque ésta sea artificial. El nacimiento de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro lo deja sin argumentos para seguir existiendo, a menos que se consolide como una estructura que dé resultados y no sea usada para simular el combate a la corrupción.
Posdata 1
Varias alertas se han encendido en la economía mexicana por la política migratoria del gobierno de Donald Trump. En principio, la desaceleración de la economía de Estados Unidos generará una baja en el intercambio comercial, así como una menor Inversión Extranjera Directa y una reducción del turismo.
Pero la principal afectación será en cuanto al flujo de remesas que envían los paisanos que viven en Estados Unidos y envían dinero a sus familias en México. El golpe para los trabajadores mexicanos es por varios lados: la desaceleración económica, el impuesto de 3.5% a las remesas que está por aprobarse, una menor contratación de inmigrantes por parte de las empresas estadounidenses y las redadas del gobierno de Trump que a su vez han causando ausentismo laboral y zozobra.
Todavía no hay pronósticos certeros de la afectación que tendrá el envío de remesas, que es el principal fuente de divisas del país, pero un cálculo inicial es que todos estos factores repercutirán en por lo menos un 10% del monto que llega a México todo los años por esta vía; es decir que de los casi 65 mil millones de dólares del 2024, unos 6.5 mil millones podrían verse afectados al cierre del 2025.
El efecto que esa baja tendrá en los estados y municipios que generan gran parte de su actividad económica gracias a las remesas, y para el consumo y el crédito en el país, es todavía incalculable, pero de que habrá un buen golpe para la economía, es un hecho.
Posdata 2
El que está que no cree en nadie es el peso mexicano, luego de que este miércoles alcanzó su mejor nivel en más de nueve meses y perforó el piso de las 19 unidades, al cotizarse en 18.9 pesos por dólar.
La apreciación de la moneda mexicana tiene que ver con el debilitamiento generalizado del dólar, tras conocerse que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron poco el mes pasado, además del avance en los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China.
Los analistas coinciden en que la apreciación del peso se debió a un mayor apetito por el riesgo en el mercado cambiario, ante las noticias de acuerdos comerciales por parte de Estados Unidos con sus principales socios comerciales: con China, por un lado, y presumiblemente también con México en cuanto al acero y el aluminio.
Posdata 3
La contratación de las empresas “Sistemas Prácticos en Seguridad Privada” y “Asistencia y Supervisión”, para vigilar los recintos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y el resto del país, le costó a Pedro Velázquez Castro su puesto como titular de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural del organismo que dirige Diego Prieto.
El funcionario quiso sustituir a la Policía Auxiliar de la capital por elementos de compañías privadas y, tras el relevo, fue obvia la falta de personal, por lo que los Museos Nacionales de Antropología e Historia, de las Intervenciones, el Castillo de Chapultepec, el del Templo Mayor y el de El Carmen, entre otros, tuvieron que mantener sus puertas cerradas.
La novedad ahora es que hay otras dependencias y organismos públicos que recientemente han confiado también en los servicios de estas compañías y les han otorgado millonarios contratos; por ejemplo, la CFE de Emilia Calleja Alor otorgó a “Sistemas Prácticos en Seguridad Privada” 13 contratos por un monto de 692 millones de pesos para colocar en sus instalaciones servicios de seguridad privados con guardias de élite.
@MarioMal
