Pemex dará un viraje ideológico y entrará de lleno al shale gas de la mano de inversionistas privados, en un esquema de contratos mixtos que rompe con el dogma energético de los últimos sexenios, particularmente el de Andrés Manuel López Obrador. Lo que hace apenas unos años era tabú —la fracturación hidráulica o fracking— ahora se presenta como una necesidad de soberanía y como el único salvavidas de la empresa, ahogada en deudas y con reservas en niveles mínimos históricos.

En Hacienda y en Pemex reconocen que México no puede seguir dependiendo del gas importado desde Texas, que cubre más del 70% del consumo nacional, porque cada interrupción, como la tormenta invernal Uri en 2021, paraliza industrias y pone en jaque al sistema eléctrico.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya autorizó las primeras pruebas en Coahuila, en la frontera del Río Bravo, donde un contrato de servicios en la zona de Olmos conecta con la formación Eagle Ford, uno de los epicentros del boom energético estadounidense. En gobiernos pasados se perforaron 25 pozos; ahora se busca retomar la apuesta.

En documentos oficiales, el viraje ideológico aparece como “yacimientos de baja permeabilidad”, pero se trata, en realidad, del satanizado shale gas. El tecnicismo busca evitar la confrontación con López Obrador, pero el plan es avanzar en proyectos de fracturación hidráulica con esquemas de colaboración que garanticen pagos a proveedores, rentabilidad desde el inicio y un reparto de riesgos más justo. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ya levantó la mano, convencido de que el gas puede detonar un desarrollo sostenible en su estado, mientras que el excedente se exportará a través de un gasoducto bajo el Río Bravo hacia Estados Unidos.

En paralelo, Hacienda y Pemex diseñan la apertura controlada a la inversión privada. Los altos funcionarios de Pemex reconocen que la empresa necesita esquemas mixtos con privados, con contratos que aseguren rentabilidad y certeza de pago. Actualmente hay 11 proyectos listos bajo este modelo y la meta es superar los 40. Entre ellos destaca un acuerdo con una compañía australiana, con una participación 51-49%, que busca producir 52 mil barriles diarios. La Presidenta autorizó abrir zonas para que el sector privado trabaje con Pemex bajo un esquema de operación compartida, pero con control estatal garantizado. La meta sexenal es que 93% de la producción quede en manos de Pemex y 7% en el sector privado, pero puede cambiar conforme se vaya avanzando en el plan.

La diferencia con la reforma energética de 2013-2014 es que no se trata de licitaciones abiertas a operadores internacionales, sino de contratos diseñados por Pemex, pensados para dar certidumbre de pagos y evitar que la falta de liquidez descarrile los proyectos. Banobras será uno de los vehículos que financiará a proveedores y garantizará ciertos flujos.

En el gobierno se admite que México no tiene margen fiscal para sostener por sí solo los proyectos de exploración compleja. La apuesta es usar al capital privado como palanca, pero sin soltar el control político de los hidrocarburos. Es una hibridación silenciosa en la que Pemex sigue siendo el actor dominante, pero acompañado de socios estratégicos que absorban parte del riesgo financiero y tecnológico.

Como contexto están los pésimos datos de producción que heredó la gestión de Octavio Romero y las anteriores; ésta ha caído de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a alrededor de 1.6 millones.

México tiene una de las mayores reservas potenciales de shale del mundo. La Administración de Información Energética de Estados Unidos calcula más de 545 billones de pies cúbicos de gas técnicamente recuperables, en su mayoría en la cuenca de Burgos y Sabinas, justo en la frontera con Texas. Sin embargo, por razones ambientales, sociales y políticas, el desarrollo ha sido mínimo.

Hoy, en cambio, se reconoce que la supervivencia de la petrolera depende de ello. “Tenemos que hacerlo hasta por soberanía energética”, dicen en Palacio Nacional.

Posdata 1

Previo a una nueva ley en materia de telecomunicaciones que se avecina y con la puesta en marcha de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Merino, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) se prepara para un relevo clave en su Consejo Directivo este noviembre.

Los nombres que suenan para dirigirlo son Adrián Laris Casas, Karen Sánchez Abbott, Mariana Quiñones Serna, Luis Maccise Uribe y Francisco Aguirre, los cuales reflejan el choque de intereses entre grupos emergentes y tradicionales que buscan influir en la ruta de la política digital del país.

La sucesión definirá el tono de la relación de la industria con el nuevo regulador y con un mercado publicitario en reacomodo. Si el próximo presidente del Consejo logra tender puentes con la Agencia de Merino y con la futura Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la CIRT podría reposicionarse como un contrapeso efectivo en la conversación digital. Si no, corre el riesgo de ser arrinconada en un sector que cada vez se mueve más rápido hacia el ecosistema de plataformas tecnológicas y menos hacia la radio y la televisión tradicionales.

Posdata 2

Hace unas semanas di cuenta de la transferencia de recursos que en 2020 recibió el INFOTEC, organismo que depende de la Agencia de Transformación Digital, desde donde se pretende proveer a las diferentes dependencias del gobierno federal de servicios como el uso de su centro de datos, y el desarrollo de plataformas tecnológicas. A través de un convenio de colaboración autorizado por la Secretaría de Hacienda se destinaron 650 millones de pesos para la elaboración de un software que facilitara el cobro de impuestos en actividades de comercio exterior.

Dicho centro de investigación no es el primer proyecto que no ha funcionado. Durante la administración del expresidente López Obrador se le asignaron al INFOTEC varios contratos, cuyos resultados fueron negativos.

En aquel entonces recibió 49 contratos de diferentes secretarías, entre ellas la de Comunicaciones y Transportes, Turismo, Relaciones Exteriores, y el Banco del Bienestar, al que no pudo desarrollarle el core bancario, por lo que fue necesario subcontratar a otra empresa.

Con estos antecedentes no se entiende cómo es que el gobierno de la presidenta Sheinbaum sigue apoyando su permanencia cuando los proyectos que ha realizado han sido deficitarios. Derivado de esta información, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, por conducto de su vicecoordinador económico Héctor Saúl Téllez, pedirá la comparecencia de los titulares de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino, y del Infotec, Federico González Waite, para esclarecer el uso de los 650 millones que le fueron transferidos en 2020.

Posdata 3

En la Administración Portuaria de Lázaro Cárdenas hay malestar entre las empresas que han participado en las convocatorias públicas para proveer servicios como la habilitación y mantenimiento de zonas de rodamiento, complementos estructurales en el puente vehicular del acceso al puerto, así como en la licitación pública número 013178002-027-2025 para el Desarrollo de la Isla de la Palma del puente palma norte I y II.

Y es que tal parece que los funcionarios de este puerto ya decidieron cuáles serán las empresas ganadoras, pues en un lapso no mayor a cinco días se publicará el resultado.

Algunos participantes en los procesos solicitaron al Órgano Interno de Control y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, estar atentos ante lo que podría ser una serie de licitaciones a modo, con incrementos en los costos, pues se afirma que son concursos diseñados para beneficiar a amigos cercanos a los funcionarios.

Asimismo, hicieron un llamado a Heliodoro Álvarez Hernández, director del Puerto de Lázaro Cárdenas, para que revise los procesos ya que los requisitos fueron casi nulos, como el hecho de no contar con la experiencia necesaria en la prestación de servicios portuarios.

Posdata 4

El antiguo basurero convertido en el Parque Esperanto de Tijuana acaba de poner a Baja California en el mapa mundial de la regeneración urbana. El espacio, que se convirtió en un pulmón verde con más de un millón de visitantes desde su apertura, recibió el premio Outstanding New Park Project Award for the Latin America Region de World Urban Parks, un reconocimiento que reconoce el diseño sustentable y la capacidad de transformar la vida comunitaria desde el urbanismo.

El galardón será entregado en el World Urban Parks Symposium 2025 en Estambul, Turquía, y convierte al parque en un modelo replicable de infraestructura verde: más de dos mil árboles, 15 mil arbustos y 20 mil metros cuadrados de pasto natural, que además de revertir la degradación ambiental, consolidan un espacio cultural, deportivo y familiar.

El Parque Esperanto se convirtió en una vitrina internacional para Tijuana y para Baja California, que gobierna Marina del Pilar.

@MarioMal

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