El pleito del gobierno federal contra el empresario Ricardo Salinas Pliego está en uno de sus niveles máximos, a punto de explotar, con desenlaces impredecibles por lo delicado del asunto: un presunto adeudo fiscal multimillonario que ha ido aumentado muy rápidamente –pasó de 11 mil millones de pesos a 74 mil millones, según las administraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria Claudia Sheinbaum– y un magnate que al parecer está dispuesto a todo para evitar un doble pago, o lo que considera abiertamente como “un robo”. El tamaño de la disputa es inédito. En juego está la tercera fortuna más grande del país y, por el otro lado, el movimiento de la 4T y el legado Sheinbaum, además de que el tema podría trascender las fronteras mexicanas.

La relación entre Ricardo Salinas Pliego y el expresidente y fundador de la llamada 4T, Andrés Manuel López Obrador, era buena al inicio del gobierno pasado. Tanto así que el exmandatario aceptó la propuesta del magnate de crear un Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia en el que participarían algunos de los hombres de negocios más cercanos al político tabasqueño, entre ellos el propietario de Grupo Salinas.

Las cosas comenzaron a enturbiarse cuando desde el Servicio de Administración Tributaria, encabezado entonces por la ahora secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, y la Procuraduría Fiscal se comenzó a perseguir a particulares, principalmente a empresarios y sus corporativos con juicios fiscales pendientes. A punta de órdenes de aprehensión y mensajes de rudeza desde la Presidencia de la República, el gobierno empezó a recaudar dinero: 8,290 millones de pesos de América Móvil, 8,079 millones de Walmart de México, 8,790 millones de Femsa, 4,500 millones de Minera Fresnillo, 2 mil millones de Grupo Modelo, 669 millones de IBM México y así otras más.

En varios casos, el gobierno federal no pudo recuperar el dinero y emitió órdenes de aprehensión contra los empresarios. Uno de los casos más sonados fue el de Interjet, de la familia Alemán, contra quienes se abrieron juicios penales, a pesar de que uno de ellos, Miguel Alemán Magnani, formaba parte del Consejo Asesor Empresarial del entonces presidente López Obrador.

Con Ricardo Salinas Pliego, además de los temas fiscales, se abrieron otros frentes con el gobierno: la crítica férrea por la política educativa, la corrupción, el dispendio de recursos públicos en proyectos de infraestructura con muchas irregularidades operativas, contractuales y financieras, entre otros pleitos de corte ideológico y personales. Desde entonces, la relación lucía como irreparable, y con el paso del tiempo esa teoría se ha confirmado: es prácticamente imposible un acuerdo como el que en su momento le planteó el expresidente López Obrador al empresario Salinas Pliego, pero que el primero incumplió, a decir del empresario.

La revuelta del gobierno contra el Grupo Salinas ha sido explosiva: De adeudar unos 11 mil millones de pesos, un año después, en marzo 2024, el SAT informó que el conglomerado ya debía 63 mil millones, derivado de 17 juicios fiscales correspondiente a los años 2008‑2018. Durante el primer gobierno federal de la 4T se emitieron créditos adicionales por 10 mil millones. Desde entonces, López Obrador presionó al Poder Judicial a emitir una respuesta, pero el caso fue heredado al gobierno de Sheinbaum, quien en diciembre pasado aseguró que Salinas Pliego “va a tener que pagar los impuestos que debe”. “La justicia llega”, agregó. La noticia más reciente se dio la semana pasada, cuando a través de la Procuraduría Fiscal se exhibió que Grupo Salinas debe aún más dinero: 74 mil millones de pesos, para lo que solicitó expresamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva los casos y que si no sería la próxima SCJN, que entrará en funciones en septiembre, la que lo haría.

El choque de trenes está por suceder. Salinas Pliego, con sus empresas y sus 20 millones de clientes está dispuesto a enfrentarse con la Presidenta y con todo el Estado Mexicano, que, en el contexto y coyuntura actual, podría perder mucho más de lo que ganaría, sobre todo si en su afán de obtener el dinero del Grupo Salinas decide girar órdenes de aprehensión, retirar concesiones públicas o intervenir empresas. Sería contraproducente para el gobierno, por ejemplo, quitarle la concesión a TV Azteca, por el mensaje que enviaría al mundo (un paso que ni siquiera se atrevió a dar a AMLO), y ni qué decir del Banco Azteca, Totalplay o cualquiera de las otras empresas del grupo. El gobierno estadounidense parece estar también muy vigilante del desenlace de este pleito. Hay mucho en juego para el gobierno de Sheinbaum.

Posdata 1

El caso de Alfonso Romo y su casa de bolsa Vector está cada vez más pantanoso. Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vía el FinCEN y bajo la ley antidrogas FEND Off Fentanyl Act, identificó a Vector como “entidad de primaria preocupación por lavado de dinero” por facilitar flujos a cárteles como el de Sinaloa, el CJNG y el del Golfo, y operar pagos a China para adquirir precursores de fentanilo, la institución ha recibido decenas de solicitudes para retirar sus inversiones o trasladarlas a otra casa de bolsa. De por sí Vector ya venía con grandes problemas financieros, despidos masivos de empleados, y con acusaciones de lavado de dinero por parte de bancos estadounidenses, ahora el panorama parece ser inevitable la quiebra.

Sin embargo, ese quizá sea el menor de sus problemas. Está por verse cómo va a terminar la intervención administrativa que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la mano de la Secretaría de Hacienda, y sobre todo la acusación del gobierno de Estados Unidos. Los 40 millones de dólares que, según el FinCEN, habrían sido canalizados por Vector a las cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, abren toda una caja de pandora sobre uno de los funcionarios y hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. El trasfondo político es explosivo y puede llegar hasta el exmandatario.

Un ingrediente adicional es Adalberto Palma Gómez, quien fue presidente de la CNBV de diciembre 2018 a marzo 2020 y, tras dejar el cargo, se incorporó al gabinete de inversiones de Alfonso Romo en la Oficina de la Presidencia de AMLO. Su vínculo con Vector Casa de Bolsa fue a través de Unifimex, asociación que agrupa a casas de bolsa, entre ellas Vector, la cual presidió hasta marzo del 2025.

En su rol como presidente de Unifimex (Unión de Instituciones Financieras Mexicanas), Palma Gómez representó a la casa de bolsa fundada por Alfonso Romo, por lo que ejerció, entre otras cosas, funciones de cabildeo en favor de los intereses de Vector. Es decir que quien se supone que debía supervisar la actuación de las casas de bolsa, incluida la de su amigo, Poncho Romo, no sólo no hizo bien su trabajo, sino que después se fue a trabajar con él, cabildeando y viendo por los intereses de Vector. Un verdadero escándalo.

Posdata 2

Otra escándalo que sacude a la llamada 4T son los nombramientos para ocupar cargos internacionales de dos exfuncionarios que fueron protagonistas del deterioro del sector salud del país durante el sexenio pasado, que llevó a la falta de medicamentos y la muerte por exceso de cientos de miles de personas en la crisis del Covid-19,

La semana pasada, el extitular del fallido Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), Juan Antonio Ferrer, fue ratificado por el Congreso como el nuevo embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), mientras que trascendió que el exsubsecretario de Salud del gobierno de López Obrador, Hugo López-Gatell, encargado de establecer las políticas de salud durante la pandemia, será el próximo representante de México ante la Organización Mundial de Salud (OMS). La noticia la reveló otra de las exfuncionarias más cuestionadas de la pasada administración, la extitular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, aunque ni la Secretaría de Salud ni el Senado han confirmado tal nombramiento.

¿Por qué la Presidenta Claudia Sheinbaum aceptaría o designaría tales cargos, sobre todo porque ahora su gobierno ha tenido que enfrentar críticas y reclamos públicos sobre la mala situación del sector salud público y el desabasto de medicamentos?

De López-Gatell basta decir que durante su gestión, y como encargado de gestionar la estrategia para enfrentar la pandemia del Covid-19, el promedio de muertes en México fue de 788 mil, lo que implica un subregistro cercano al 60‑70%.

La cifra oficial que se reportó fue de 335 mil muertes, pero el subregistro elevó el número real a cerca de 788 mil. En términos absolutos, México se situó entre los cuatro países con más muertes por Covid-19.

Y sobre Ferrer basta decir que el Insabi, que inició funciones en enero de 2020 y fue eliminado oficialmente en abril del 2023, fue un rotundo fracaso. La combinación de mala planeación, inexperiencia, financiamiento insuficiente, irregularidades en compras y desabasto generalizado explican el fracaso estrepitoso de dicho organismo. Y ahora, como si fuera un premio, a Ferrer lo mandan a vivir a París.

Posdata 3

En el ISSSTE, que encabeza Martí Batres, se registran muchas irregularidades en la adjudicación de contratos. Un ejemplo de ello es la forma en la que se otorgaron dos partidas por más de mil millones de pesos a las empresas Ocram Seyer-Wilk. Se trata del concurso LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025, correspondiente al servicio especializado de aseo, higiene y desinfección en unidades médicas, el cual fue firmado por Sofía Maldonado Hernández, a pesar de que sus poderes de representación legal habían sido revocados desde el 10 de junio de 2024, según consta en el Registro Público de Comercio de la CDMX. De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, esta omisión invalida el contrato firmado en 2025 y debería motivar su nulidad.

En su lugar, Gabriel Rosas Rivera fue nombrado nuevo administrador único, y Sonia Ferreira Álvarez fue designada comisaria. Aun así, el contrato fue firmado por una persona que ya no contaba con personalidad jurídica vigente, lo que constituye una violación legal grave. Es posible que la Unidad de Administración y Finanzas, encabezada por Omar Butrón Fosado, no haya detectado la revocación de poderes; sin embargo, conforme a la ley de compras públicas esta omisión representa una falta seria al no haberse acreditado debidamente la representación legal de la empresa contratista.

Ocram Seyer-Wilk ha sido denunciada por sus propios empleados subcontratados en hospitales del ISSSTE y del IMSS, quienes habrían reportado impagos sistemáticos, falta de prestaciones, despidos por exigir sus derechos, escasez de insumos y equipo, así como condiciones laborales precarias en general.

@MarioMal