Por primera vez desde que se echó a andar la maquinaria e implementación de la Reforma Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió tomar las riendas para destrabar la votación en el INE sobre los futuros jueces y magistrados de circuito que no cumplieron con los requisitos académicos o con los promedios solicitados. También en esta etapa se ha despertado el apetito del senador Adán Augusto López, quien, junto con dos aliadas busca controlar a los árbitros electorales con miras a la elección intermedia de 2027.

Las vicisitudes de la relación bilateral con Estados Unidos, con una montaña rusa de aranceles, investigaciones contra funcionarios de Morena y contra instituciones financieras, obligaron a la Presidenta a delegar responsabilidades a sus pocos operadores políticos que tiene, pero estos le entregaron malas cuentas. El resultado general es que al INE, que preside Guadalupe Taddei, se le han complicado las sesiones de validación de las elecciones, por las irregularidades que representan temas como la distribución de los acordeones electorales y la detección de aspirantes ganadores en las urnas que, ahora se sabe, no cumplieron con los requisitos que marca la Constitución.

Este último tema, el de los aspirantes a jueces y magistrados que no alcanzaron promedio mínimo de ocho o de nueve en las materias relacionadas con su especialización, terminó por colmar la paciencia de Sheinbaum, quien decidió lanzar una amenaza al INE, por lo que considera una extralimitación en sus responsabilidades. El mensaje fue el anuncio de una próxima reforma electoral, diseñada para desaparecer al órgano autónomo, pero suavizada en los últimos días de la semana, luego de que se conocieran las intenciones de una mayoría de consejeros de terminar validando la elección de magistraturas.

En una decisión dividida, el órgano electoral declaró vacantes 24 lugares de magistraturas y las cosas apuntan a que el INE conservará su autonomía, aun con la aprobación futura de una reforma electoral que tendrá como prioridades eliminar la lista de legisladores plurinominales y abaratar los costos de los comicios. También se perfila hacia un escenario en el que la Presidenta pierda otra vez de vista los procesos “democráticos” por dejar el control de los árbitros de las contiendas en colaboradores que tienen intereses propios y que hasta cierto punto se consideran sus detractores. Es el caso del coordinador de la bancada morenista en el Senado, Adán Augusto López.

Uno de los acuerdos a los que llegó el INE en los últimos días es el que otorga facultades al Senado para definir la rotación de los presidentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como resultado de una negociación entre el exsecretario de Gobernación, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la actual cabeza del tribunal, Mónica Soto. Los tres convinieron en dejar la decisión al órgano que lidera el coordinador de los senadores morenistas para impulsar como futuro presidente del TEPJF al magistrado Gilberto Bátiz, quien junto con Claudia Valle resultó ganador de la elección del pasado 1 de junio.

El acuerdo es en detrimento de los llamados “Felipes”: los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, quienes igualmente esperaban recuperar el control del tribunal para ponerlo al servicio de Palacio Nacional, pero ahora tendrán que ver cómo el órgano encargado de validar los comicios responderá a los designios que vienen desde la esquina de la Avenida Reforma e Insurgentes, justo en la antesala de la gran elección del 2027.

Posdata 1

Este jueves, en la residencia oficial del Embajador de Estados Unidos en México se celebró el 249 Aniversario de la Independencia de Estados Unidos. En compañía de su esposa Alina Johnson, el diplomático Ronald Johnson dio la bienvenida a los asistentes y celebró las relaciones entre México y su país, en momentos de alta tensión por los temas de seguridad, migración y aranceles.

Algunos de los asistentes por parte de la iniciativa privada mexicana: Carlos Slim Helú, su hijo Carlos Slim Domit y Héctor Slim; también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes y el presidente de Concamin, Alejandro Malagón. En la parte política, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; el senador Alejandro Murat; el presidente del PRI, Alejandro Moreno; el titular del IMPI, Santiago Nieto, entre otros de los asistentes.

El mensaje del embajador Johnson fue de unidad y reiteró su interés de trabajar de la mano del gobierno mexicano. En su discurso mencionó particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Posdata 2

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reaccionó tarde a la publicación que hizo este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre tres instituciones financieras mexicanas a las que calificó como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero”.

En un comunicado rubricado por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el IPAB, la CNBV informó sobre la “intervención gerencial temporal” de CIBanco e Intercam, dos de las empresas señaladas por el gobierno de Estados Unidos. Siete horas después, hizo lo propio con la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo.

El argumento de la intervención es “proteger los intereses del público ahorrador y acreedores”, lo que no ha hecho en muchos otros casos, sobre todo con las Sofipos. El ejemplo más reciente es el de la empresa CAME. La reacción tardía es porque no debió dejar que Estados Unidos hiciera el trabajo de la CNBV, con todo y el golpe reputacional y de credibilidad para todo el sistema bancario.

Si bien la CNBV tiene facultades y obligación de intervenir gerencial o administrativamente a las entidades financieras que capten dinero de los ahorradores y de inversionistas, ya sea por una cuestión de insolvencia o de investigaciones por presuntas fallas en controles antilavado, como fue el caso de CIBanco e Intercam, también puede y debe hacerlo con las casas de bolsa, como Vector, del empresario Alfonso Romo.

Este último caso es relevante, porque en su comunicado la CNBV no menciona nada sobre el caso de Vector, la institución que también fue señalada por el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro por presuntamente lavar dinero para organizaciones criminales y, además, haber recibido al menos 40 millones de dólares de empresas relacionadas con el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.

Según la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las casas de bolsa en México también pueden y deben ser intervenidas por las autoridades del país si existen indicios de que se han violado las leyes relacionadas con el lavado de dinero.

La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, es decir que el dinero y la administración de los clientes de la casa de bolsa también tenían que ser resguardados en caso de un señalamiento tan grave como el que hizo Estados Unidos contra Vector.

Llamó la atención la tardanza, sobre todo por la relación tan cercana del propietario de Vector, Alfonso Romo, con el expresidente Andrés Manuel López, de quien fue su jefe de Oficina los dos primeros años de gobierno.

Desde el año pasado, Vector ya había dado indicios de irregularidades, cuando el Mellon Bank se negó a ser su corresponsal en el intercambio de dólares después de detectar que enviaba recursos procedentes de actividades criminales.

Estas alertas ponen en riesgo al sistema bancario y financiero mexicano, simplemente porque son apenas un aviso de lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer contra cualquier entidad financiera de la que sospeche que participa, directa o indirectamente, en el blanqueo de capitales o que tiene relación con el crimen organizado. Ahora fueron dos bancos relativamente pequeños y una casa de bolsa, pero mañana podría ser otra institución cuyo golpe reputacional sí sea un riesgo sistémico.

Posdata 3

Con la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia ya aprobada en la Cámara baja, será tarea del Senado continuar con el debate sobre si las instituciones de seguridad del país, léase la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, a cargo de Omar García Harfuch y Hernán Cortés, respectivamente, podrán crear o no un sistema para interconectar datos públicos y privados.

Por lo pronto, el Partido Verde Ecologista de México respaldó la iniciativa. El diputado federal Eruviel Ávila consideró que el proyecto de ley abrirá la puerta a utilizar la tecnología para identificar patrones de conducta y datos estratégicos para intentar inhibir la comisión de delitos, es decir, apostar por la prevención.

@MarioMal

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