Desde que Edgar Amador asumió como secretario de Hacienda el pasado 8 de marzo, la narrativa económica y financiera del gobierno de Claudia Sheinbaum dio un giro técnico y político. Alejado de improvisaciones y cargas ideológicas, Amador ha operado con pragmatismo financiero y control quirúrgico sobre los principales frentes fiscales del país. En solo seis meses, logró estructurar el rescate más ambicioso y discreto que haya tenido Pemex en los últimos siete años, consolidó su propio equipo en algunas de los cargos principales y entregó un Paquete Económico 2026 que, sin ser espectacular, transmite cierta certidumbre.
Hasta ahora la joya de su gestión es Pemex. Con el respaldo político de Sheinbaum, Amador diseñó junto con su equipo un esquema de refinanciamiento fuera del presupuesto: los llamados P-Caps que permitieron la colocación de un vehículo de deuda por 12 mil millones de dólares. Con esos recursos, la petrolera lanzó una oferta de recompra de bonos que cubre vencimientos entre 2026 y 2029 por hasta 9 mil 900 millones de dólares, lo que alivia la presión inmediata sobre las finanzas de la empresa y aleja los fantasmas de un default técnico. Además, se fondeó un fideicomiso de inversión de 250 mil millones de pesos para pagos a proveedores, proyectos prioritarios y oxigenar su deteriorada operación de la empresa.
La respuesta de las calificadoras fue casi inmediato. Fitch elevó la calificación crediticia de Pemex de “B+” a “BB” y mejoró su perfil crediticio independiente. Standard & Poor’s, aunque más cauta, mantuvo la perspectiva estable y reconoció que el nuevo esquema de financiamiento tiene impacto neutral sobre la nota soberana. A diferencia de los rescates anteriores, este no compromete directamente al erario, aunque el pasivo contingente sigue siendo un riesgo. La clave, dicen fuentes de alto nivel en Hacienda, es que se ha ganado tiempo y margen de maniobra. Pemex tiene ya una hoja de ruta para llegar a la autosuficiencia financiera en 2027 y reducir su deuda a cerca de 77 mil millones de dólares hacia el final del sexenio. En una de esas también recupera el grado de inversión.
El golpe de timón no se queda ahí. Amador ha tejido una red institucional con figuras de su entera confianza en los órganos clave del sector financiero. Nombró a Ángel Cabrera, exfuncionario del SAT y técnico con años de experiencia, como presidente de la CNBV. Impulsó a María del Carmen Bonilla, experta en finanzas sostenibles y hasta entonces jefa de la Unidad de Crédito Público, como nueva subsecretaria de Hacienda, cargo que llevaba meses acéfalo. Y logró posicionar a Roberto Lazzeri, su exjefe de oficina y exasesor en el gobierno capitalino, como directivo clave en Nafin-Bancomext. A diferencia de otros secretarios de Hacienda, Amador no se rodeó de políticos ni improvisados: prefirió gente con perfil técnico y visión de largo plazo.
Con ese mismo enfoque entregó –muy noche, por un retraso técnico– el Paquete Económico 2026, el cual al cierre de esta columna aún no se conocía. Se sabe, sin embargo, que no incluye una reforma fiscal, pero sí ajustes quirúrgicos en deducciones, evasión y gasto corriente. No se descarta tampoco que los diputados incluyan un aumento al IEPS a bebidas azucaradas. Se eliminará la deducción de aportaciones al IPAB que beneficiaba a la banca privada, lo que generará más de 10 mil millones de pesos adicionales. También se prevé una mejora en la recaudación aduanera, gracias a la digitalización impulsada por el Infotec y las nuevas reglas de importación energética.
En cuanto a los grandes números, el marco macroeconómico mantendrá un tono moderadamente optimista: crecimiento entre 1.5 y 2.5%; inflación proyectada en 3.5%; tipo de cambio promedio de 19.70 pesos por dólar; y producción petrolera en 1.8 millones de barriles diarios. El presupuesto, por su parte, será austero en términos reales. El gasto programable apenas crecerá respecto a 2025 (6.45 billones de pesos), pero se priorizará lo social —pensiones, becas, subsidios— y se reducirá el déficit hacia el 3% del PIB, luego de haber alcanzado niveles cercanos al 5% este año.
La buena racha de Amador puede explicarse por técnica, pero también por algo de política. Mientras otros secretarios han tenido que lidiar con tensiones internas, él opera con línea directa con Sheinbaum y sin distractores partidistas. Sus críticos lo podrían acusar de tecnócrata; y sus defensores de ser pragmático y apostar al mediano y largo plazos. Lo cierto es que, por ahora, ha logrado estabilizar Pemex, mejorar las calificaciones y perspectivas financieras de la empresa y de México, y está a prueba con su Primer Paquete Económico.
Posdata 1
La tormenta que atraviesa la Secretaría de Marina no se explica únicamente por el escándalo del huachicol fiscal y la reciente detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. En realidad, los nubarrones sobre la dependencia vienen de tiempo atrás y cruzan sexenios. Una investigación de EL CEO publicada en enero de 2025 reveló cómo, entre 2019 y 2024, cuando la institución estuvo bajo el mando del almirante Rafael Ojeda, la Marina adjudicó contratos multimillonarios —al menos 478 millones de pesos— a “empresarios” improvisados, sin experiencia ni infraestructura, que después desaparecían del mapa. Uno de los casos más absurdos fue el de 2021, cuando Daniel Gómez Churón, dueño de un local de chiles en la Ciudad de México, obtuvo contratos por 68 millones de pesos.
Estos hallazgos confirman que los negocios turbios dentro de la Marina no fueron patrimonio exclusivo del sexenio pasado. El patrón continuó incluso tras la llegada en octubre de 2024 del nuevo titular, el almirante Raymundo Morales, quien heredó una dependencia ya señalada y que, lejos de limpiar su imagen, ahora enfrenta la crisis más severa de su historia reciente. El operativo de marzo de 2025, cuando se decomisó un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico, fue la chispa que encendió la investigación que culminó el 7 de septiembre de 2025 con la detención de 14 personas, entre ellas seis marinos en activo y retirados, y el propio vicealmirante Farías Laguna.
La tragedia más reciente llegó este lunes, cuando el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, responsable de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, se suicidó en su oficina tras ser señalado por recibir un soborno de 100 mil pesos para permitir la descarga de un buque con “huachicol” en abril de 2024.
Posdata 2
El caso Ingemar se ha convertido en una bomba legal de largo alcance. La empresa, dedicada a importar combustibles desde Texas, está bajo investigación por haber traficado más de 24 millones de litros de gasolina y diésel mediante pedimentos falsos, facturas apócrifas y bitácoras adulteradas, declarando residuos o aditivos para evadir impuestos. Lo más grave es que todo esto se hizo con permisos vigentes otorgados por la Secretaría de Energía, mientras la red operaba vía carrotanques llenos que solo declaraban el 8% de su capacidad. La punta del iceberg fue el decomiso de más de 15 millones de litros en Coahuila en julio pasado.
Según fuentes con acceso a la investigación, la FGR, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de Seguridad han reunido documentación sólida, como pedimentos alterados, imágenes de rayos X de los ferrotanques, discrepancias fiscales y rutas que evidencian el modus operandi. Se documentó que la empresa texana Belar Fuels Company, usada como fachada para justificar los embarques, no tiene operaciones verificables en Estados Unidos, mientras que la mexicana Ingemar, sin infraestructura propia, tenía autorización para importar casi 500 millones de litros.
Todo esto pone en la mira a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien figura como socio mayoritario de Ingemar desde 2021. Según actas notariales y testimonios de antiguos socios, Ruffo habría tomado control de la empresa en una asamblea cerrada, tras desplazar a los fundadores. Ahora su nombre aparece en la lista de más de 200 órdenes de aprehensión que la FGR empezó a solicitar desde el 1 de agosto.
Si el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere enviar un mensaje de que también van por políticos y exfuncionarios de la oposición este podría ser el caso emblema: el de un exgobernador panista envuelto en una red de contrabando fiscal de combustible.
Posdata 3
La integración del nuevo pleno de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones empieza a mostrar los hilos políticos y personales que mueven al sector. No es casual que en la lista aparezca Álvaro Guzmán, quien además de su trayectoria en competencia económica está casado con Elizabeth Sosa Hernández, recién nombrada directora de Promptel, empresa estatal que, paradójicamente, será regulada por la CRT. Un matrimonio entre regulador y regulado que despierta sospechas sobre conflictos de interés en una industria tan delicada como la de las telecomunicaciones.
Tampoco hay que perder de vista el asiento marcado como “TBD”, que en realidad responde a un recomendado directo de Javier Corral. Se trata de la pieza que el exgobernador y exsenador busca colocar para extender su influencia dentro del órgano. Se habla de nombres como el de Beatriz Solís Leree, con amplio historial en temas de medios y comunicación, o de alguien cercano que le permita a Corral cobrar facturas pendientes y mantener control político sobre un regulador que debería ser independiente.
A Guzmán y al propio Corral se suman Jorge Pérez, de perfil jurídico; Norma Solano, con experiencia en regulación; y Tania Villa, vinculada al sector digital y de consultoría. Todos juntos inauguran la nueva CRT con un perfil híbrido de técnicos y operadores políticos, y con el lastre de llegar señalados por posibles conflictos de interés y deudas políticas.
@MarioMal
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