Con Andrés Manuel López Obrador, el sistema de compras públicas de medicamentos se convirtió en un laboratorio de experimentos fallidos. Primero estuvo Raquel Buenrostro, al frente de la Oficialía Mayor de Hacienda, quien cambió por completo el modelo de adquisiciones para concentrarlo en una sola entidad y cortar de tajo a los distribuidores privados. Luego vino el intento de la UNOPS, el organismo de Naciones Unidas contratado para supuestamente transparentar las compras internacionales, que terminó hundido en burocracia y sobrecostos. Después apareció el Insabi, que centralizó las licitaciones y las perdió entre la opacidad y la corrupción. Luego el IMSS intentó retomar el control, pero las pugnas internas, como las del empresario Fernando Padilla Farfán, operador cercano a Adán Augusto López, acabaron por arrebatárselo. Y ahora el turno es de Birmex, la paraestatal que carga con la responsabilidad de abastecer a todo el sistema nacional de salud y de no repetir los errores de sus antecesores, una hazaña que desde ya se antoja muy complicada.

El problema no es solo de forma, sino de fondo. La presidenta Claudia Sheinbaum presumió este miércoles que el abasto de medicamentos en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar supera el 90%, un avance indiscutible respecto a los años más caóticos del sexenio pasado. Pero detrás de ese número hay una historia de adeudos, incumplimientos y proveedores ahorcados. El gobierno federal arrastra pasivos por más de 14 mil millones de pesos de ejercicios anteriores, y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció esa deuda, fue enfática al decir que “los adeudos no justifican los retrasos en los nuevos convenios”. La advertencia sonó firme, pero los procedimientos siguen siendo difusos y las sanciones inexistentes.

La lista de farmacéuticas que incumplieron fue publicada en septiembre. Son 32 empresas, entre laboratorios y distribuidoras que no entregaron lo comprometido o lo hicieron con meses de retraso. Algunas, como Bioxintegral, registraron 100% de incumplimiento; Productos Farmacéuticos Serral, Comercializadora UCIN, Impulso Integral Popular, Impulsora de Material Hospitalario y Eurofarma de México superaron el 50%; otras, como Accord Farma, Gama Medical Service, Endomedica, Surtidora Médica de Occidente, Pisa, Zurich Pharma, Novag Infancia y Amarox Pharma, acumularon demoras o entregas parciales que afectaron el suministro de tratamientos oncológicos, antibióticos y vacunas. Se les dio hasta el 30 de septiembre para ponerse al corriente, pero el gobierno no ha publicado una lista definitiva de quiénes cumplieron ni de quiénes serán sancionados.

La falta de resultados no se explica solo por el incumplimiento de los privados. También por la incapacidad del aparato público para planear, coordinar y ejecutar. El pasado 10 de septiembre, publiqué en este espacio que la paraestatal va por su tercera gran compra consolidada, luego de dos ejercicios incompletos. En el primero, apenas se adjudicaron 399 de 575 claves; en el segundo, 269 de 280. Los problemas persisten y las instituciones que deben presentar las solicitudes lo hacen tarde o mal, y los contratos terminan adjudicándose a las ofertas más baratas, sin evaluar su capacidad real de producción o distribución. El modelo de subasta inversa, concebido para ahorrar, se convirtió en un coladero de proveedores improvisados.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, asegura que el abasto “se está regularizando” y que algunas de las empresas ya cumplieron, pero no hay documentación pública que lo respalde. Tampoco claridad sobre qué pasará con las que no lo hicieron. Ahora Birmex va por una cuarta serie de licitaciones que podrían redefinir el mapa de los proveedores públicos. Si ahora se hace bien, permitiría excluir a los incumplidos, abrir la competencia y renegociar precios con mejores cláusulas de garantía. Si se hace mal, abrirá otro capítulo de retrasos, amparos e impugnaciones que pondrán en riesgo la continuidad del abasto.

La historia de estos siete años muestra un patrón de experimentos fallidos en el intento de centralizar las compras, cuyo discurso de eficiencia y cero corrupción termina en una trampa, en la que los técnicos ceden ante los políticos, las instituciones pierden capacidad operativa y los proveedores incumplen sin consecuencias. Mientras tanto, los pacientes pagan el costo. La presidenta Sheinbaum intenta reconstruir ese sistema con un enfoque más racional, aunque su administración carga con la herencia de las ocurrencias de su antecesor.

En el fondo, la discusión es si el Estado puede garantizar que sus proveedores entreguen y que los pacientes reciban sus medicamentos. El país lleva siete años ensayando fórmulas que mantienen al sector salud en un círculo vicioso de desabasto y mala praxis. Por cierto: y ¿dónde está el secretario David Kershenobich?

Posdata 1

Este miércoles, el senador chiapaneco del Partido Verde, Luis Armando Melgar, elevó el tono en el Senado y exigió una investigación a fondo sobre los presuntos actos de corrupción, contratos irregulares y desvíos de recursos durante la administración de Rutilio Escandón, así como una revisión inmediata del nombramiento consular otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Melgar pidió poner fin a la impunidad “disfrazada de diplomacia”, remarcando que Escandón vive con lujos en Miami, Florida, mientras enfrenta auditorías federales que documentan más de mil 200 millones de pesos en contratos bajo sospecha. Escandón declaró ingresos anuales por casi 1.5 millones de pesos, pero posee 17 propiedades, entre casas, terrenos y un rancho de 320 mil metros cuadrados; además, reporta más de 2.4 millones al año en rentas, cifras que contravienen por mucho sus percepciones oficiales y revelan un enriquecimiento que no concuerda con su trayectoria pública.

Un personaje que no debe pasar desapercibido es su exsecretario de Salud, el “doctor” Pepe Cruz, quien fue candidato de Adán Augusto López a la gubernatura de Chiapas y hoy funge como senador, quien también está bajo investigación por malos manejos en el sector salud durante el gobierno de Escandón. Los reportes internos apuntan a una red de contratos inflados y empresas fachada conectadas con el empresario Fernando Padilla Farfán, uno de los operadores más visibles del grupo de Adán y pieza clave en el esquema de adjudicaciones médicas del sexenio pasado.

El caso no sólo apunta a Escandón, sino a una práctica sistemática en los últimos años: usar el servicio exterior como escudo para exgobernadores cuestionados, protegiéndolos bajo cargos diplomáticos. Si el Senado decide avanzar, este podría ser el primer caso real de ruptura del pacto de silencio entre la diplomacia y la corrupción de exmandatarios estatales.

Posdata 2

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se convirtió esta semana en el nuevo protagonista de la frivolidad política. Desde el lunes desapareció del radar público, sin pedir licencia, sin agenda y con su equipo de comunicación difundiendo videos viejos para simular actividad. Las sospechas crecieron hasta que ayer reapareció, aunque no en un acto de gobierno, sino abordando un jet privado en Nueva Jersey, acompañado de su familia y un pequeño séquito. El avión, que había salido de Puebla a la 1:26 de la madrugada del lunes, debió haber regresado anoche a las 10:03 p.m.

¿A qué fue a Nueva Jersey?, ¿con qué dinero pagó el vuelo?, ¿y por qué el “gobernador del pueblo” viaja como millonario? La austeridad parece ser un discurso que se quedó en tierra mientras él despega con su familia rumbo a viajes privados. En Puebla, donde la pobreza afecta a más del 40% de la población, las imágenes de Armenta bajando de un jet contrastan con su narrativa de cercanía y sencillez… y choca con el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien se fotografía cada que tiene oportunidad para mostrar una supuesta cercanía.

Cada vez más, el estilo de Armenta recuerda al del exgobernador Mario Marín, “El Gober Precioso”, con quien comparte origen político y cierta afición por los lujos. Algo le ha aprendido a su secretario de Gobierno, José Luis García Parra, mejor conocido como “El Choco”, quien gusta de viajar en aviones privados.

El episodio del jet privado es más que un desliz de imagen de Armenta; es una señal preocupante del tipo de liderazgo que emerge en algunos gobiernos estatales de la 4T.

Posdata 3

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México, que encabeza Hilda Salazar Gil; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a cargo de Víctor Romero Maldonado; y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dirigida por Raquel Buenrostro, recibieron denuncias ciudadanas sobre un posible intento de extorsión a varios proveedores del gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez.

A quien señalan directamente es a Luis David Fernández Araya, quien fungió hasta noviembre de 2024 como subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno mexiquense.

Antes de incorporarse a la dependencia, laboró como enlace en la Auditoría Superior de la Federación y, en 2019, encabezó el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Alfredo del Mazo. A lo largo de su trayectoria en el servicio público ha ocupado cargos como tesorero municipal en Huixquilucan y Tlalnepantla, director de Talleres Gráficos de México y fue diputado federal.

Meses previos a su renuncia, difundió en sus redes sociales la conformación de dos paquetes de denuncias penales en contra de exfuncionarios del gobierno mexiquense como parte de las estrategias para atacar la corrupción en la entidad. Sin embargo, esto nunca ocurrió, pues las dependencias mexiquenses lo negaron por medio de solicitudes de transparencia, según reportaron medios locales.

De confirmarse los señalamientos contra Fernández Araya, corresponderá a las autoridades federales y estatales proceder con el rigor que exige un caso de esta naturaleza. La investigación continúa en curso y serán las instancias competentes las que determinen la veracidad de las denuncias y, en su caso, establezcan las responsabilidades que resulten procedentes.

@MarioMal

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