Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años que complementaba sus ingresos manejando un taxi, fue privada de la libertad el 18 de julio en Álamo, Veracruz. Días después circuló en redes sociales un video donde se le ve arrodillada, rodeada por criminales armados. En la grabación, Irma pide a sus compañeros que paguen la cuota a la organización criminal para que no terminen como ella. La frase que le obligaron a pronunciar “con la mafia veracruzana no se juega” es tan contundente como terrorífica. El día 25 apareció muerta a la orilla de la carretera.

Rocío Nahle, gobernadora del estado, intentó minimizar los hechos. Aseguró que Irma murió de un infarto y llamó miserables, no a los criminales, sino a quienes se atrevieron a cuestionar la versión oficial. La morenista se equivoca, Irma murió de terror, el infarto fue solo la consecuencia.

¿Cuántas Irmas más necesitamos para que el Estado entienda que la extorsión es el secuestro de la economía familiar? Y que solo termina cuando la víctima cierra el negocio, deja de trabajar o la matan.

Esta semana, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alzó la voz nuevamente. Denunció que tan solo en el primer semestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas de extorsión en México; es un aumento exponencial, aunque sabemos que esta cifra proveniente de fiscalías estatales es apenas una fracción del problema, se estima que el 98 % de los casos se ocultan en la cifra negra. Irma es una de esas víctimas invisibles.

Coparmex advirtió que la extorsión es el delito de más rápido crecimiento y el más devastador para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en estados como Guanajuato, Morelos y el Estado de México. Reconoció como positivas propuestas del gobierno federal, como la aprobación de la Ley General de Extorsión, la creación de Unidades Antiextorsión o la promoción de la línea 089. Todas son importantes, pero siguen siendo insuficientes.

Lo que está viviendo la gente en el Estado de México, tras el operativo “Liberación”, es ilustrativo. Fue un golpe necesario y significativo contra una red criminal que había convertido los mercados locales en economías ficticias dominadas por la extorsión.

Sin embargo, el operativo se quedó a medias; tras los cateos, las autoridades se retiraron y dejaron a la población a su suerte. En las construcciones, los albañiles fueron mandados a descansar porque las minas de arena y grava están clausuradas, y las casas de materiales están bajo investigación. Los criminales que no fueron detenidos o que dejaron libres después de detenerlos prohibieron a los maestros de obra trabajar hasta que, según ellos, “lleguen a un arreglo” con las autoridades. Mientras tanto, los alimentos básicos siguen a precios exorbitantes; el kilo de huevo en 70 pesos, la tortilla en 28, cuando en la Ciudad de México se venden en 55 y 23 pesos, respectivamente.

Sin cambios en las estructuras institucionales, jurídicas y políticas, este tipo de operativos no son más que paliativos temporales. Es necesario exigir una estrategia de largo plazo, que incluya, sí, una legislación homologada, pero también vigilancia sobre las estructuras financieras, el compromiso político de romper las alianzas entre crimen organizado y corrupción pública; y un mayor presupuesto para seguridad y justicia en los estados, como también señaló Coparmex.

Hoy más que nunca es imperativo que otros grupos empresariales se manifiesten y que no normalicen la violencia. No debemos permitir que otros ciudadanos se arrodillen frente a las cámaras de los criminales, ni frente a gobiernos corruptos e inútiles como el de Veracruz.

¿Escuchará el gobierno a los empresarios? No lo sabemos. Quizá, como en el caso de Irma Hernández Cruz, digan que todo es “natural”. Que los negocios mueren por gusto.

Presidenta de Causa en Común