México no vive una guerra civil, pero sí una captura progresiva del Estado por redes criminales. Lo que antes podía explicarse como gobiernos locales sometidos y policías abandonadas o corruptas, hoy se revela como un sistema de macrocriminalidad que alcanza a varias secretarías federales. La extorsión se ha convertido en el impuesto criminal nacional, imposible de sostener sin la omisión —cuando no con la protección— de legisladores, dirigentes partidistas y gobiernos locales; mientras tanto, el huachicol fiscal no puede existir sin la complicidad de aduanas, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las propias Secretarías de Defensa, Marina, Gobernación y Hacienda. México enfrenta una gobernanza dual a nivel local y federal, con instituciones que operan en paralelo, unas para la ciudadanía y otras para sostener los negocios criminales.
La extorsión es el impuesto criminal nacional. Desde el pequeño comerciante que paga por sobrevivir hasta los empresarios que entregan porcentajes de contratos o permisos. Suman millones de mexicanos que viven bajo un sistema de cobro paralelo que sustituye al Estado, algunas veces impuesto por grupos criminales y otras por funcionarios corruptos. Lo mismo ocurre con el desplazamiento forzado, que expulsa comunidades enteras para asegurar rutas o recursos, sin que exista un mínimo de protección gubernamental. Y en la política municipal, los asesinatos de alcaldes y candidatos confirman que el poder local se ha convertido en el botín para administrar rentas criminales.
Por su parte, el alcance del huachicol fiscal, con participación de políticos, operadores financieros y empresas, muestra hasta dónde llega la colusión. O ¿alguien cree que Adán Augusto López, como secretario de Gobernación, no sabía lo que pasaba en sus narices? ¿O que Audomaro Martínez, desde el CNI, ignoraba los circuitos criminales que hoy se investigan? ¿O que Mario Delgado, como presidente de Morena, desconocía los financiamientos oscuros que aceitaban las campañas? La colusión no es marginal, es parte del diseño político y estratégico de quienes ocupan cargos de poder.
En este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum presionada por Estados Unidos intenta navegar entre dos fuegos: mostrar resultados ante Washington y al mismo tiempo mantenerse fiel a quienes la llevaron a la presidencia y forman parte de este entramado. Su ambigüedad refleja un país atrapado en una contradicción brutal: rescatar a las instituciones o terminar de normalizar un modelo de gobierno basado en economías criminales.
El discurso oficial se aferra a su conocido guion “nosotros no somos corruptos y no protegemos a nadie”. Pero, llama la atención que en días recientes repiten con insistencia, “México ya cambió y el pueblo lleva al presidente López Obrador en el corazón”. Si fuera cierto, ¿para qué subrayarlo una y otra vez? Quizá es porque existe evidencia de que él permitió la red de macrocriminalidad del huachicol fiscal y buscan lavarle la cara antes de que se filtre.
Para la Presidenta, romper esta duplicidad exige mucho más que discursos. Requiere voluntad política para crear un mecanismo de justicia transicional independiente; limpiar desde arriba —investigando y procesando a quienes hoy se asumen intocables— y dar protección real a quienes denuncian. Y, desde abajo, reconstruir la justicia poniendo en el centro a las víctimas; implica enfrentar la extorsión y la corrupción como prioridades nacionales. Y significa rescatar a policías y ministerios públicos con presupuestos reales y controles efectivos.
México ha demostrado antes que puede construir instituciones; lo hizo al reformar la justicia, al crear cuerpos policiacos profesionales, al diseñar un sistema anticorrupción, pero hoy están destruidos. Empero ahora no se trata de avanzar, sino de evitar que el Estado sea devorado por completo. La esperanza es que todavía haya margen para reaccionar. La pregunta es si el gobierno se atreverá a romper los pactos de impunidad que sostienen a los negocios criminales.
Presidenta de Causa en Común
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