Prácticamente desde que a López Obrador se le ocurrió la Reforma Judicial y hasta que rindieron protesta las nuevas personas juzgadoras, desde la tribuna presidencial y sus vocerías se ha intentado convencer a la ciudadanía de que el problema de justicia en México se debía a los ministros, jueces y magistrados. El relato era simple: ellos eran los villanos. No había pasado ni un mes de que asumieran el cargo los nuevos jueces electos por voto popular, cuando la presidenta Sheinbaum presentó una iniciativa para modificar la Ley de Amparo. El nuevo gobierno necesitaba un enemigo y, cuando ese guion se agotó, pasó a remodelar el escenario jurídico a su conveniencia.
El amparo, ese recurso que durante más de un siglo ha servido como salvaguarda frente a los abusos de la autoridad, podría ver limitados sus alcances con esta reforma. El discurso oficial presume avances en la agilización de plazos: por ejemplo, se propone que la sentencia se dicte en un máximo de 60 días contados desde la audiencia constitucional. Una medida razonable, sin duda. Palomita para la forma, aunque nada cambia el fondo: el verdadero interés del gobierno está en acotar la capacidad de la ciudadanía para frenar sus excesos.
El primer punto preocupante es la restricción al concepto de interés legítimo. Este ha tomado años en desarrollarse y ha permitido que personas no directamente afectadas pudieran defender causas colectivas o bienes comunes. Con la reforma, la persona que reclama deberá probar una lesión jurídica real, actual y particular. En otras palabras, si usted no vive en la península, no puede quejarse de que arrasen con sus selvas para un tren. Si no respira el aire contaminado de la refinería, tampoco puede interponer recurso. Una regresión evidente que busca blindar las grandes obras y dejar inerme a la ciudadanía.
El segundo candado se dirige a la suspensión, la medida cautelar que puede detener un atropello mientras se resuelve el fondo del asunto. A la 4T le fascina la prisión preventiva oficiosa —que mantiene a personas encerradas sin sentencia—, pero le incomoda que la suspensión sirva para frenar proyectos o liberar a alguien injustamente privado de libertad. Con la reforma, la suspensión solo permitirá que el acusado quede a disposición del juez de amparo, sin recuperar la libertad. Es decir: jueces electos por el pueblo para decidir… pero sin capacidad real.
El contraste se vuelve grotesco cuando recordamos lo publicado recientemente: dos de los hijos de López Obrador, entre ellos Andy, obtuvieron una suspensión para no ser arrestados. Aunque más tarde él y un abogado salieron a negar que fueron ellos quienes metieron el amparo, sin anunciar algún tipo de desistimiento. Sin embargo, el fondo es el mismo: para Andy y compañía, el amparo opera como escudo familiar; para el resto de los ciudadanos, se convierte en un obstáculo mutilado por decreto. Las suspensiones que les estorban son las que quieren reformar, las otras, las que los protegen, quedarán intactas.
¿No era que el amparo estaba viciado porque lo usaban las élites? Resulta que cuando conviene, en Palacio Nacional también saben desempolvarlo. La iniciativa no busca mejorar la justicia, sino domesticarla. Es un intento de amarrar a los jueces y desarmar a la ciudadanía, para que nadie pueda frenar el capricho presidencial ni exigir cuentas.
El daño al sistema judicial ya es considerable: se sustituyó experiencia con improvisación y se creó incertidumbre en los tribunales. Ahora quieren borrar décadas de avances ciudadanos y jurisprudencia consolidada. Limitar el amparo es dar un tiro de gracia a la independencia judicial y abrirle paso a una justicia dócil, diseñada para proteger proyectos faraónicos y a los familiares incómodos del poder.
Ojalá que las y los legisladores tuvieran la sensatez de frenar esta iniciativa. Porque si de verdad el objetivo de elegir jueces populares era acercar la justicia al pueblo, lo mínimo que se espera es que esos jueces conserven independencia y capacidad para decidir. Lo demás es simulación. Justicia hecha a la medida de Andy: libertad con apellido presidencial, restricción con nombre de pueblo.
@MaiteAzuela
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