Al estilo de Trump, pero con sello nacional, en todos los aeropuertos del país se ejecutan redadas cotidianas. No hace falta cruzar fronteras para experimentar la persecución migratoria: basta con abordar un vuelo dentro del país. En salas de espera y pasillos, tanto de vuelos nacionales como internacionales, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) ejercen vigilancia silenciosa y selectiva. No hay filtros visibles ni protocolos transparentes. Hay ojos que eligen a quién interrogar. ¿El criterio? Parecer extranjero. Tener piel morena. Rasgos indígenas. O simplemente parecer lo suficientemente “migrante”.
La lógica es la sospecha. No importa si eres turista, residente o ciudadano. Si estás en la fila del abordaje y te pareces al estereotipo que han decidido perseguir, es probable que te detengan. Se acercan sin identificarse y exigen documentos. ¿Por qué? Porque sí. Porque dicen que es “revisión de rutina”, aunque la Constitución prohíba actos discriminatorios sin causa fundada.
El caso más brutal de este abuso institucional ocurrió en 2022. Tres mujeres indígenas mexicanas fueron arrestadas en Querétaro por agentes del INM. Tenían identificaciones válidas. No venían de otro país. No cruzaron frontera alguna. Pero los agentes decidieron que “parecían guatemaltecas”. Así, sin más, fueron llevadas a una estación migratoria como si fueran extranjeras ilegales. El INM desestimó sus documentos y actuó bajo prejuicios raciales, negándoles incluso el derecho básico a ser reconocidas como mexicanas. El nivel de violencia institucional fue tal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir. ¿Cómo es posible que en su propio país, con papeles en regla, tres mujeres fueran tratadas como delincuentes solo por sus rasgos? De haber sido guatemaltecas tampoco merecían ese trato y esa falta de procedimientos jurídicos.
La Corte fue clara: el INM no puede actuar con base en perfiles étnicos ni realizar revisiones migratorias sin justificación. También fue enfática en interpretar el artículo 11 constitucional, que garantiza la libertad de tránsito: la Ley de Migración, al permitir revisiones en cualquier lugar y momento, vulnera ese derecho. En México no existe obligación de portar identificación dentro del territorio nacional, ni para extranjeros ni para mexicanos. Exigirla arbitrariamente es ilegal.
Y sin embargo, se sigue haciendo. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, los operativos no solo continúan: se normalizan. Mientras la presidenta lanza discursos de defensa a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en México se criminaliza a quienes vienen del sur —e incluso a los propios connacionales— por el simple hecho de “parecer” extranjeros. Hay migrantes perseguidos, sí. Pero también hay mexicanos tratados como invasores.
La contradicción es profunda. El respeto que exigimos afuera no se garantiza adentro. No se puede reclamar justicia para nuestros migrantes cuando aquí se permite que agentes del Estado actúen como cazadores de rostros. La violencia institucional no es menos grave por ocurrir en salas de espera o pasillos de aeropuertos.
Las redadas migratorias no son un mal necesario, son una política de exclusión que violenta derechos humanos básicos. Si el gobierno de Sheinbaum quiere marcar una diferencia real con su antecesor, debe empezar por desmontar estos operativos y garantizar que ningún mexicano vuelva a ser detenido por parecer de otro país. Que en los aeropuertos deje de pesar más el color de piel que la Constitución.
@MaiteAzuela
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