El Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió las irregularidades detectadas en el dictamen que le presentó la Comisión de Fiscalización sobre los informes únicos de gastos de campaña de quienes aspiraron a ser juzgadores en el proceso electoral de este año.
El INE impuso sanciones económicas a decenas de candidatas y candidatos a cargos en el Poder Judicial, principalmente por opacidad en la fiscalización de sus recursos y por recurrir a propaganda prohibida, como los célebres “acordeones”. La medida pretende dejar claro que la rendición de cuentas también aplica en este inédito proceso —marcado desde el inicio por la desconfianza—, pero las multas, en su mayoría, son simbólicas: castigos de papel para un poder que se presume de mármol.
En total, las sanciones suman 18 millones de pesos y se reparten entre 177 ganadores de la elección judicial. La irregularidad reina en dos frentes: empecemos por la fiscalización, que señala omisiones en los informes de ingresos y gastos, recursos de origen no identificado y registros incompletos. Para los aspirantes a Jueces y Juezas de Distrito, las sanciones sumaron $4,027,325.50 pesos; para quienes buscaron un asiento en la Suprema Corte, $1,103,793.84 pesos. Sigamos por lo que determinan como propaganda ilegal. Los “acordeones” con nombres y fotos para inducir el voto fueron la infracción más visible. El INE la tipificó como propaganda prohibida y multó a quienes aparecieron en ellos. La sanción no pasó a mayores y como sabemos, la coincidencia entre promovidos en acordeones y titulares del nuevo Poder Judicial son muy coincidentes.
A simple vista, 18 millones parecen una cifra respetable. Pero, diluida entre tantos beneficiados, la multa individual pierde filo. Algunos futuros miembros del Tribunal de Disciplina Judicial pagarán alrededor de 40 mil pesos, un monto irrisorio frente a la alta investidura que ocuparán. En este escenario, para muchos sancionados pagar la multa es apenas el peaje para instalarse en un cargo vitalicio.
Más revelador que la lista de sancionados es la de quienes, con notorios vínculos con el partido gobernante, esquivaron la ley con la gracia de quien camina entre charcos sin mojarse. Mientras se castigaba a cientos por infracciones menores —como figurar en un “acordeón” sin constancia de consentimiento—, los perfiles con mayor peso político pasaron la fiscalización como si de un trámite menor se tratara. Así se construye el doble rasero: la norma rígida para unos, de plastilina para otros.
El caso más emblemático es el de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Su campaña estuvo salpicada de acusaciones por actos anticipados y un activismo político que cruzaba la delgada línea de la legalidad. Sin embargo, las sanciones del INE fueron tan moderadas que parecen una cortesía.
En el Consejo General, la grieta fue evidente: unos consejeros exigieron castigos ejemplares; otros minimizaron las faltas escudándose en tecnicismos legales. Este juego de equilibrios políticos debilitó el mensaje de imparcialidad que la institución debía proteger como un tesoro.
El daño no está solo en los montos ridículos de las multas. Está en la selectividad, en la forma en que el poder se cuela por los resquicios de la ley. Si la elección de quienes impartirán justicia nace bajo la sombra del favoritismo, la legitimidad del Poder Judicial se agrieta desde sus cimientos. El mensaje a la ciudadanía es devastador: la cercanía al poder es un blindaje más eficaz que cualquier reglamento. Y la justicia, antes de ser impartida, ya tiene dueño.
@MaiteAzuela
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