El artículo 7 del Código Penal Federal establece con nitidez: “En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo”. La ley mexicana es tajante: no sólo se delinque por acción, también por omisión. Y en el servicio público, la omisión pesa tanto como el acto cometido.
En las últimas semanas, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ha buscado instalar una defensa tan endeble como peligrosa. Asegura que nunca supo que Hernán Bermúdez, su secretario de Seguridad en Tabasco, era al mismo tiempo líder del grupo delictivo de La Barredora. “Nadie me informó, ni la Defensa, ni Marina, ni la Fiscalía”, repitió en conferencia de prensa, como si la ignorancia fuera salvoconducto. Pero la ley es clara: no basta declararse ajeno; la investidura obliga a vigilar, supervisar y prevenir.
El principio de comisión por omisión no es un tecnicismo: es un recordatorio político y ético. Quien, teniendo el deber de impedir un resultado ilícito, no lo hace, comparte responsabilidad. Los gobernadores no son espectadores de la violencia ni administradores de la desinformación. Son responsables —por mandato constitucional y por el contrato social implícito en el voto— de garantizar que sus funcionarios no se conviertan en criminales investidos de poder.
Pretender que el desconocimiento exime es abrir la puerta a un Estado sin responsabilidades. Bajo ese argumento bastaría con no preguntar, con mirar hacia otro lado, con aceptar el silencio como escudo. Y entonces, ¿quién protege a los ciudadanos? El deber de informarse, investigar y detener recae en quien gobierna, no en terceros ni en entes abstractos.
La confianza ciudadana en las instituciones no se destruye con un estallido, sino con el goteo constante de excusas. Y el caso de Adán Augusto López se vuelve paradigmático: un político que intenta construir inocencia sobre la base de no haber sabido. Pero la ley dice lo contrario: la omisión es delito cuando existe deber de actuar.
Aquí es donde Morena enfrenta una encrucijada histórica. Si de verdad busca sostener la narrativa de que la “Cuarta Transformación” no tolera la corrupción, tendría que ser el primer partido en marcar límites claros: no hay espacio en sus filas para quienes han defraudado al Estado mexicano. Un movimiento que presume legitimidad popular y que se forjó bajo la consigna de “no mentir, no robar, no traicionar” debe demostrar con hechos que no protege a quienes se enriquecen desde la sombra. Dejar impune a uno de los suyos en un escándalo de huachicol fiscal sería traicionar no sólo la ley, sino la promesa política que le dio sentido a su existencia.
Un hombre deja de ser digno de confianza en el momento en que utiliza su cargo para proteger a su círculo cercano, permitir la opacidad o amparar a quienes lucran con el erario. La confianza pública se fractura cuando se normaliza la idea de que un alto funcionario puede exonerarse con un “yo no sabía”. La regeneración nacional no puede sostenerse en silencios cómplices ni en omisiones disfrazadas de ignorancia.
El artículo 7 existe para recordarnos que la omisión también delinque. Y cuando la omisión proviene de un servidor público, la gravedad se multiplica: no se trata sólo de un error personal, sino de una traición al mandato ciudadano. El huachicol fiscal no florece en la oscuridad por accidente, sino porque hubo ojos que eligieron no ver y voces que prefirieron callar.
En política, como en derecho penal, quien calla y no actúa también delinque. Y cuando ese silencio beneficia a quienes se enriquecen con el dinero público, lo mínimo que se espera de un partido gobernante es marcar distancia. Morena tiene la obligación de poner el ejemplo y demostrar que la justicia no es selectiva: que la omisión y la defraudación al Estado no caben en un proyecto que prometió transformar al país.
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