La presidenta ha formulado una pregunta interesante: ¿Por qué, si la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos sugiere que no hay negociación con terroristas y los cárteles de las drogas ahora lo son, se abre la negociación con ellos?
La pregunta es pertinente, pero igualmente relevante resulta el contexto en el que se genera. El apego a las doctrinas de Estado es facultativo. Depende del contexto. Un gobierno puede formular preventivamente que no negociará con terroristas para evitar chantajes o presiones. La doctrina anticipa el comportamiento y justifica que, si el desenlace de un acto terrorista puede ser una tragedia, ésta quede cubierta por el manto doctrinario y no la responsabilidad individual del tomador de decisión. Pero en el caso concreto que nos ocupa, el gobierno de Estados Unidos no está siendo chantajeado por un grupo delincuencial; negocia con individuos a los que ha sometido, abducido, o le han sido entregados de forma voluntaria por México. El gobierno de Trump no está contra las cuerdas, como ocurriría si hubiese una toma de rehenes en un avión o una amenaza de volar una línea férrea. Al contrario, negocia desde la fuerza con convictos y sometidos.
El contexto lo explica todo. Estados Unidos no se contradice, aprovecha su situación de poder para obtener la máxima ventaja de México y de los grupos criminales a los que tiene bajo custodia. Muy diferente sería el caso si algún grupo terrorista lo estuviese presionando con rehenes para que devolvieran al Mayo Zambada a Sinaloa. Allí la doctrina se aplica de manera directa y aunque amenacen con matar mujeres y niños tendría poco espacio para ceder a las demandas.
La flexibilidad en el manejo de doctrinas y principios lo hace México cotidianamente. La presidenta evita, por ejemplo, pronunciarse sobre Venezuela y prefiere escudarse en la comodísima no intervención. Estados Unidos utiliza su doctrina como mejor conviene al interés de su gobierno. Pero, lo más contrastante es que México sea la ocasión de lo mismo que culpa. Es el gobierno de CSP el que abastece la materia prima para que Estados Unidos negocie con los terroristas. Invocando la razón de Estado, la presidenta ha decidido enviar a 55 delincuentes a Estados Unidos sin que medie juicio de extradición. Como decisión singular de gobierno es la más audaz que ha tomado; los 55 trasladados van al país del norte a negociar sus condenas, por lo cual estamos siendo la ocasión de lo mismo que culpamos. Grave contradicción.
Lo más terrible no es ni que Estados Unidos incurra en una antinomia (cosa probable), ni que México incurra en una contradicción (cosa frecuente); lo peor es que los Estados Unidos tiene hoy la posibilidad de interrogar a varias generaciones de delincuentes y reconstruir el vínculo entre política y crimen organizado de los últimos 50 años, un nexo que la mayoría de los mexicanos consideran muy sólido.
Advirtamos que mientras México sigue sumido en reeditar sus memorias del subdesarrollo y el tono pintoresco y victimista que se le quiere dar a la historia, nuestros vecinos estarán en condiciones de escribir la historia de las mafias mexicanas y sus complicidades. A buen seguro ese relato dejará mal parado al país. Habrá series, películas y libros con esos contenidos que perdurarán años. Seremos la moderna Sicilia o tal vez Colombia.
Y, en efecto, negociar con terroristas es, en principio, contrario a la doctrina, pero no hay forma de criticarlo cuando uno abastece las reses al carnicero.
Analista. @leonardocurzio