Entiendo que toda reforma institucional se da en un contexto determinado y es imposible borrar el pasado y las inercias para pensar una reforma como la que requiere el sistema de seguridad. No tenemos un gobierno sereno que quiera pactar una política de Estado. Es refractario a la crítica y se aproxima a las problemáticas con una disposición amenazante que nubla su propósito. Le gusta decir que van a “tapar bocas” en vez de pensar que van a resolver problemas de fondo. Su mirada está enfocada en ganar debates y particularmente en estigmatizar a quienes no piensan igual, en vez de enfocar con pragmatismo la problemática.
Aun con un gobierno atormentado por no tener la aprobación unánime de la comentocracia o el acompañamiento de los partidos de oposición, la reforma del sistema de seguridad avanza en la vía correcta. A diferencia de la Reforma Judicial, que fue parida intelectualmente en condiciones terribles, ésta tiene racionalidad y se nota el liderazgo institucional. Trevilla y Garcia Harfuch entienden lo que se debe hacer y la importancia de edificar instituciones funcionales. No son depredadores institucionales, como los que extinguieron el Coneval sin proveer una solución de continuidad.
La Secretaría de Seguridad concentra la coordinación de la estrategia y el sistema de inteligencia. Rehabilita capacidades tecnológicas y permite que errores colosales, como haber congelado la plataforma México, hoy se restauren. La certificación de policías y los mecanismos de coordinación con las policías locales son cosas que el gobierno debe hacer sin sesgo político o ideológico.
El mando de la Guardia Nacional es un tributo a AMLO por su fijación de que el mando civil irremediablemente se corrompería. Con un mando civil fuerte (a este, incluso se le está pasando la mano) y una milicia disciplinada, el país puede surcar el proceso de estabilización institucional sin que el fantasma de la militarización se convierta en una amenaza. Las Fuerzas Armadas aportarán al país cuadros, tropa, formación y doctrina y cumplirán con su deber constitucional. Si alguna amenaza hay a la democracia hoy esa viene de la rama civil que cercena instituciones y aprueba leyes amenazantes, no de los militares.
Lo crucial es superar los dos escollos que han lastrado la estrategia de los sucesivos gobiernos:
1) La ilusión de que el cambio de leyes o de nombres va a solucionar el problema. Los políticos sólo saben hacer eso, pero el tema de fondo son las capacidades efectivas.
2 ) Un gobierno que no tenga cámaras para vigilar sus instalaciones estratégicas, mecanismos de respuesta para asaltos en carretera, vigilancia satelital para que no le instalen refinerías pirata, mecanismos de detección de lavado de dinero para que no le presenten hechos consumados, como lo hizo el Tesoro, monitoreo de paquetes y supervisión de aduanas, puede atemorizar a adversarios, empresarios y a periodistas, pero les da risa a los criminales. En este país los delincuentes cobran derecho de piso, lavan dinero o matan sin temer el castigo.
Es crucial reforzar la eficiencia del gobierno en estas materias. Hoy por hoy tenemos un gobierno interesado en acreditar ante Estados Unidos que va en serio el combate contra el narcotráfico. Por esa vía tendrá que seguir y refundar un sistema de inteligencia táctica y estratégica a la vanguardia, una unidad de inteligencia financiera despolitizada y eficaz, que haga temblar a los delincuentes (no a los adversarios del gobierno) o por lo menos les haga pensar dos veces antes de seguir con sus actividades.
Más que cerrar bocas, deberían pensar en hacerle la vida imposible a los delincuentes. Las prioridades mentales y discursivas cuentan y cuando lo primero es lo primero, lo demás viene detrás, como decía Sánchez Carrillo.
Analista. @leonardocurzio