Acaban de cumplirse siete años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018. Dada la muy peculiar dinámica que se estableció de inmediato entre el candidato ganador y el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, esa es la fecha que marca el inicio del actual régimen. Desde entonces, ha consolidado un grado de poder prácticamente inédito en la historia de México.
Aunque la historia tarda en escribirse, no es demasiado pronto para sacar conclusiones. Existe evidencia estadística sobre los resultados (casi todos decepcionantes) de la política económica y social, no se diga del desmantelamiento de las instituciones democráticas.
Pero hay otro tipo de evidencia que también debe tomarse en cuenta, y otros ámbitos que exigen escrutinio. Uno de ellos es la bandera fundacional del ideario lopezobradorista: la renovación moral de la vida pública en México.
Durante décadas, Andrés Manuel López Obrador planteó como compromiso central el desmantelamiento de una estructura mafiosa de poder político que se nutría de la corrupción y de la vinculación con el crimen organizado, para perseguir esencialmente una prioridad: la permanencia en el poder y el enriquecimiento personal.
Esa fue su oferta política más relevante. Junto con la meta de reducir la pobreza y la desigualdad en México, ello explica el triunfo inicial del régimen.
A medida que avanza el segundo periodo presidencial de ese proyecto, vale la pena preguntarse en qué ha quedado ese compromiso.
Si, como es justo, se asume la austeridad personal como premisa central, habrá que concluir que la propuesta original ha fracasado.
El despliegue de lujos por parte de figuras de la jerarquía reinante del partido oficial y del círculo familiar más cercano al expresidente no puede descartarse como algo anecdótico. La razón es simple: en esto, como en tantas otras cosas, fue el propio López Obrador quien estableció los parámetros para juzgar la conducta pública suya y de los miembros de su movimiento. Fue él quien fijó la exigencia de austeridad como parámetro prioritario.
Si señalar el despilfarro de los funcionarios públicos es siempre relevante, hacerlo respecto de personas ligadas al régimen actual es indispensable. Y poco importa —no está de más subrayarlo— si esos viajes o lujos se costean con recursos propios o públicos: dada la estructura de valores establecida por el expresidente López Obrador, fundador del proyecto actual, la crítica trasciende el origen de los recursos. El despliegue de dinero en sitios y circunstancias inalcanzables para la enorme mayoría de los mexicanos contradice de manera grosera ese supuesto código de valores.
En un improbable ejercicio de honestidad, los simpatizantes de aquel proyecto tendrían que llegar a una de dos conclusiones: o el poder ha hecho lo que el poder siempre hace (es decir, corromper) y ha engullido esa honestidad tantas veces pregonada; o esa voluntad de renovación moral en realidad nunca existió.
Cualquiera de las dos conclusiones implica una la inocultable traición a una promesa esencial.
@LeonKrauze
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