“Cada vez es más frecuente la violencia contra el espacio urbano… vulnerar espacios donde se pretende generar diálogo, reflexión y conocimiento… En esos espacios es donde… se están denunciando las injusticias, donde se está generando memoria. Entonces, destruir la memoria es una actividad fascista… ¿Quién los protege?”. Eso le dijo Adriana Malvido, periodista cultural, autora de los libros Nahui Olin: la mujer del sol y La reina roja, entre otros, a José Quezada (EL UNIVERSAL, 24-07-25).
Se refería a los actos vandálicos sucedidos unos días antes en el que un grupo, en el marco de una marcha contra la gentrificación, se desprendió de la caminata pacífica y arremetió contra el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y la Librería Julio Torri en Ciudad Universitaria. Rompieron cristales, saquearon la librería, quemaron ejemplares, y pintaron consignas tan facundas como “UNAM facha”. Los organizadores de la marcha se deslindaron de esos actos y reiteraron que sus demandas y expresiones fueron pacíficas. Así lo demostraron a lo largo de la caminata.
La UNAM ha realizado la denuncia correspondiente ante el ministerio público. Pero llama la atención lo dicho por la jefa de gobierno de la ciudad. Cito: “Queremos dejar claro que respetamos la autonomía universitaria y esa autonomía impide, y lo vamos a respetar siempre de los siempres, que no entren fuerzas de seguridad al interior de la UNAM y eso es lo que se hizo”.
Disculpe, pero la declaración más bien parece una invitación a que se repitan esos actos. Porque si la autoridad declina actuar, entonces lo que suceda en Ciudad Universitaria quedará impune. ¿Cómo deben leer los vándalos que destrozaron el equipamiento universitario esa torpe declaración? ¿Deben entender que si actúan solo en las instalaciones universitarias entonces tienen libertad para agredir y destrozar? Hay que recordar lo obvio: la autonomía universitaria es para que esa institución nombre a sus propias autoridades, establezca los planes de estudio, desarrolle las investigaciones y difunda las muy diversas actividades culturales y artísticas sin la intervención del gobierno, las iglesias, los partidos políticos y súmele usted. La autonomía supone el autogobierno de la institución, pero no ofrece carta de impunidad para cometer delitos en su campus.
Ahora bien, me hago cargo que tanto por razones políticas como operativas la intervención de la policía en la UNAM resulta delicada. Las primeras para no “echar más leña a la hoguera”, y las segundas, porque dada la deficiente preparación de las policías puede producirse una escalada de violencia aún mayor. Pero, siguiendo la lógica de la jefa de gobierno, ¿no tiene la policía mecanismos para saber quiénes conforman esos grupos? ¿no puede y debe intervenir fuera de la UNAM? Existen filmaciones y testimonios para identificar responsables. ¿No están obligadas las autoridades de la ciudad a actuar? ¿No se trata de una de sus facultades fundamentales? ¿La omisión no es una falta? O como se preguntó y nos preguntó Adriana Malvido, ¿quién los protege?
La UNAM trabaja todos los días. Mas de 370 mil estudiantes acuden a sus aulas, más de 42 mil profesores e investigadores realizan sus tareas, y cerca de 30 mil trabajadores administrativos laboran en las muy diversas dependencias de la Universidad. Así debe ser. Pero con una constancia que abruma y preocupa a cada rato esas labores son interrumpidas por agresiones que una y otra vez quedan impunes. ¿De qué se trata?
Profesor de la UNAM
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