Existe una relación entre niveles de corrupción y mortalidad en desastres naturales. Y es que aunque los desastres naturales son inevitables, las pérdidas humanas ocasionadas por los mismos son consecuencia de las políticas e instituciones que determinan la calidad de la infraestructura pública y la eficacia de las respuestas de emergencia. A esto se suma el desvío de recursos que se suele hacer de los fondos de emergencia que existen para hacer frente a estos desastres. Por eso no sorprende que se señalara en la mañanera una próxima revelación de casos de corrupción relacionados con el Fonden. Dado el interés del gobierno federal por transparentar el uso de recursos públicos dedicados a la atención de desastres naturales, conviene hacer un recuento de otras áreas donde la corrupción impera y señalar por qué la desaparición del Fonden no resuelve el problema de corrupción en el sector.
Varios factores convergen para crear una tormenta perfecta de vulnerabilidad ante los desastres naturales. Primero que nada, una enorme cantidad de ayuda financiera nacional e internacional inunda el sistema público, creando numerosos y grandes incentivos para el desvío de recursos. A ello se suma una capacidad institucional debilitada; las estructuras de gobernanza locales suelen sufrir daños físicos; el personal se ve desplazado o la capacidad operativa disminuye, lo que dificulta la supervisión de las obras. Por otro lado, hay presión para actuar con rapidez, lo que obliga a los gobiernos a eludir los procesos burocráticos habituales para dar acción inmediata. La aplicación de decretos de emergencia otorga mayor discrecionalidad gubernamental a los funcionarios. Por último, los controles financieros habituales y los requisitos de licitación se relajan o suspenden con frecuencia para acelerar la respuesta y la recuperación.
Estos elementos ocurren no sólo en México, pero lo que nos diferencia es la respuesta que se da para reducir los espacios de corrupción ante desastres naturales. En 2021, el Fonden fue formalmente eliminado con el argumento de la prevalencia de la corrupción en su uso. Cuatro años después, las consecuencias son visibles. La desaparición del Fonden no eliminó los incentivos para el desvío de recursos: sólo los desplazó. Y es que las personas que manejaban discrecionalmente esos fondos, con la desaparición del fideicomiso, tan sólo cambiaron de trabajo y, al parecer, algunos de partido. Y es que la corrupción se combate desmantelando las redes y no las instituciones. Hoy, la atención a desastres se financia a través de asignaciones directas, transferencias discrecionales o incluso mediante las Fuerzas Armadas, sin reglas claras de operación ni mecanismos robustos de rendición de cuentas. Prueba de ello son las irregularidades que se detectaron en las compras realizadas por la Sedena ante la emergencia del huracán Otis. La pregunta de fondo no es si el Fonden fue corrupto, sino por qué las condiciones estructurales que permiten esa corrupción siguen intactas. La falta de controles, la discrecionalidad en la asignación del gasto y la débil rendición de cuentas son problemas que la extinción de un fideicomiso no resuelve.
Los desastres naturales ponen a prueba no sólo la solidez de nuestras infraestructuras, sino también la de nuestras instituciones. Cuando la corrupción se filtra en la ayuda humanitaria, cada peso desviado se traduce en un hogar que no se reconstruye, en una vida que no se salva. La desaparición del Fonden no resolvió ese problema: lo hizo más difícil de rastrear. Combatir la corrupción exige transparencia y vigilancia, no silencio institucional. Ojalá cuando se presenten las pruebas de la corrupción que existió en el uso del Fonden se anuncie la apertura de una investigación hacia los funcionarios que permitieron esos desvíos.
Analista. @itelloarista
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