La corrupción sigue siendo el talón de Aquiles del actual gobierno. No sólo por el énfasis que se puso desde el inicio del sexenio en seguir la estrategia de “cero impunidad para actos de corrupción”, sino por las redes de corrupción que se afianzaron en el sexenio pasado y que hoy empiezan a cobrar factura política. Lo que queda claro es que la actual administración plantea una estrategia distinta respecto al combate a la corrupción que la que vimos anteriormente; el tema es analizar qué falta para que sea exitosa. Para eso realizo un recuento de lo que se prometió, lo que se ha cumplido, lo que se dio y lo que falta por analizarse para afianzar la estrategia anticorrupción.

El gobierno de Claudia Sheinbaum arrancó con una ambiciosa política anticorrupción alrededor de 8 ejes entre los que se mencionaba crear una agencia federal anticorrupción (que no se ha creado); el rediseño de la Secretaría de la Función Pública (SFP); (que sólo cambió de nombre); un modelo nacional de investigación (que no existe), así como mejores contrataciones públicas para cerrar el frente a la corrupción (falta empezar por traer transparencia a todas las compras). Sin embargo, excepto por el renombramiento de la SFP a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, no parece haber avance respecto al resto de los ejes.

Esto no quiere decir que no haya habido avances en el tema anticorrupción en el actual gobierno, ya que gracias a la investigación del Huachicol Fiscal hoy sabemos que es posible realizar investigaciones en nuestro país sobre los casos de corrupción que han llegado a los más altos niveles y a las instituciones que se consideraban incorruptibles como la Marina. Que se haya realizado una investigación respecto al tema de robo de hidrocarburos que una las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la República podría parecer un gran logro del combate a la corrupción del primer año, a primera vista.

Sin embargo, este caso revela lo que hace falta para afianzar la agenda anticorrupción en el gobierno: la falta de una estrategia nacional anticorrupción que haga visible cuáles serán los principios y formas de investigar para que este caso y otros más se investiguen hasta dar con todos los responsables. Una estrategia nacional para desmantelar redes de corrupción y que no dé paso a ser selectivo o faccioso para investigar y sancionar. De lo contrario, este caso será una instancia más en la que las acciones anticorrupción son utilizadas para callar oponentes o perseguir a opositores políticos.

Otro de los temas que deja ver el huachicol fiscal tiene que ver con uno de los puntos del plan de 8 ejes anticorrupción que se presentó al inicio y no se ha cumplido: la protección para denunciantes de corrupción. Y es que el fallecimiento de 7 personas ligadas al caso del Huachicol Fiscal nos recuerda la importancia de contar con verdaderos sistemas de protección a denunciantes. Dada la complejidad para investigar casos de corrupción, no veremos avances hasta que se garantice la seguridad de las personas que deciden denunciar.

Por último, conviene analizar lo que no se ha visto de este caso a la luz de la agenda anticorrupción: el poner a marinos en puestos clave de aduanas fue una de las estrategias del anterior gobierno para evitar la corrupción en el tránsito de bienes en nuestras fronteras. El caso del Huachicol Fiscal corroboró que esto no fue el caso y que la corrupción llegó a altas esferas de la Marina. Sin embargo, otra de las propuestas para luchar contra la corrupción fue la reforma al poder judicial y aunque se advirtió sobre el riesgo de que personas con vínculos al crimen organizado estaban compitiendo por un puesto, se permitió la selección de estos candidatos. Tener un poder judicial sin experiencia y expuesto a vínculos de corrupción puede ser el punto débil de la cadena para luchar contra la impunidad en estos casos.

En suma, si el segundo año de gobierno quiere consolidar una verdadera agenda anticorrupción, no basta con casos aislados ni con renombrar instituciones: se requiere construir una estrategia nacional anticorrupción con metas claras, indicadores verificables y una coordinación efectiva entre instancias. Es urgente también aprobar y poner en marcha un sistema de protección robusto para denunciantes, periodistas y alertadores, pues sin voces seguras que expongan la corrupción, los casos difícilmente saldrán a la luz. Finalmente, resulta indispensable blindar al Poder Judicial frente a la infiltración de intereses criminales y garantizar su independencia, porque sin jueces confiables cualquier política anticorrupción se vuelve letra muerta. Sólo con estos tres pilares se podrá pasar del discurso a los resultados y transformar la narrativa anticorrupción en una política de Estado sostenida.

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