¿Dónde están? El 8 de abril salieron a mostrar una Pathfinder negra que iban a vender. Por teléfono los citaron en una colonia de Poza Rica, la División del Norte. Santiago Rodríguez Navarro, empleado jubilado y su esposa, Emma Lucía Bandala Herrera, no han vuelto a aparecer desde entonces.

Esa tarde, la señora Emma le llamó a un familiar para informarle que iban rumbo a Tuxpan. Le encargó que le diera de comer a sus hijos. Cuando le preguntaron por su esposo la voz se le quebró y a continuación se cortó la llamada.

La fiscalía se negó a abrir una carpeta de investigación alegando que era preciso esperar, que muchas víctimas de delitos de ese tipo volvían por su propio pie.

No fue sino hasta que los hijos del matrimonio –de 22, 19 y 13 años de edad– llevaron el caso a las redes, que personal de la fiscalía apareció en su domicilio. No para proporcionarles información, sino para decirles que al hacer público el caso se podría poner en riesgo la integridad de los desaparecidos, así como de la investigación.

Pero no había investigación, puesto que no había carpeta.

Esa carpeta se abrió hasta el 22 de abril, 14 días después de la desaparición del matrimonio. La fiscal en Tuxpan de la Unidad Especializada Contra el Secuestro, Bernardina Aquino Rivera, la rechazó bajo el argumento de que estaba mal escrita y tenía faltas de ortografía, según denunció la familia. La nueva carpeta se abrió hasta finales de abril (UECS/F4/06/2024).

El 6 de mayo los familiares de Emma y Santiago se enteraron por los medios que se estaba llevando a cabo un operativo de cateo en el hotel Liz de la colonia División del Norte. Se presentaron en ese sitio con el duplicado de la llave electrónica. Decidieron accionarla. Advirtieron que “la camioneta respondió”. De ese modo comprobaron que se trataba del vehículo de sus padres: solo que ahora estaba pintado de blanco.

Las autoridades anunciaron la detención de ocho personas. Entre estas se encontraba el hijo del dueño del hotel Liz. El propietario del establecimiento denunció que querían involucrarlo en algo, y que un cliente había dejado ahí el vehículo ese mismo día, a las 10:30 de la mañana.

Los familiares no volvieron a saber más ni de la camioneta ni de los detenidos. A un mes y una semana de la desaparición, ni el policía a cargo de la investigación, ni el asesor de crisis que les proporcionó la fiscalía del estado volvieron a tomarles la llamada. Tampoco a contestar sus mensajes.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha declarado que no puede dar avances del caso “porque allá (en Poza Rica) la situación es delicada”.

En Poza Rica, el municipio veracruzano más golpeado por la inseguridad y por la violencia, la situación, en efecto, es delicada.

Esa alcaldía se encuentra hundida en una espiral de “levantones”, ejecuciones, desmembramientos, extorsiones, robos, cobros de piso.

Con Coatzacoalcos –donde ayer un grupo criminal abandonó una narcomanta en una primaria para exigir a los padres que paguen dos mil pesos por niño o niña porque “ya saben que hay accidentes” –, Xalapa, Córdoba, Papantla y Martínez de la Torre –todos bajo el gobierno de Morena— se hallan a la cabeza de la incidencia delictiva y es el epicentro de una lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y una asociación de cárteles conocida como Los Tercios que se han unido para expulsarlo: el Grupo Sombra, los Zetas Viejas Escuela y Gente Nueva.

El año pasado 18 cadáveres desmembrados y empacados en plástico fueron hallados en refrigeradores en dos inmuebles de Poza Rica. El Cártel Jalisco había amenazado al Grupo Sombra y hacía circular un video en el que sicarios armados de su organización se paseaban por la ciudad a plena luz del día: “Aquí andamos defendiendo la plaza, patrullando día y noche”, decía uno de ellos.

Habían aparecido en la vía pública restos humanos en bolsas e incluso había ocurrido un ataque con granadas lanzadas desde un auto a la comandancia municipal (no estallaron).

También en aquella ocasión el gobernador se negó a proporcionar información: sabía qué uso iban a darle a los cuerpos desmembrados y empacados, según dijo, pero informó que su gobierno no revelaría nada sobre el asunto.

A resultas de estos hechos, un despliegue militar, más bien un desfile militar impresionante, cubrió las calles de Poza Rica.

Mientras tanto, la disputa ordenada desde la cárcel entre dos jefes criminales, El Coco (Cártel Jalisco) y El Goyo (Los Tercios) siguió cubriendo de sangre el norte veracruzano.

A resultas de esa disputa 15 cuerpos cercenados y metidos en hieleras fueron abandonados en dos camionetas de redilas en la carretera México-Tuxpan a finales de enero pasado. Cuatro de ellos eran de mujeres. El Cártel Jalisco se acreditaba ese horror y pedía a sus rivales que no enviaran “más guatemaltecos” a pelear con ellos.

¿Dónde están Santiago Rodríguez y Emma Bandala? Porque todo indica que la fiscalía del estado no los está buscando.