La madrugada del sábado 14 de junio, tres hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio, en Jilotepec, Estado de México, de Patricio Reyes Landa, conocido como El Pato, exintegrante del grupo criminal Guerreros Unidos e involucrado en la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Su esposa declaró que los sorprendieron durmiendo, que los encapuchados dijeron ser “personal de la fiscalía”, y que le pidieron que abandonara el lugar.

Cuando regresó, encontró el cuerpo de Reyes Landa con múltiples heridas y al lado de varios casquillos percutidos.

Reyes Landa fue uno de los primeros detenidos, en octubre de 2014, por el caso Iguala. Sicarios de la organización criminal señalaron que esa noche se habían reunido en la casa que este habitaba en Cocula y que salieron de ese sitio para recoger “los paquetes”: el grupo de alumnos que policías municipales les entregaron.

Esos mismos detenidos señalaron que El Pato había asesinado en el basurero de Cocula, con tiros en la cabeza, al menos a tres alumnos.

El exprocurador Jesús Murillo Karam, durante la célebre conferencia que ofreció el 7 de noviembre de 2014, se basó en el testimonio de Reyes Landa para asentar lo que él mismo llamó “la verdad histórica”: que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula.

Señaló también los vínculos del alcalde de ese municipio con jefes y sicarios de Guerreros Unidos, como Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, y Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo. El Pato era el encargado de recoger el dinero que dicho alcalde, César Peñaloza, le enviaba a Cabo Gil.

Reyes Landa declaró que había asesinado a tres de los alumnos y que luego se fue a vigilar que nadie subiera al basurero. Trabajadores de un camión recolector de basura lo vieron a la mañana siguiente precisamente en el basurero.

Tiempo después se alegó que El Pato había sido víctima de tortura: en 2018 un juez determinó que su testimonio carecía de validez y ordenó su liberación. Fue uno de tantos integrantes de Guerreros Unidos que fueron liberados durante el sexenio de AMLO.

En 2019 Reyes Landa volvió a caer, esta vez por portación de armas de fuego. Lo liberaron dos años más tarde: fue asesinado el sábado, semanas después de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México resolviera que, a más de una década de los hechos, no está acreditada ninguna otra versión sobre lo ocurrido la noche de Iguala que no sea la que indica que los alumnos fueron asesinados y quemados en el basurero, y que sus restos fueron luego disipados en el río San Juan a manos de integrantes de Guerreros Unidos.

Un día después de que Reyes Landa fuera asesinado, la fiscalía del Estado de México recogió en un camino de terracería de Zinacantepec el cuerpo del juez Everardo Maya Arias: se hallaba dentro de una camioneta, con una herida de bala en la cabeza y una pistola en las piernas.

Maya Arias estuvo involucrado en varios casos de alta gama. Hace un año, en julio de 2024, el entonces presidente López Obrador lo acusó en una “mañanera” de favorecer delincuentes: Maya le había otorgado un amparo contra la prisión preventiva justificada a otro de los grandes involucrados en el caso Iguala: el exalcalde José Luis Abarca, al que se vinculó desde 2014 con la desaparición de los estudiantes normalistas.

Hace tres años, en 2002, y en uno de los casos que mayor revuelo desató, Maya Arias concedió una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, contra una orden de aprehensión emitida por autoridades federales.

Figuraba también entre los jueces que Arturo Zaldívar presionó para que resolviera asuntos que interesaban políticamente a AMLO.

Tras el asesinato de Patricio Reyes Landa, la fiscalía del Edomex está interesada en apurar las pruebas de radizonato y de huella balística, para confirmar si esta coincidencia extraña se trató o no de un suicidio.

Una coincidencia más, que habla de las cosas oscuras que en México se están moviendo bajo el agua, fue el asesinato ese mismo domingo en una colonia de Zapopan, Jalisco, de Lázaro Gambino Espinoza, concuño de otro de los hijos del Chapo: Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Gambino Espinoza, casado con una hermana de la esposa de Iván Archivaldo y exdirector jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue nombrado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de ese estado en noviembre de 2021, a la llegada de Rubén Rocha Moya al poder.

Hace unos meses, su imagen apareció en los volantes lanzados sobre Culiacán desde una avioneta, en los que, en medio de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, varias personas fueron señaladas de tener vínculos con Los Chapos. “No lo conozco, pero el que debe tener algo de información es el secretario (de Gobierno)”, declaró Rocha Moya.

Qué días tan raros. Una red de podredumbre es el entramado que liga nombres y muertes violentas, todas vinculadas a los grandes criminales de México.

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