Si alguien respiró con alivio cuando a mediados de junio el presidente estadounidense Donald Trump abandonó intempestivamente el G7 porque se pensó que, de ese modo, la presidenta Claudia Sheinbaum quedaba a salvo de alguna majadería, de alguna agresión o de algún desplante, la ausencia de Trump fue en realidad la calma que precedía a la peor de las tormentas.

De las negociaciones que el gobierno estadounidense lleva con el narcotraficante Ovidio Guzmán se ha desprendido la información que indica que el Cártel de Sinaloa lavó dinero en tres instituciones y las sanciones que restringen las operaciones de CIBanco, Intercam y Vector Casa Bolsa, propiedad esta última del empresario Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dichas instituciones han sido acusadas de haber permitido operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. Según la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, estas firmas constituyen “una preocupación principal por lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides”. Los datos en poder del gobierno estadounidense revelan una estructura mediante la cual el Cártel de Sinaloa lavó activos millonarios.

Aunque se ha concedido un plazo de 45 días antes de que estas restricciones sean aplicadas, lo verdaderamente grave es que Estados Unidos ya está investigando al sistema financiero mexicano. Es un hecho el retiro de visas a titulares y familiares de las instituciones que han sido involucradas.

A principios de esta semana vino del norte otra estocada. A pesar de la cauda de detenciones y aseguramientos anunciados diariamente por el secretario Omar García Harfuch, Trump anunció la imposición de aranceles de 30 por ciento a todos los productos mexicanos a partir del 1 de agosto. En una carta enviada a la presidenta mexicana, el mandatario recalcó que México no ha hecho lo suficiente para detener a los cárteles “que intentan convertir toda América del Norte en un parque de tráfico de narcóticos”.

El anuncio se dio a pesar de que desde el viernes una delegación mexicana había llegado a Estados Unidos a negociar la imposición de aranceles. El mensaje, a la vista de las señales enviadas una y otra vez por el gobierno de Donald Trump, es absolutamente transparente: México asegura miles de kilos de narcóticos, desmantela laboratorios clandestinos, asesta golpes históricos al tráfico de huachicol en puertos, en la red ferroviaria, en bodegas cercanas a los puntos de cruce fronterizo y a las instalaciones de Pemex.

Pero las complicidades políticas y empresariales no han sido desmanteladas. Siguen intactas.

Hace unos días se aseguraron en Coahuila 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita, el mayor decomiso de hidrocarburos de que hay registro.

Grandes aseguramientos se han llevado a cabo en Cunduacán, en Ensenada, en Altamira, en Comalcalco, en Villahermosa y en Coatzacoalcos. Los que brillan por su ausencia son los responsables de un quebranto que según el Observatorio Ciudadano de Energía entre 2018 y 2024 —los años en que según López Obrador se había acabado el huachicol— ascendió a 17,300 millones de dólares.

Para Estados Unidos, la fuente de financiamiento más importante para los cárteles mexicanos, además del fentanilo, es el huachicol. Desde el sexenio pasado comenzó a seguir las redes de las que se beneficiaron funcionarios y políticos. Su estrategia ha consistido en debilitar financieramente a estos grupos: en mayo pasado sancionó empresas de César Morfín Morfín, El Primito, líder del CJNG, quien fue señalado como operador de una gran red de tráfico que abarcaba cinco estados e involucraba el transporte, la importación y la distribución de hidrocarburos, fentanilo y precursores químicos obtenidos en China.

El huachicol llega a Estados Unidos a través de corredores mexicanos, aseguró el gobierno de Trump. El reciente hallazgo de una minirrefinería en Veracruz, construida a principios del gobierno de López Obrador, que operaba sin permisos y de la que extrañamente nadie tuvo noticia en seis años (se encontraron ahí 500 mil barriles de crudo: la gobernadora Rocío Nahle dijo que solo era “una mezcladora de aceites”), y la revelación de Mexicanos contra la Corrupción de que durante la construcción del AIFA la Sedena pagó 500 millones de pesos a una firma vinculada con el tráfico de huachicol y otros crímenes financieros, no hacen sino confirmar la información que Estados Unidos ya tiene en su poder: que “no se ha hecho lo suficiente” porque en todo esto hay mar de fondo.

Que no basta con detener a los guardianes de las bodegas. A los operadores. A los transportadores de droga y de combustible.

Que a escasos 15 días de que inicie la demolición de la economía mexicana, es hora de tocar la puerta arriba, un poquito más arriba.