El fraude de Segalmex, el mayor caso de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que la Auditoría Superior de la Federación tasó inicialmente en 15 mil millones de pesos, tiene ramificaciones que llegan incluso a la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la CDMX.

Ignacio Ovalle, el padrino político y consejero durante muchos años de López Obrador, comenzó a recibir sobornos y a dar el banderazo de salida a los negocios que permitieron el saqueo de Segalmex a solo 20 días de haber llegado al cargo. Poco tiempo después, comenzó a recibir bolsas de Liverpool repletas de dinero, producto de las “comisiones” que el empresario Fernando Zurita, su contacto con empresarios beneficiados con los contratos, le entregaba cada sábado en su propia casa, de acuerdo con testimonio de uno de los colaboradores del empresario, Gerardo Núñez Reyes Spíndola.

Incluso desde antes de que la existencia de Segalmex se hiciera oficial, comenzó el repartidero de negocios y contratos entre viejos amigos y empresarios que, en sus épocas de vacas flacas, cuando solo vivía de dar conferencias, tras su salida de Conasupo en medio de escándalos de corrupción, habían prestado ayuda a Ignacio Ovalle.

Desde entonces, el protegido de AMLO tuvo licencia para robar: “Con todo lo que se pudiera hacer negocio alguien sacaba provecho. Hubo fraudes en la compra de leche y en su procesamiento; se simuló la construcción de fábricas; se hicieron compras a sobreprecio; se pagó por productos no entregados; se invirtió en bonos de riesgo; hubo robo de granos en los almacenes; se echaron a perder productos que se compraban sin necesitarse; se asignaron contratos a cambio de sobornos. Había licencia para robar”, escriben los periodistas Zedryk Raziel y Georgina Zerega en un libro que desentraña por primera vez los hilos del fraude más grande en la historia de México: “Licencia para robar. Segalmex: el hoyo negro que devoró a la 4T”, recientemente editado por Grijalbo.

Se trata de una investigación sólida, apabullante, que reúne documentos, auditorías, contratos, informes internos, y sobre todo echa mano de un gran número de testimonios por parte de los involucrados: los autores lograron entrevistar, por ejemplo, a la mano derecha de Ovalle, Manuel Lozano Jiménez, director de comercialización del organismo, quien desde su prisión domiciliaria en Argentina reveló que los sobornos eran operados por el director de administración y finanzas, René Gavira, y cómo Ovalle intercedía para favorecer los negocios de sus amigos.

López Obrador diría después que Ignacio Ovalle fue engañado “por puro priista de malas mañas”. Según el testimonio de Lozano Jiménez, él mismo advirtió al funcionario lo que estaba ocurriendo: no solo no hizo nada, le pidió que desapareciera un documento firmado por él, en el que autorizaba que millones de pesos de Segalmex fueran invertidos en la bolsa, en una operación prohibida expresamente por la ley.

La única vez en que fue “entrevistado” por las autoridades, Ovalle dijo que tal vez había firmado el documento sin darse cuenta, entre los cientos que debía signar diariamente. Lozano cuenta cómo el funcionario intentó desaparecer de los archivos el documento que lo comprometía, y cuyo original hoy sigue perdido (solo hay una copia).

La investigación revela que fueron dos grupos los que realizaron el desfalco. El primero encabezado por Ovalle, René Gavira y el empresario Zurita. El otro, encabezado por Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de AMLO, quien impuso como director de operaciones de Liconsa, una de las dos columnas del organismo, a Bernardo Fernández Sánchez, uno de sus incondicionales.

De la noche a la mañana, Fernández Sánchez pasó de director del Corporativo Kosmos, con cuyos dueños, Elías y Jack Landsmanas, Julio Scherer mantenía una añeja relación de negocios (eran socios en al menos una compañía, de la que Scherer no habló en su declaración patrimonial), a director de operaciones de Liconsa.

De inmediato, como director de operaciones del organismo, Fernández Sánchez comenzó a dar contratos por adjudicación directa a Corporativo Kosmos. Algunos arreglos que el flamante director llevó a cabo con empresarios se llevaron a cabo, según los autores, en las oficinas particulares de Scherer.

Kosmos vende alimentos preparados y empaquetados en escuelas, hospitales, cárceles y plataformas petroleras. A pesar de haber vendido varias veces comida descompuesta que provocó un brote de salmonelosis en el penal de Puente Grande y en las Islas Marías, en 2018 tenía negocios por cinco mil millones de pesos. Le llamaron El Cártel de la Comida.

Los escándalos fueron tan grandes que López Obrador vetó al corporativo en 2019. A través de filiales, sin embargo, y bajo la mano de Scherer, quien según los autores era quien tomaba las decisiones en Liconsa, los Landsmanas obtuvieron contratos por 18 mil millones de pesos entre 2018 y 2021.

Entre 2018 y 2024, bajo el gobierno de Sheinbaum, se entregaron contratos al corporativo por seis mil millones. La mitad de estos contratos se hicieron desde el DIF, dirigido por Esthela Damián.

El otro gran cliente fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX: de 2019 a 2024 las filiales de Kosmos obtuvieron contratos por más de dos mil millones para dar alimentos a policías capitalinos y surtir a los reclusorios. Estas filiales fingían competir entre sí para obtener los contratos. Otro negocio fue la instalación de casetas telefónicas en las cárceles y la instalación de circuitos cerrados de videovigilancia.

Cuando estalló el escándalo todos los funcionarios fueron removidos y llevados a prisión al lado de los empresarios involucrados. Pero Ovalle no fue tocado. AMLO lo protegió y le dio un cargo en Gobernación. “Fue un encubrimiento de altos vueltos”, sostienen Raziel y Zerega.

“Que coman los que nos dan de comer”, dijo AMLO al crear Segalmex. Pero esas personas no comieron. Lo que sí pasó, concluyen los autores, es que se enriquecieron los que les iban a dar de comer. Hoy, la mayor parte de estos están libres.

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