A unos días de que El Mayo Zambada aceptara ante una corte de Estados Unidos que dirigió una red de narcotráfico que a lo largo de 50 años, y hasta 2024, año en que fue traicionado y entregado al gobierno de Estados Unidos, compró policías, militares y políticos, estalla un segundo escándalo que involucra a los más altos niveles a una de las instituciones más confiables para los mexicanos, la Marina, vinculada al desembarco de millones de litros de combustible introducido al país de manera ilegal, mediante el pago de sobornos a las estructuras portuarias y aduanales de Tamaulipas.
Una ola de muertes violentas, aparentes suicidios y fallecimientos accidentales giran alrededor del hallazgo de la red de tráfico de huachicol manejada por los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
Solo uno de los involucrados en el escándalo, el exdirector de la Aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, entregó de manera voluntaria a la Fiscalía General de la República, según los datos que han trascendido, 29 millones 500 mil pesos en efectivo que tenía guardados en su casa en maletas y cajas de plástico y metálicas.
Era el dinero que este funcionario había recibido en solo nueve meses de manos del capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz.
El gobierno de Claudia Sheinbaum afirma que la primera denuncia ocurrió hace dos años, y que fue realizada por el propio exsecretario de Marina Rafael Ojeda en contra de sus sobrinos políticos, el vicealmirante Manuel Roberto Frías Laguna y el contralmirante Fernando Frías Laguna. Ninguno de esos mandos fue separado de su cargo mientras la FGR llevaba a cabo su supuesta investigación. De hecho, fue justamente hace dos años cuando Manuel Roberto Frías Laguna fue ascendido, y pasó de contralmirante a vicealmirante.
En todo ese tiempo, Los Primos, como eran conocidos los Frías Laguna, siguieron repartiendo cargos en el sistema portuario y participando, de la mano de los nuevos juniors de la política, de jugosos contratos de obra pública.
¿Cuánto tiempo llevaban andando los negocios sucios de la Marina? Reforma ha dado a conocer que el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano, con un sueldo de jubilado de 18,785 pesos, hizo pagos en casinos y en el Hipódromo de las Américas por más de 50 millones de pesos en efectivo, durante los últimos cinco años: más o menos el mismo tiempo en que, “para acabar con la corrupción”, López Obrador entregó a la Marina el sistema aduanal y portuario.
Hace más de un año que El Mayo Zambada confesó en una carta que el día que fue entregado al gobierno de Estados Unidos por uno de los hijos del Chapo Guzmán, iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con su enemigo político, el diputado Héctor Melesio Cuén.
En la misma carta El Mayo confesó que contaba con protección oficial, que su seguridad estaba a cargo de un comandante de la policía del estado que hasta la fecha sigue desaparecido.
La guerra que se desató en Sinaloa desde el 9 de septiembre del año pasado entre las huestes del Mayo y las milicias de Los Chapitos, ha cobrado más de dos mil muertos y más de dos mil desaparecidos.
El gobierno de Rocha Moya presentó un video falso sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén, que la misma Fiscalía de la República se encargó de desautorizar. Un año después, Rocha Moya sigue en el cargo, sin que lo toquen ni siquiera con el pétalo de una rosa. Mientras tanto, en el estado que desgobierna los homicidios se han disparado casi 300%, el robo de autos más de 50%. La gente vive entre asaltos, quema de casas y negocios, comercios perdidos y cerrados y pérdidas económicas por miles de millones de pesos.
Carlos Seoane ha escrito en estas páginas que El Mayo fue protegido y cobijado por el Estado mexicano: que su largo periodo de actividad fue producto de un entramado de protección que lo acompañó permanentemente hasta el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: “una red de complicidades que atraviesa toda la vida pública mexicana”.
Esa red de complicidades vuelve a aparecer en el escándalo de la Marina, cuando todavía siguen frescos otros casos de corrupción de altos vuelos, que alcanzan a gobernadores, secretarios, presidentes municipales, militares, policías y juniors: la nueva casta dorada de la clase política morenista: cuando todavía está vivo, por ejemplo, el caso de Hernán Bermúdez Requena, el secretario de seguridad de Adán Augusto López y líder de un grupo criminal que todavía hoy sigue operando en el sureste de México.
La corrupción, la podredumbre, la impunidad siguen siendo la realidad de México, que otra vez nos apedrea la cara.
@hdemauleon
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