En septiembre de 2023, en una “mañanera”, el general Luis Rodríguez Bucio, entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acusó a ocho jueces de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes de beneficiar de manera inexplicable a imputados por delitos previstos por la ley.

En la lista de Bucio apareció la juez de Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez.

El general señaló que en 23 resoluciones dictadas por ella, en 13 casos no hubo vinculación a proceso, en seis más se decretó la absolución, y solo en cuatro se declaró la detención de los acusados.

Según Bucio, la juez Álvarez había beneficiado de manera inexplicable, por ejemplo, a imputados por delitos previstos en la ley federal de armas de fuego y explosivos, a quienes redujo las penas de prisión preventiva ya aceptadas por ellos mismos.

Uno de los involucrados había aceptado una sentencia de siete años y seis meses; otro, de ocho años y siete meses. La juez, sin embargo, “les impuso 5 años y 4 años de prisión respectivamente” en “una resolución contraria a la ley” que “fue impugnada en el tribunal de alzada”.

Para entonces, la juez arrastraba un escándalo mayor: el de la desaparición forzada, en diciembre de 2018, de un pepenador de Aguascalientes, José Francisco Espinosa Huerta, atropellado y privado de la libertad por los tripulantes de una Nissan Titán.

Las investigaciones mostraron que Espinosa Huerta había participado en el robo a la casa del entonces gobernador Martín Orozco, en el que, entre otras cosas, desapareció un juego de plumas de oro. Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta a un grupo de agentes ministeriales que a la sazón eran escoltas de Orozco. Entre ellos figuraba Jaime Tejada, conocido como El Comandante Rojo. Todos ellos fueron acusados de la desaparición de Espinosa.

Tejada se suicidó en los baños del reclusorio, 20 minutos después de ser vinculado a proceso: pidió permiso para ir al baño y en menos de cuatro minutos se colgó con un cable extraído de las instalaciones eléctricas.

La Fiscalía General de la República presentó más de 80 elementos que probaban la responsabilidad de los agentes involucrados en la desaparición forzada, entre los que se incluyeron escuchas telefónicas. La juzgadora, sin embargo, fue desechando cada uno de ellos y al cabo fue acusada ante la Judicatura de sostener criterios parciales y una actitud sesgada que podría llevar a los procesados a su absolución.

Álvarez se excusó del caso alegando que había recibido amenazas de muerte y logró que la reubicaran como magistrada en Zacatecas. La Judicatura desechó las acusaciones en su contra bajo el argumento de que no se habían presentado elementos probatorios suficientes.

Al cabo, los inculpados fueron absueltos por insuficiencia probatoria. El caso de Espinosa Huerta sigue sin ser resuelto.

El 13 de enero de 2023, un hombre fue detenido en Aguascalientes, en un camino desolado y con nula iluminación. Conducía un vehículo en el que viajaban seis personas con situación migratoria irregular, procedentes de Guatemala y Honduras. Los agentes que lo detuvieron probaron que el sujeto había acordado un pago con los pasajeros una vez que llegaran a los Estados Unidos y lo acusaron de evadir un punto migratorio establecido en la carretera 45.

La juez Álvarez sostuvo que probablemente el hombre aquel se había desviado al camino solitario para cargar gasolina y no para evadir el punto migratorio y le decretó sentencia absolutoria en el delito de tráfico de migrantes en la variante de transporte de indocumentados.

Catorce días más tarde, Álvarez liberó a un hombre que transportaba a cinco personas de origen guatemalteco, a quienes cobraría una vez que llegaran a Aguascalientes y que había sido detenido en un punto de revisión militar. La juez alegó que el acusado solo estaba prestando un servicio de transporte público (aunque este no contaba con registro alguno que demostrara esa actividad), y que los militares no estaban facultados para realizar revisiones migratorias. El sujeto también fue liberado.

Ya en enero de 2023, a Álvarez no le había quedado clara la maniobra que otro individuo hizo para evadir un punto de control militar, y alegó que los migrantes que este individuo transportaba no venían escondidos, sino cómodamente sentados en un automóvil, y que sentenciar al responsable solo lograría que la gente se negara a prestar ayuda a personas con situación migratoria irregular.

En mayo de ese año liberó a una mujer detenida en posesión de metanfetaminas “con fines de comercio en la variante de venta”, porque en la orden de cateo el número del domicilio de esta tenía un error de dedo.

Un mes antes liberó a un hombre que viajaba en una moto sin placas, que intentó escapar de las autoridades, y que ocultaba en un bolsillo del pantalón un bulto que contenía metanfetaminas. Álvarez acusó que los agentes habían procedido “con el simple lenguaje corporal” del acusado y lo dejó libre.

Integrantes del Poder Judicial de Aguascalientes han documentado una larga lista de resoluciones sospechosas y cuestionables, dictadas por Álvarez Rodríguez. La juez nunca explicó la naturaleza de las amenazas que dijo haber recibido en 2023 y que la obligaron, no solo a excusarse del caso de El Pepenador, como se conoce al de José Francisco Espinosa Huerta, sino incluso a salir del estado.

Hoy, dos años después de ser denunciada en la “mañanera” por Bucio, está de vuelta en Aguascalientes pidiendo el voto bajo el lema “La ciudadanía necesita jueces que no se quiebren y no se vendan”, y compitiendo para Magistrada de Circuito.

¿El México que viene?

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