Una de las historias más siniestras del sexenio de Andrés Manuel López Obrador emergió hace seis meses, tras el decomiso de diez millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas. Las investigaciones mostraron que tres empresarios, seis marinos y cinco funcionarios de aduanas formaban parte de una red de tráfico de huachicol encabezada por dos sobrinos del secretario de Marina durante el sexenio de AMLO, el almirante Rafael Ojeda.
En al menos 31 buques cargados de combustible ilegal, cuyo desembarco entre abril de 2024 y marzo de 2025 se hizo en colusión con el exgerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional de México en Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, se hicieron pasar millones de litros de diésel como si fueran aditivos a fin de evadir el pago de impuestos y obtener ganancias millonariamente estratosféricas.
Martínez se halla vinculado con la empresa Instanza, que importó desde Estados Unidos los diez millones de litros de diésel decomisado (la empresa aseguró en varios juicios de amparo que habían sido 20 y no diez millones los litros asegurados).
A finales de 2022 el periodista Carlos Loret de Mola reveló que dos sobrinos del almirante Ojeda, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos contralmirantes, manejaban por debajo de la mesa el presupuesto de la Marina en obras como el corredor del Istmo de Tehuantepec, decidían promociones y ascensos, y repartían contratos por adjudicación directa, especialmente en Guaymas, Sonora, su municipio natal, en un estado al que acababa de llegar en calidad de gobernador el exsecretario de seguridad pública federal Alfonso Durazo.
En Guaymas eran conocidos desde hace mucho los negocios, a través de prestanombres, de los sobrinos del Almirante: obras de pavimentación, la remodelación de plazas y edificios públicos llamaron la atención de periodistas locales, quienes han vinculado a los hermanos con la red de tráfico de influencias del hijo del gobernador, Alfonso Durazo Chávez.
Loret señaló que López Obrador había palomeado los ascensos de varios colaboradores impulsados por los hermanos Frías Laguna. La historia empeora. El periódico Reforma ha dado a conocer que el contralmirante Rubén Guerrero Alcántara fue asesinado en noviembre pasado, luego de denunciar en una carta dirigida al almirante Rafael Ojeda que sus sobrinos estaban al frente de una mafia que manejaba puertos y aduanas, y controlaban las designaciones de sus titulares, para llevar a cabo el tráfico de huachicol, entre otras actividades delictivas.
La carta, que involucraba a los capitanes Climaco Aldape y Miguel Ángel Solano, fue encontrada en la oficina del contralmirante luego de su asesinato. Guerrero Alcántara se había presentado ante el nuevo secretario de Marina, Raymundo Morales, de acuerdo con una nota de Reforma, para abordar el tema de su denuncia. Tras esa reunión pidió vacaciones y entregó la ubicación de los lugares en los que llevaría a cabo su descanso.
Solo el personal de la Marina conocía la localización de esos sitios. Sicarios a bordo de una moto lo mataron en Manzanillo el 8 de noviembre pasado.
El 26 de julio de este año, fuerzas federales decomisaron casi dos millones de litros de huachicol en una colonia de Reynosa, Tamaulipas. Una semana después, el delegado de la Fiscalía General de la República en el estado, Ernesto Vásquez Reyna, fue asesinado en el Bulevar Hidalgo, por sicarios que se desplazaban a bordo de dos camionetas. Según la Fiscalía General de la República, una célula de Los Metros, vinculada con César Morfín Morfín, El Primito, así como con el Cártel Jalisco, estuvo a cargo de la ejecución.
Las piezas se acomodan extrañamente.
Todo coincide con una solicitud de amparo que, en contra de una posible detención, se promovió en agosto pasado a nombre de la actual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, y que ha dado a conocer el abogado Miguel Alfonso Meza. La titular del Poder Judicial en Tamaulipas es quien demandó a EL UNIVERSAL y a este columnista por haber difundido un documento de la Sedena que vincula a su cuñado con una red de tráfico de huachicol que opera desde hace años en las aduanas de Tamaulipas, y por haber señalado que ella era “la carta fuerte de Morena” para quedar a cargo del Tribunal.
Todo esto también coincide con la visita del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que propagandistas del régimen celebraron que “no había pasado nada”.
Fuentes de la presidencia indican que sí pasó, y mucho. En la lista de 45 señalados por el gobierno de Estados Unidos está la red de alto nivel involucrada con el tráfico de huachicol. Las telarañas de esa red recorren el país entero. Hoy, quien lo diría, están tocando justamente la puerta de la Secretaría de Marina en un sexenio marcado por los arreglos y la connivencia, desde el más alto nivel, con el crimen organizado.
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