El pasado 15 de mayo un notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, pegaba en la puerta de mi casa dos cédulas por medio de las cuales se me notificó de una “Resolución por la que se ordena la adopción de medidas cautelares”. El notificador me dijo que el INE había entregado, “por un convenio”, la dirección de mi domicilio.

Supe de inmediato de qué se trataba. En días anteriores me habían pasado una nota que señalaba que Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal y candidata a Magistrada del Supremo Tribunal Electoral, nos había demandado, a mí y a EL UNIVERSAL, por los delitos de calumnias y violencia política en razón de género.

En un primer momento (6 de mayo) el secretario ejecutivo del IETAM desechó la primera de las quejas, la de calumnias, al considerar que “los periodistas y los medios de comunicación se encuentran excluidos del universo de destinatarios de las normas que prohíben la calumnia electoral”.

La candidata impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral por haberse negado a tomar medidas cautelares contra EL UNIVERSAL y el autor de esta columna. En su escrito de queja solicitó un procedimiento especial sancionador en mi contra. En ese documento, mientras Contreras dice ser calumniada, se refiere a mí como un pseudoperiodista cuyo objetivo “es difamar a quienes no se alinean con sus credos políticos, intereses económicos y directrices de sus patrones”, y habla de mi “dañina intención” y mis “falsas publicaciones”.

Empezamos bien, pensé.

El 1 de mayo publiqué en este espacio la columna titulada “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”. Hice referencia a un documento hackeado a la Sedena por el colectivo Guacamaya en el que el entonces secretario de Defensa Luis Cresencio Sandoval alertaba al director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, sobre una red de tráfico de huachicol, corrupción, sobornos y extorsiones, comandada por el administrador de Operación Aduanera Juan Carlos Madero Larios.

Madero Larios está casado con la hermana de Tania Contreras, a quien me referí en la columna como la carta fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En su escrito de queja, la candidata no desmiente esta relación. Es decir, no desmiente que el secretario de la Defensa acusó a su cuñado de ser cabeza de una red de huachicol y de extorsión a agentes aduanales. Solo pregunta que en qué me baso para escribir que “es considerada la carta fuerte de Morena”, y luego alega que “este pseudoperiodista” ignora que los partidos políticos no están interviniendo en la elección del Poder Judicial en Tamaulipas. Me acusa, entre otras cosas, de intentar afectar su campaña y sus derechos político-electorales.

¿De verdad los partidos políticos, léase Morena, no están interviniendo en la elección? En todo caso, las implicaciones de la vinculación de Contreras con Madero Larios no las inventé yo. No solo constan en un reporte del Centro Nacional de Inteligencia, sino que aparecieron ya en el portal Código Magenta que dirige el periodista Ramón Alberto Garza, quien en días anteriores fue obligado a eliminar una serie de publicaciones que abordaban el tema del tráfico de huachicol en Tamaulipas, la corrupción en las aduanas y el peligro de que el Poder Judicial del estado fuera capturado por grupos del crimen organizado.

Sobre el buen nombre de la familia de la candidata, esta debería reclamarle al general Luis Cresencio Sandoval, quien el 18 de agosto de 2022 firmó el documento en el que solicita una investigación por delitos cometidos contra el sistema de aduanas.

Con inaudita celeridad, a solo unos días de la presentación de la queja, el Tribunal Electoral ordenó que se emitiera una serie de medidas cautelares en contra de EL UNIVERSAL y de este columnista:

Una, retirar de inmediato la publicación. Otra, abstenerse de emitir nuevas publicaciones o expresiones que vinculen a Contreras con personas o actos delincuenciales. La Resolución avisa que en caso de desacato se impondrán las medias de apremio contenidas en el artículo 59 de la Ley de Medios, entre las que se contemplan desde las sanciones económicas hasta el arresto.

El Tribunal Electoral de Tamaulipas está hoy integrado por cinco personas. Tres fueron designadas por el Senado de la República. Dos más, Selene López Sánchez y Ricardo Arturo Barrientos Treviño, ingresaron al Tribunal el 16 de enero de 2025 como secretarios de estudio y cuenta.

En solo ocho días, Selene López Sánchez fue designada como Magistrada en funciones. López Sánchez es prima hermana de la candidata Tania Contreras López. El otro magistrado, Ricardo Arturo Barrientos Treviño, fue subordinado directo del esposo de Contreras, actual subsecretario general de gobierno de Tamaulipas.

Los dos fueron ilegalmente habilitados como magistrados por el Pleno local y en menos de una semana escalaron meteóricamente hasta convertirse en magistrados.

Otros dos integrantes del Tribunal, Iván Arroyo Villarreal y Blanca Hernández Rojas, están completamente alineados y son identificados por integrantes del Poder Judicial como incondicionales de Tania Contreras.

Ese tribunal es el que hoy nos manda callar, en un ataque directo contra la libertad de expresión. Ese tribunal es el que lleva sus notificaciones, no al periódico donde se publicó la columna, sino hasta el domicilio del periodista que la escribió. Ese es el Poder Judicial que viene, el Poder Judicial que quieren. Un Poder Judicial a modo y al servicio de los verdaderos poderes que hay en México.

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