En los sistemas penitenciarios —al menos de nuestra región— damos por ciertas e inamovibles algunas prácticas que comprometen la reinserción. Custodios y administrativos parten de la base de que tienen que trabajar con lo que hay: sobrepoblación, bajo presupuesto, infraestructura poco digna, consumo y venta de drogas, corrupción, así como privilegios para ciertos privados de la libertad (PPL), llegando al extremo en el que el control que ejercen algunos internos mantenga las cárceles en una aparente estabilidad.
Según el Inegi, en 2023 los centros penitenciarios en México operaron con más de 43 mil millones de pesos, de los cuales el 62.5% fue destinado a los centros estatales, destacando el Edomex como el principal receptor de recursos con casi 29%. La mala distribución permite que el ingreso del personal en estos centros oscile entre 10 mil y 15 mil pesos, mientras se otorgan jugosos contratos a algunas empresas que realizan prácticas monopólicas, adjudicación directa recurrente de contratos millonarios y sobreprecios flagrantes.
Conozco a muchos funcionarios de diferentes estados que han dedicado su vida al sistema penitenciario, y que constantemente están buscando cómo realizar mejoras en su campo con lo que pueden. Hay casos notables como Quintana Roo, Nuevo León, Morelos o Guanajuato, donde, gracias a la voluntad política de sus autoridades al más alto nivel y al trabajo arduo y comprometido de sus directores, han avanzado de manera paulatina y sostenida.
No obstante, el caso más paradigmático es Querétaro, pues derriba la verdad asumida de que la precariedad sistémica es irrenunciable, y que por lo tanto el éxito del sistema dependerá únicamente del esfuerzo titánico de quienes trabajan ahí. En ese estado, se han destinado recursos para ofrecer salarios competitivos, una academia de formación sólida y una jubilación del 100% tras 25 años de servicio. El personal y sus familias reciben beneficios adicionales, existe un servicio profesional de carrera y oportunidades reales de crecimiento institucional —prueba de ello es que dos de los actuales directores de penales comenzaron como custodios hace más de 20 años—. Además, los centros cuentan con videovigilancia externa, lo que limita prácticas indebidas. El modelo se inscribe en el sistema COSMOS, que integra los distintos ejes de la seguridad y la justicia, y que en la última década ha sido desarrollado de manera sostenida en la entidad. Han logrado un equilibrio entre orden, disciplina y respeto a los derechos humanos, lo que les ha valido, por séptima vez, la calificación más alta otorgada por la CNDH en su diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria: 9.1.
Tuve la oportunidad de visitar la cárcel de Querétaro hace unos días acompañada por el Comisionado Gustavo López y, desde la entrada, se percibe un ambiente distinto al de otras prisiones. La inversión en tecnología es evidente: instalaciones dignas, un centro médico con telemedicina y fisioterapia, canchas deportivas de primer nivel, aplicación de protocolos y personal capacitado. Escuché el testimonio de Juan, quien fue adicto al cristal durante 12 años y dejó de consumir hace más de un año que ingresó al penal, en parte gracias a la ausencia de drogas, al tratamiento médico y psicológico, y a las actividades que lo mantienen ocupado.
La queretarización de las cárceles en México requiere voluntad política al más alto nivel y un cambio de paradigma: acabar con la disponibilidad de drogas dentro de los penales, terminar con las extorsiones que se operan desde dentro, garantizar atención médica adecuada, ofrecer espacios recreativos, programas de capacitación laboral y empleabilidad así como dar seguimiento pospenitenciario. Ninguno de estos elementos se logrará mientras se siga aceptando como inamovible la precariedad actual. Invertir en el sistema penitenciario y, en paralelo, fortalecer la prevención primaria, secundaria y terciaria, es apostar por menos internos.
El justo equilibrio entre control, disciplina y derechos humanos es posible si existe voluntad política e involucramiento directo de l@s gobernador@s, se invierten los recursos necesarios, y se dignifica y profesionaliza al personal. Las cárceles no deben ser la evidencia perpetua del fracaso social, sino la oportunidad de un reinicio esperanzador.
@EuniceRendon
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