Donald Trump ha emprendido una batalla contra sus propios ciudadanos y residentes en el marco de la implementación de redadas masivas e indiscriminadas contra la población migrante. Durante su discurso en Fort Bragg, afirmó que Los Ángeles estaba siendo “invadida por un enemigo extranjero”, lo que utilizó para justificar el despliegue de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad.

La administración federal ha adoptado una estrategia de confrontación directa con los estados que se oponen a sus políticas migratorias, en especial con California. El gobernador Newsom calificó el despliegue como “dictatorial” y “un asalto a la democracia”, e inició acciones legales para frenarlo. Los otros 22 gobernadores demócratas lo respaldaron con una declaración conjunta en la que consideran lo sucedido como “un alarmante abuso de poder”.

Las redadas, intensificadas a partir del fin de semana pasado, han sido denunciadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) encapuchados que irrumpen armados, sin órdenes judiciales ni vehículos identificados, en restaurantes, escuelas, hospitales, iglesias, centros de trabajo y juzgados, replicando tácticas de guerra contra población civil.

Estas acciones trascienden el control migratorio, para imponer una narrativa de odio que ha convertido al migrante en enemigo público. Ante la insatisfacción con las cifras actuales de deportación, figuras como Stephen Miller y Tom Homan han ordenado intensificar redadas con cuotas de hasta 3 mil arrestos diarios. El resultado son detenciones sin criterio, incluso de personas sin antecedentes, y escenas aterradoras que hemos visto circular en redes y medios en los últimos días.

La respuesta de la comunidad ha sido contundente: miles han salido a las calles no solo en Los Ángeles, sino también en 38 ciudades más en 24 estados. Las protestas, en su mayoría pacíficas, evidencian un rechazo creciente a una política que siembra el miedo como herramienta de control. La solidaridad con las personas migrantes se ha convertido en una defensa activa de los valores democráticos.

La persecución de migrantes indocumentados en Estados Unidos ha dejado de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en el catalizador de una batalla ideológica. De un lado, sectores de la ciudadanía y gobiernos locales de ciudades santuario se oponen a operativos que vulneran derechos fundamentales; del otro, el gobierno de Trump está imponiendo una política que criminaliza la migración y polariza a la sociedad, forzando a las agencias federales a ejecutarla, incluso en contra de sus propios criterios. 48% del personal del Departamento de Seguridad Nacional es de origen no blanco y un 22% se identifica como hispano o latino.

Trump está aplicando en Los Ángeles una estrategia que EU ha utilizado en otras partes del mundo: la fuerza militar bajo la excusa de preservar la seguridad. La migración se convierte en el pretexto para una ofensiva interna cargada de ideología y temor, mientras una democracia debilitada enfrenta una de sus pruebas más duras desde la posguerra.

California se ha erigido como un bastión de resistencia. Con una población diversa y una fuerte identidad inmigrante, el estado ha desafiado abiertamente las políticas migratorias federales. Lo que está en juego es el equilibrio de poderes y la vigencia de los derechos constitucionales. ¿Hasta qué punto puede el gobierno federal imponer su voluntad sin vulnerar los principios democráticos? La respuesta se está escribiendo en las calles, no solo de Los Ángeles, sino en todo el país, donde la defensa de los migrantes se ha convertido también en la defensa de la democracia estadounidense. Incluso el propio Trump parece haber comenzado a medir el costo político de sus acciones: el día de ayer reconoció que sus medidas están afectando a sectores estratégicos como la agricultura y anunció posibles ajustes en su política migratoria.

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