El gobierno de México presentó una estrategia nacional contra la extorsión. Se trata de una propuesta urgente, pues este delito se ha incrementado más de un 70%, pasando de 6 mil casos denunciados en 2015 a más de 10 mil en 2024. Peor aún, el 96.7% de los casos no son denunciados; de acuerdo con la ENVIPE del INEGI en 2023, hubo 4.9 millones de delitos de extorsión.
La estrategia se centra en 8 estados que concentran el 66% de los casos de extorsión en el país: CDMX, EdoMex, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Veracruz. Se proponen 5 líneas de acción: labores de inteligencia, Unidades Antiextorsión, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a los operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, y desplegar una campaña nacional de prevención. Además, se prevé: el bloqueo de líneas telefónicas, la incautación de celulares en cárceles y la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el congelamiento de cuentas bancarias, esto último fundamental, ya que actualmente los extorsionadores brindan números de cuentas y nombres para que se les deposite el dinero sin temor a ser perseguidos.
Uno de los principales obstáculos para combatir la extorsión es la desconfianza y falta de capacidad de las autoridades. Mientras no haya un mínimo de certeza de que denunciar tendrá consecuencias reales y que las personas estarán protegidas por el Estado, difícilmente alguien se atreverá a señalar a un criminal que identifica, frente a una autoridad ausente o, peor aún, coludida. En muchas regiones apartadas, el crimen se ha consolidado como el verdadero poder local: es quien manda, cobra y castiga. Ahí, la relación con los grupos delictivos forma parte de la cotidianeidad, y denunciarlos no solo parece inútil, sino suicida.
No solo grandes empresarios y comerciantes sufren este delito; lo padecen pequeños productores, vendedores, aguacateros, agaveros, pescadores, o incluso migrantes y profesionistas. Ya sea pagando derecho de piso, de paso o vendiendo sus productos por debajo del precio justo, la extorsión afecta sus ingresos y su sustento.
La presidenta Sheinbaum propuso una reforma constitucional para expedir una ley general contra la extorsión, homologando el tipo penal en todo el país y permitiendo su persecución de oficio, sin depender de la denuncia de las víctimas. Es un primer paso importante, sin embargo, su efectividad dependerá del fortalecimiento del sistema de justicia y de la confianza de la ciudadanía.
La extorsión es un delito contra el patrimonio de las personas, pero tiene el potencial de materializarse en desplazamientos o crímenes más graves como el homicidio o la desaparición. Existen dos formas principales de extorsión: una anónima y a distancia, a través de llamadas, mensajes o correos; otra habitualmente ejercida por el crimen organizado, como el cobro de piso, que obliga a pagos regulares bajo una amenaza constante. Es un delito muy rentable y con poco riesgo para quien lo comete. No suele requerir armas ni demasiada logística; se sostiene en la presión psicológica y el miedo.
El crecimiento y diversidad en la que este delito se da en nuestro país no es casual: ocurre en un contexto donde la amenaza se percibe como real, y las represalias son creíbles para la víctima. El crimen ha construido, a lo largo de los años, un capital de miedo que ha sabido usar para controlar territorios, minando la economía local, distorsionando la competencia y definiendo quién puede operar y bajo qué condiciones.
El inicio de esta estrategia es positivo, pues era inaplazable responder a la demanda de diversas comunidades y sectores empresariales. Sin embargo, deberá implementarse en todos los estados, llegando a los territorios rurales y zonas alejadas, realizando trajes a la medida, fomentando la participación activa de la sociedad civil y luchando contra la corrupción.
@EuniceRendon