La administración de Trump está implementando un nuevo tipo de diplomacia basada en la revocación o denegación de visas como forma de coerción selectiva para castigar a países extranjeros que mantienen enfoques disidentes respecto de la regulación de plataformas, o a estudiantes con ideologías contrarias a las de la actual administración. Si bien permitir la entrada a un país mediante la emisión de visas es una prerrogativa del Estado y no una obligación, preocupa la cancelación de documentos como forma de control de la gobernanza digital y la defensa de valores nacionales en el plano internacional.
El secretario de estado, Marco Rubio, anunció la revocación de visas a funcionarios extranjeros (e incluso a sus familias) que, a juicio del Departamento de Estado, censuren a sus empresas o ciudadanos, por considerarlo una violación a la soberanía estadounidense en el ámbito digital. La medida está relacionada con la decisión del juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, quien ordenó el bloqueo de varias cuentas en la red social X (antes Twitter) por la difusión de desinformación y mensajes de odio.
La decisión también apela al Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que ha exigido a plataformas tecnológicas eliminar contenido ilegal, combatir la desinformación, reforzar la transparencia algorítmica y proteger a menores en línea. Aunque el DSA tiene como objetivo regular los entornos digitales dentro del espacio europeo, funcionarios estadounidenses han denunciado que estas regulaciones imponen obligaciones extraterritoriales inaceptables a empresas tecnológicas con sede en EU. Ejecutivos de Meta —incluido Mark Zuckerberg— han solicitado apoyo directo de Washington para evitar sanciones de la Comisión Europea, apelando a posibles represalias comerciales como la imposición de aranceles.
Ya en febrero pasado, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, había pronunciado un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en el que acusó a Europa de atentar contra la libertad de expresión. Citó casos como la anulación de las elecciones presidenciales en Rumania debido a presunta injerencia rusa, la condena en Suecia de un activista cristiano por participar en la quema del Corán, y la detención en el Reino Unido de un hombre por rezar frente a una clínica de abortos, y a advertencias de la Comisión Europea sobre la censura de contenidos considerados "de odio" en redes sociales. Calificó al uso de términos como "desinformación” como una práctica de la era soviética para silenciar voces disidentes.
Esa defensa irrestricta de la libertad de expresión que la administración Trump invoca para proteger a ciudadanos y empresas estadounidenses, no se extiende al resto del mundo. El gobierno ha revocado visas a cientos de estudiantes e investigadores internacionales en universidades por participar en protestas a favor de Palestina. Uno de los casos más emblemáticos es el de la doctora turca Rümeysa Öztürk, arrestada y posteriormente liberada en Massachusetts tras coeditar un artículo crítico contra las políticas de Israel. En la misma tesitura, el Marco Rubio anunció que cancelarán visas a estudiantes chinos que cursan estudios en áreas consideradas críticas o que supuestamente tengan vínculos con el Partido Comunista Chino. Mientras tanto, esta semana suspendieron citas consulares para todas las visas estudiantiles, en tanto se establecen directrices para revisar las redes sociales de los solicitantes.
Esto abre la puerta a una política de exclusión basada en ideología, activismo o simplemente por disentir del discurso oficial, lo que profundiza la fragmentación del sistema internacional, marcado por bloques que priorizan sus propios intereses y valores. Estados Unidos tiene derecho a defender la libertad de expresión, pero debe evitar acciones arbitrarias que contradigan los principios que dice promover.
Eunice Rendón
@EuniceRendon
