Recientemente se publicó una reforma a la Constitución Política de Hidalgo en materia del Tribunal de Justicia Administrativa. Puede parecer un ajuste técnico dentro del sistema institucional, pero en realidad representa un avance importante para fortalecer el Estado de Derecho y la protección de los ciudadanos frente a las decisiones de la autoridad.
El Tribunal de Justicia Administrativa es la instancia que resuelve los conflictos entre los particulares y la administración pública. Cuando un ciudadano considera que una autoridad estatal o municipal actuó fuera de la ley en un permiso, una sanción, una obra pública o el uso de recursos, este tribunal es el encargado de revisar esa actuación.
Tiene una función clave dentro del sistema anticorrupción: sancionar faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos y también por particulares que participen en irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.
La reforma constitucional introduce tres cambios relevantes. Primero, crea un capítulo específico en la Constitución para el Tribunal de Justicia Administrativa. Este reconocimiento le otorga identidad propia dentro del orden constitucional y fortalece su autonomía para emitir resoluciones sin depender de otros poderes.
Segundo, define con mayor claridad sus atribuciones: resolver conflictos entre autoridades y ciudadanos, sancionar faltas administrativas graves, sancionar a particulares involucrados en actos irregulares y determinar indemnizaciones cuando se afecte la Hacienda Pública.
Tercero, elimina ambigüedades sobre su naturaleza jurídica y refuerza su independencia institucional. Es importante subrayarlo: no se trata de crear una nueva institución. El Tribunal ya existe y ejerce estas funciones; la reforma simplemente lo fortalece y le da mayor claridad constitucional.
En cualquier democracia moderna, la administración pública ejerce un enorme poder todos los días: autoriza permisos, impone sanciones, adjudica contratos y administra recursos públicos. Por ello, es indispensable que exista una instancia independiente capaz de revisar la legalidad de esas decisiones.
Ese es precisamente el papel del Tribunal de Justicia Administrativa. También es una pieza clave en el combate a la corrupción: detectar irregularidades no basta; es necesario que existan instituciones capaces de sancionar, reparar el daño al patrimonio público y garantizar que el abuso del poder tenga consecuencias.
Fortalecer la autonomía de este tribunal no es un asunto administrativo ni burocrático; es una garantía para los ciudadanos.
Porque cuando un tribunal es verdaderamente independiente, la ley deja de ser un discurso y se convierte en un límite real para el poder.
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