La fiscalización en México no logra recuperar la confianza ciudadana del combate a la corrupción porque mucho se audita y mucho se observa pero poco o nada se sanciona.

Actualmente, en todos los estados del país se trabaja con esfuerzos valiosos pero dispersos, sin la armonía y coordinación que exige el momento, cada entidad avanza con sus propios retos, resultados y reformas, muchas veces de forma aislada, se modifican constituciones locales, leyes de transparencia, protección de datos personales, protección de denunciantes, leyes orgánicas, decretos de creación de organismos como Transparencia para el Pueblo, reglamentos internos como los de las secretarías anticorrupción y hasta códigos de ética estatales; todo refleja un impulso transformador, pero también la necesidad urgente de generar sinergias bajo un esquema nacional de integración, … o sea, pues que vayamos de la mano, esa es la clave.

Este fenómeno se presenta en todo el país, y nos brinda una valiosa oportunidad, en materia de transparencia y fiscalización, estamos a tiempo de construir una verdadera armonía normativa con la Federación; la ciudadanía exige un combate real y efectivo a la corrupción, y cada vez somos más los que trabajamos para lograrlo, aunque parezca que nuestros esfuerzos están dispersos, hay talento, la voluntad y las herramientas para transformarlos en acciones coordinadas y con impacto.

México es uno solo, y lo que sucede en un Estado repercute en todos, es momento de ver los indicadores de la OCDE como una llamada de atención, no para desmoralizarnos, para impulsarnos a actuar con mayor compromiso y decisión, alcanzar una fiscalización sólida y unificada es posible si trabajamos juntos, como dicen en mi barrio “atrás ni para agarrar vuelo”.

El mensaje es claro, todos los integrantes del Sistema Nacional y de los sistemas estatales de fiscalización debemos adoptar las mejores prácticas, fortalecer y armonizar todo nuestro marco normativo como un solo equipo, dejar los egos, las fobias institucionales y la resistencia basada en falsas autonomías, la tecnología, nos permite estar conectados y presentes en cualquier punto del país en tiempo real, debe ser nuestro principal aliado y acelerador.

Los resultados de fiscalización que publican la Auditoría Superior de la Federación, los Sistemas Anticorrupción y Buen Gobierno, los órganos internos de control, son importantes y reflejan esfuerzo, es real que todos los entes fiscalizadores hacen su trabajo, pero ¿por qué esos resultados no llegan con contundencia a los tribunales y fiscalías? La razón no está en los servidores públicos, es la falta de una armonización legislativa que permita traducir hallazgos en sanciones y consecuencias reales.

El sistema de fiscalización en México está colapsado, el Sistema Estatal Anticorrupción falló en ofrecer resultados concretos en la prevención, detección y sanción de la corrupción, su Consejo de Participación Ciudadana es visto más como una carga presupuestal que, como una solución, con sueldos de directores generales comparables a los de un rector de universidad.

Los institutos locales de transparencia, por su parte, se cansaron muy rápido de su labor de transparentar la función pública, ambas instituciones están en plena transformación; las contralorías son acusadas injustamente, en la mayoría de los casos, de ser simples comparsas y las Auditorías Superiores Estatales, corren el riesgo de convertirse en simples delegaciones de la Auditoría Federal por su falta de resultados y, aunque suene repetitivo, no es culpa de los servidores públicos, sino de un marco normativo que impide ser contundentes al denunciar y sancionar actos de corrupción.

Hoy enfrentamos nuevos desafíos en el combate a la corrupción contra personas y empresas con gran capacidad económica y respaldo jurídico especializado, nos exige fortalecer aún más nuestro sistema institucional, la autonomía de los estados en México es un pilar valioso, que se refleja en sus capacidades legislativas, administrativas, judiciales y educativas, lejos de ser una barrera, esa autonomía debe convertirse en una fortaleza que impulse la coordinación con la Federación y entre estados, especialmente en temas estratégicos como la fiscalización; más que autonomía, necesitamos armonía.

La fiscalización pública no solo verifica y transparenta el uso de recursos, también previene y detecta actos de corrupción, uno de los grandes pendientes en el país, debemos realizar una simplificación profunda de las normas, para que las fiscalizaciones sirvan de base para procedimientos de responsabilidades contundentes (Identificación, Prevención, Responsabilidad, Aplicación de sanciones) y permitan denunciar y castigar con eficacia a quienes se desvían de la legalidad.

Los encuentros nacionales de fiscalización y anticorrupción son una gran oportunidad para lograr esa coordinación, pero necesitamos ir más allá, debemos integrar a los gremios profesionales de abogados y contadores, como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), aprovechar al máximo la experiencia, la tecnología y crear un verdadero frente común.

Vale la pena reconocer públicamente a los estados que dan los primeros pasos hacia la coordinación y armonización plena, visibilizar esos avances es estratégico, inspira, motiva y marca el rumbo para los demás, al final, alguien tiene que comenzar… y qué mejor que reconocer a quienes ya le echan ganas y lo hacen bien.

La lucha contra la corrupción no es discurso, debe ser una acción efectiva, medible, contundente y para eso necesitamos un sistema fuerte, coordinado, sin fisuras, así lograremos devolver la confianza a la ciudadanía y construir un país más justo y transparente. ¡Sí se puede… pero no se puede solos!

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