La reforma fiscal 2026 trae un mensaje claro, directo y sin rodeos para proveedores, prestadores de servicios y constructoras que hacen negocios con el gobierno: la simulación se acabó. Durante años, una parte del sector privado que vive del presupuesto público creyó que facturarle al Estado era un territorio sin ley, una zona gris donde todo se podía justificar con papeles, sellos y transferencias cruzadas. Ese tiempo está llegando a su fin.

Quienes contratan con el gobierno estarán, más que nunca, bajo la lupa del Servicio de Administración Tributaria, por una razón: el dinero público exige un estándar más alto de legalidad, transparencia y materialidad, no bastará con presentar una factura; habrá que demostrar que el servicio lo prestó quien lo facturó, que la obra se ejecutó y que el personal, la maquinaria y los insumos realmente existieron.

En 2026, el tema de los sellos fiscales será un parteaguas, muchas empresas descubrirán que facturar sin sustento tiene consecuencias, la cancelación de sellos no será una amenaza retórica, es una realidad para quienes no puedan comprobar la materialidad de sus operaciones. Sin sellos no hay facturación; sin facturación no hay negocio; y sin negocio no hay contratos públicos, así de simple.

Especial atención merecen las empresas que utilizan a terceros para facturar servicios que nunca realizaron, esa práctica tiene nombre y apellido: simulación de operaciones, y sus protagonistas son los conocidos EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), es un fraude que drena recursos públicos y distorsiona la competencia, la reforma fiscal 2026 endurece el cerco contra estos esquemas, y quien apueste por ellos lo hará bajo su propio riesgo.

El radar de la autoridad fiscal se amplía a los movimientos bancarios, transferencias que llegan a cuentas de empresas que no ejecutaron la obra, no prestaron el servicio o no cuentan con capacidad operativa serán señales de alerta inmediatas. Lo mismo ocurrirá con el uso intensivo de efectivo, los pagos triangulados y las facturas apócrifas que solo sirven para “cuadrar” números. Hoy, el dinero deja rastro; y ese rastro se cruza, se analiza y se investiga.

Este nuevo escenario incomoda a quienes se acostumbraron a vivir de la simulación, pero beneficia a las empresas serias, a aquellas que sí tienen trabajadores, que sí pagan impuestos, que sí cumplen contratos y que compiten de manera leal. La reforma fiscal 2026 no es castigo al sector productivo; es una depuración necesaria del mercado que contrata con el Estado.

El mensaje es contundente, quien quiera hacer negocios con el gobierno deberá estar limpio fiscalmente, operar de verdad y demostrarlo, el presupuesto público ya no es refugio de empresas de papel ni de intermediarios que solo mueven facturas y dinero.

En 2026, el que simula pierde; el que cumple, permanece, y esa, aunque a algunos les duela, es una buena noticia para el país.