La igualdad no es una consigna ideológica ni una guerra entre bandos; es algo más simple y más profundo: el trato igualitario para todas las personas. Busca derechos y garantías en México. Este principio está anclado en la Constitución y en sus compromisos internacionales.

El artículo 1º constitucional prohíbe toda discriminación; el artículo 4º consagra la igualdad entre mujeres y hombres, así como las reglas de paridad. Hoy, en México gobierna una mujer; en la Cámara hay 251 diputadas de 500 curules; en el Senado, 54 de 128 escaños. Son avances concretos y medibles; sin embargo, la brecha persiste: solo 13 de las 32 gubernaturas son encabezadas por mujeres, por lo que, sin emociones encontradas, vienen más gobernadoras.

Pero la igualdad no se agota en las cifras; también se construye en la cultura, en las prácticas cotidianas y, de manera decisiva, en el lenguaje que nombra, reconoce y legitima, porque lo que no se nombra se vuelve invisible, y lo invisible termina normalizándose como desigualdad.

Hay frases que condensan con precisión esta aspiración colectiva: “Donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga qué hacemos mal”. No hablan de ausencia de reglas ni de caos social; hablan de dignidad, de una sociedad donde la diferencia no se castiga y donde existir no implica pedir permiso. Justamente ahí se inserta el debate sobre el lenguaje incluyente y no sexista.

Hay que decirlo sin rodeos: no es una imposición ni una revancha contra los hombres; no borra identidades ni fractura a la sociedad. Su sentido es democrático y humano: reconoce que no todas las personas fueron nombradas, visibles o reconocidas de la misma manera, y que corregir no es exageración, es justicia.

También hay una idea que resume con claridad emocional y política esta visión de igualdad: “No soy de aquí, ni soy de allá… y ser feliz es mi color de identidad”. En una democracia madura, nadie debería ser obligado a encajar en un molde para ser reconocido. La igualdad no exige uniformidad, exige respeto; el derecho a ser, a nombrarse y a vivir sin etiquetas impuestas es parte esencial de una sociedad libre.

Este cambio cultural alcanza también al mundo de las profesiones. Desde la Edad Media, los títulos se expresaron únicamente en masculino, como si el talento tuviera género. Revisar ese lenguaje no despoja de mérito, actualiza nuestras instituciones. Hablar de profesional contable en lugar de “contador público”, de profesional legal en lugar de “licenciado en derecho”, o de persona especialista en ingeniería en lugar de “ingeniero”, no reduce la exigencia académica; afirma una verdad elemental: la capacidad profesional depende del conocimiento, la ética y el trabajo, no del sexo.

La Secretaría de Educación fijó el año 2026 como plazo para que los colegios de profesionistas —más de 400 gremios inscritos ante la Dirección General de Profesiones— actualicen sus estatutos orgánicos mediante convenios formales, incorporando criterios de igualdad, no discriminación y lenguaje incluyente. Es una política pública orientada a modernizar la vida profesional y alinearla con los valores constitucionales.

Este proceso coloca a México en una formación de profesionistas de clase mundial. Las sociedades más competitivas son las que entienden que la inclusión no debilita a las instituciones: las fortalece. Donde hay reconocimiento, hay confianza, igualdad y legitimidad.

Cambiar el lenguaje es una forma de decir que nadie vale más ni menos que otra persona, que todas y todos cabemos en la vida pública, en el ejercicio profesional y en la sociedad: donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga qué hacemos mal.

La igualdad no confronta: une. No resta: suma. Muchas veces comienza con algo tan simple y tan poderoso como la forma en que nos nombramos, porque cuando el lenguaje deja de juzgar y empieza a reconocer, la democracia se vuelve más cercana y la convivencia, verdaderamente justa.

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