Durante muchos años en México la austeridad fue puro discurso.
Gobiernos que hablaban de apretarse el cinturón mientras seguían creciendo las nóminas, las camionetas de lujo, los asesores innecesarios, los viajes, los viáticos y las estructuras políticas hechas más para repartir cuotas que para servirle al pueblo.
Por eso, el llamado “Plan B”, impulsado desde la visión nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum y aterrizado en Hidalgo por el gobernador Julio Menchaca, no debe verse solamente como una reforma administrativa. En realidad, es un mensaje político muy fuerte: el dinero público ya no puede seguir siendo zona de privilegios.
Y eso cambia muchas cosas, porque cuando el gobierno decide gastar menos en burocracia, automáticamente obliga a que cada peso tenga que justificarse mejor. Ahí es donde empieza la verdadera incomodidad para muchos.
Reducir estructuras, compactar áreas, limitar gastos y revisar excesos no solamente toca presupuestos; toca intereses, costumbres y viejas formas de hacer política.
Durante años hubo quienes se acostumbraron a vivir del presupuesto sin producir resultados: oficinas llenas de gente sin función clara, vehículos oficiales usados como patrimonio personal, compras infladas, contratos disfrazados, plazas heredadas y una larga cadena de pequeños abusos que terminaron normalizándose.
Ese es el verdadero problema que intenta romper el Plan B, pero aquí viene algo todavía más importante: la austeridad sola no alcanza.
Porque un gobierno puede reducir gasto y, aun así, permitir corrupción. Puede despedir personal y, al mismo tiempo, dejar abiertas las puertas para que el dinero siga fugándose por otros lados.
Esta nueva etapa obliga a fortalecer la vigilancia y ahí la Contraloría deja de ser solamente la oficina que revisa papeles para convertirse en una especie de sistema nervioso del gobierno honesto.
Hoy la fiscalización ya no puede esperar años para reaccionar; la corrupción moderna se mueve rápido, se esconde en transferencias, contratos, simulaciones administrativas y acuerdos bajo la mesa. Por eso también el control debe modernizarse, digitalizarse y acercarse a la gente.
Porque el verdadero cambio ocurre cuando el pueblo empieza a vigilar directamente el dinero público.
Ahí entran los Comités de Contraloría Social, quizá uno de los instrumentos más poderosos que hoy tiene Hidalgo. Vecinos que supervisan obras, ciudadanos que revisan apoyos, comunidades enteras que verifican que lo contratado coincida con lo ejecutado.
Eso cambia la lógica del poder; antes, mucha gente pensaba que denunciar no servía de nada, que el gobierno se protegía solo, que todo quedaba entre funcionarios.
Hoy el reto es exactamente el contrario: abrir canales, facilitar denuncias, proteger ciudadanos y actuar rápido.
Porque la corrupción no solamente vive en los grandes escándalos que salen en televisión. Muchas veces vive en lo cotidiano. En el funcionario que usa recursos públicos para asuntos personales. En la obra mal hecha. En el proveedor favorito. En el gasto inflado. En la plaza innecesaria. En el amigo acomodado.
Y justamente ahí es donde el barrio empieza a convertirse en auditor.
El verdadero fondo del Plan B no es solamente ahorrar dinero, es romper la vieja cultura de que el gobierno era una zona intocable.
La nueva austeridad necesita vigilancia ciudadana, tecnología, auditorías en tiempo real y servidores públicos conscientes de que cada peso pertenece al pueblo.
Porque cuando el dinero público deja de esconderse detrás de escritorios y comienza a ser observado por la gente, el poder cambia de comportamiento.
Y entonces sí sucede algo que durante años parecía imposible: el gobierno empieza a sentir que el pueblo lo está viendo.
Porque cuando el barrio participa, denuncia y vigila… el barrio también respalda.
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