Hay algo que conviene dejar claro desde el principio: la transparencia no pertenece a las instituciones, pertenece a la ciudadanía, los gobiernos administran recursos públicos, toman decisiones públicas y ejercen poder público, por eso, la sociedad tiene derecho a saber cómo se toman esas decisiones y cómo se utilizan los recursos.
Ese principio no cambia, durante años México construyó un sistema de transparencia con organismos especializados, fue un avance importante para abrir información que antes permanecía cerrada; sin embargo, con el paso del tiempo también aparecieron problemas que la propia ciudadanía señalaba: estructuras cada vez más costosas, duplicidad de funciones y procesos burocráticos que muchas veces alejaban la información de las personas.
Hoy el país vive una reorganización institucional que busca corregir ese rumbo, la transparencia no desaparece, evoluciona hacia un modelo con menos estructuras administrativas y mayor uso de tecnología para facilitar el acceso a la información pública.
Porque el mundo cambió y la información ya no vive en archivos interminables ni en oficinas llenas de expedientes, hoy está en bases de datos, plataformas digitales y sistemas informáticos que permiten consultar información en segundos; ese es el camino de la transparencia moderna: información abierta, accesible y comprensible para cualquier ciudadano.
En Hidalgo este proceso ya está en marcha, más de un centenar de instituciones, poderes públicos, ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos y otras entidades que administran recursos públicos tienen la obligación de transparentar su información, ese deber permanece y el derecho de la ciudadanía a saber también.
Lo que cambia es la forma de organizar el sistema para hacerlo más eficiente, evitar duplicidades y aprovechar mejor las herramientas tecnológicas, el nuevo modelo contempla la instancia Transparencia para el Pueblo de Hidalgo, que operará desde la Secretaría de Contraloría y concentrará responsabilidades que antes estaban dispersas en distintas estructuras.
Paralelamente, el Congreso del Estado deberá actualizar las leyes que regulan el acceso a la información y la protección de datos personales para dar certeza al nuevo sistema.
Las instituciones cambian, es parte natural de la evolución democrática, lo que no debe cambiar es el compromiso con la verdad.
Un pensador escribió alguna vez que la verdad siempre encuentra el camino para hacerse visible. Hoy ese camino pasa por los datos abiertos, la tecnología y una ciudadanía cada vez más informada.
Porque cuando la sociedad pregunta, observa y exige cuentas, el poder se vuelve más responsable y al final, de eso se trata la transparencia, de recordar que lo público es de todos y que nadie puede apropiarse de lo que pertenece a la sociedad.
En esa convicción, Hidalgo ya está en marcha.
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